Fiscal pidió audiencia a la justicia para imputar a Manini Ríos

Al declarar en el Tribunal de Honor, José Gavazzo admitió que arrojó en 1973 el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro para hacerlo desaparecer y que le mintió a la Justicia al respecto. Jorge “Pajarito” Silveira dijo que Gavazzo fue responsable de la muerte de Gomensoro, también de otro detenido en el Grupo de Artillería 1 y de la desaparición de María Claudia García de Gelman y acusó a Gavazzo de no tener “la hombría suficiente” para asumir sus actos. Sin embargo, esos testimonios de abril y julio de 2018, recién trascendieron en marzo cuando El Observador informó de ello.

Artigas Pessio

El artículo 177 del Código Penal castiga al funcionario público que omitiera denunciar delitos de los que tuvieran conocimiento por razón de sus funciones, de los delitos que se cometieren en su repartición, con una pena de tres a dieciocho meses de prisión, por lo tanto se trata de un delito excarcelable. Según se concluye del escrito de Morosoli ese delito sólo le caerá a Manini Ríos.

Morosoli entendió que no cometieron ese delito en Presidencia puesto que no integran la repartición donde cometieron los presuntos delitos. "Una lectura atenta de dicho artículo excluye a estos funcionarios como sujetos activos del delito en cuestión, en tanto no integran la repartición donde éste se habría cometido, ni integran la repartición que experimenta los efectos del delito concreto", escribió el fiscal.

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La contradicción de Toma: ¿cuándo se enteró de la confesión de Gavazzo?

"Sea atendiendo a un criterio de especificidad respecto a las tareas administrativas a realizar; o atendiendo a un criterio de jerarquía administrativa, Presidencia de la República no encuadra en este caso en el concepto de repartición en tanto lugar de comisión de un delito, o donde se experimenten los efectos de éste", agregó.

Y añadió que sostener lo contrario "llevaría al absurdo de afirmar que cualquier delito cometido en la esfera de cualquiera de los Ministerios que integran el Poder Ejecutivo debe ser denunciado por los funcionarios de la Presidencia de la República".

Además, Morosoli dio por buena la declaración del secretario de la Presidencia en la que hizo algunas aclaraciones sobre las fechas en las que se enteraron de los hechos y que contradicen