Camilo dos Santos

Lo que debe probar el fiscal para imputar a Manini Ríos y el paso a paso del caso

Rodrigo Morosoli debe demostrar que el candidato de Cabildo Abierto tuvo intención de evitar que se conociera la confesión de José Nino Gavazzo

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25 de septiembre de 2019 a las 17:13

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El fiscal Rodrigo Morosoli pretende imputar al excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por no informar a la autoridades o evitar denunciar a la Justicia la confesión de José Nino Gavazzo. Sin embargo, la posibilidad de hacerlo es discutible para algunos penalistas porque en el dictamen publicado este martes no se fundamenta por qué el actual candidato de Cabildo Abierto habría tenido intención de evitar que la Justicia ordinaria interviniera.

"El tema es el dolo. No veo dolo de parte de ninguno", dijo a El Observador el abogado penalista Germán Aller. El dolo es la "intención ajustada a resultado para producir daño o perjuicio a la sociedad", y para el catedrático la demora en los distintos ámbitos del gobierno en donde se trató la confesión del represor de haber tirado al agua el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973 no se debíó a una intención de ocultar la revelación. "Se estaba tratando de dilucidar una situación harto complicada", opinó.

Morosoli se pronunció este martes, en un dictamen en el que reconstruyó con detalle todo lo que ocurrió desde el 10 de abril de 2018, cuando Gavazzo confesó el crimen, hasta el 3 de abril de este año. Ese día el fiscal de Corte, Jorge Díaz, intervino de oficio y ordenó que la fiscalía investigara el caso, luego de que el El Observador informara los dichos del torturador el 30 de marzo

El fiscal consideró que ninguna de las autoridades civiles habían incurrido en el delito indicado por el artículo 177 del Código Penal. Allí se define que aquel funcionario público que omitiera denunciar delitos de los que tuvieran conocimiento por razón de sus funciones, y que se hayan configurado en su repartición, debe enfrentar una pena de prisión de tres a 18 meses. Y la única autoridad que cumple con esas condiciones en este caso es Manini Ríos, según el criterio de Morosoli, quien tratará de imputarlo en cuanto la Justicia defina una audiencia.

Camilo dos Santos

Pero para el penalista José Luis Fernández tampoco es "razonable", en una primera interpretación del dictamen del fiscal, adjudicar al militar la "responsabilidad absoluta" en la demora de casi un año en denunciar a la Justicia los dichos del torturador. "A priori no parece razonable, porque se necesita saber qué paso en esos veintipico de días que pasaron cuando se suspendieron las actuaciones" del tribunal. Y agregó que saber "qué pasó en ese tiempo" es una información clave, "porque de esa forma se puede aclarar si hubo omisión dolosa o tendiente a evitarle responsabilidad a Gavazzo, o si fue simplemente un retardo en aras de un mayor asesoramiento al sumario que se estaba realizando".

El argumento del general retirado fue que interpretó la confesión de Gavazzo como una maniobra o "chicana" para dilatar el trabajo del tribunal y que, por ese motivo, decidió seguir adelante sin informar a la justicia. 

Probar la existencia del dolo es fundamental, porque en el derecho penal se presume que todos los delitos se cometen con intencionalidad, salvo que haya expresa mención de que el ilícito en cuestión pueda cometerse por impericia o culpa. Pero no es el caso del delito del artículo 177, que es el que Morosoli buscará imputarle al presidenciable.

La responsabilidad del Ejecutivo paso a paso

Según la reconstrucción que hizo Morosoli, Manini Ríos fue al despacho del entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el 14 de febrero con el expediente, que incluía las actas con las confesiones de Gavazzo. La reunión duró diez minutos y fue solo entre ellos.  Al finalizar el encuentro, el ministro hizo pasar a su asesora jurídica, Josefina Nogueira, y le explicó que el entonces comandante en jefe iba a dejar un expediente con las actuaciones del Tribunal de Honor acompañado de un sobre. “Esa es la elevación del comandante, ahora lo vemos”, le dijo Menéndez a Nogueira refiriéndose al sobre.

Inmediatamente después, Menéndez se reunió con su asesor en materia de Derechos Humanos, Juan Delgado y abrió el sobre cerrado y se enteró de las críticas que Manini Ríos hacía a la justicia.

De acuerdo al testimonio de Delgado, el tomar conocimiento del contenido de la nota “le causó un malestar físico” al ministro –fallecido en abril de este año–, quien ya atravesaba la etapa terminal de su enfermedad oncológica. Una vez repuesto, el ministro hizo pasar nuevamente a Nogueira y le pidió que junto a su otro asesor, Alfredo Maeso, analizaran los documentos aportados por el general. El ministro le adelantó que el Tribunal había decidido el pase a reforma de Jorge Silveira y Gavazzo “pero no por las violaciones a los Derechos Humanos, por otro tema”.

“En ningún momento el ministro Menéndez le confió a Nogueira o a Delgado que Manini Ríos haya comentado algo relativo a los dichos de Gavazzo y Silveira y su relevancia penal”, concluyó Morosoli.

Silveira también había brindado declaraciones en las que incluso acusaba a Gavazzo de asesinar a Gomensoro.

“Habían transcurrido ya 310 días desde que los generales integrantes del Tribunal de Honor dieron cuenta por primera vez a Manini Ríos de los dichos de Gavazzo”, agregó el fiscal.

Ese mismo día –el jueves 14 de febrero-, Nogueira y Maeso comenzaron a estudiar el expediente para preparar un informe de urgencia que entregarían al ministro al otro día. La urgencia radicaba en que ese viernes el ministro tenía previsto viajar a Durazno para asistir al Consejo de Ministros en Pueblo Centenario, el lunes 18 de febrero, y quería tener una aproximación al caso para informar presidente.

Según la declaración del presidente Tabaré Vázquez ante la fiscalía, hasta el 14 de febrero Menéndez no recibió información alguna respecto al contenido de las actuaciones del Tribunal de Honor, ni tuvo acceso a los detalles de su labor. Concretamente el presidente señaló que Manini Ríos no comunicó nada relacionado a las declaraciones de Gavazzo y Silveira a las autoridades civiles del Ministerio de Defensa Nacional. Lo mismo declararon los asesores de Menéndez y el subsecretario Daniel Montiel.

Esto se contradice con lo que Manini Ríos manejó en varias notas de prensa, en las que dijo que había informado al ministro.

El informe de los asesores de Menéndez dio cuenta al ministro –supuestamente por primera vez– que Gavazzo había confesado “actuaciones ilegales” que debían ser remitidas a la justicia.

“El examen primario del caso se centró en los fallos del Tribunal de Honor y su evaluación, así como la valoración del contenido de la nota de Manini Ríos. Sin embargo, ya en el informe que Maeso remitió a Menéndez el viernes 15 de febrero a las 13: 16 (vía correo electrónico) éste criticó la ligereza con la que a su criterio actuó el Tribunal e hizo referencia expresa a las declaraciones vertidas por Gavazzo, informando al ministro que ‘...llamativamente el Tribunal de Honor pasó por alto otros muy graves hechos relatados por los enjuiciados en sus declaraciones, los hechos expresamente admitidos en su declaración por parte de José Gavazzo, quien reconoce actuaciones ilegales en la República Argentina tal como el traslado de personas y dineros de origen espurio desde ese país, haber dispuesto ilegalmente el destino final de un prisionero, etc’. Es que ya en ese momento los asesores del Ministerio de Defensa habían advertido que en sus declaraciones, los implicados mencionaban diversos hechos con apariencia delictiva y efectuaban referencias a diferentes personas; insumos todos que debían ponerse en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales competentes”. Al parecer, los asesores de Defensa ignoraban que los integrantes del Tribunal de Honor habían informado a Manini Ríos sobre las confesiones de Gavazzo y Silveira. 

Ante esta situación, Menéndez decidió que debía informar al presidente Vázquez. El 18 de febrero, en Pueblo Centenario, le dijo que necesitaba hablar con él acerca del expediente del Tribunal de Honor y de la nota elevada por el comandante en jefe del Ejército. Le reunión se concretó al día siguiente en la residencia de Suárez y Reyes. Vázquez y Menéndez estuvieron reunidos solos durante una hora.

Luego de que Menéndez expuso la situación (“incluyendo el tenor de las declaraciones de Gavazzo y Silveira”), Vázquez resolvió tres cosas: “no homolgar el fallo de Maurente, homologar los fallos relativos a Gavazzo y Silveira, compartiendo su resultado sancionatorio, pero dejando sentado por escrito las discrepancias con el criterio seguido por el tribunal y poner en conocimiento del sistema de justicia penal los hechos plasmados en el expediente”.

Leonardo Carreño

Finalmente le pidió a Menéndez que gestionara una entrevista con el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma “a los efectos de coordinar el cumplimiento de estos extremos”. Esa reunión a la que Menéndez acudió con Nogueira y Maeso se concretó el 20 de febrero. Toma tomó conocimiento de toda la situación, incluyendo las confesiones de Gavazzo, y los expedientes conteniendo las actuaciones del Tribunal de Honor quedaron en la esfera de la Secretaría de la Presidencia donde estuvieron hasta el lunes 11 de marzo cuando Vázquez le solicitó a Toma que remitiera el expediente hacia las oficinas presidenciales de Suárez y Reyes.

En la tarde del martes 12 de marzo –el día que Vázquez destituyó a Manini Ríos– se cumplió con los  actos administrativos y los expedientes volvieron al Ministerio de Defensa “a sus efectos”, lo cual implica según Morosoli, “el cumplimiento de la decisión de remitir testimonio de las actuaciones del Tribunal de Honor a los Juzgados Letrados Penales y/o Fiscalías Penales competentes” entre otras tareas.

Diego Battiste

En eso estaban supuestamente los asesores de Defensa –cruzando datos que surgían de las declaraciones de Gavazzo y Silveira con la base de datos que poseía el ministerio “para facilitar la tarea de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y no remitir la información ‘en bruto’” y así poder “avanzar rápidamente en las investigaciones” en cuestión– cuando salió la nota de El Observador el sábado 30 de marzo.

La publicación desató la tormenta que llevó al presidente a destituir el 1° de abril a ocho personas: el ministro de Defensa, el subsecretario y seis militares (dos que pasaron a retiro y otros cuatro que pide al Parlamento que los cese). Vázquez adoptó esta decisión política 40 días después que se enteró de la confesión de Gavazzo y Silvera y de la actuación del Tribunal de Honor.

El expediente volvió a Presidencia ese mismo día y se remitió a la fiscalía.

“Habían pasado ya 356 días desde que Manini Ríos (en su calidad de jerarca máximo del Ejército Nacional) tomó contacto por primera vez con las declaraciones de Gavazzo”, escribió Morosoli.

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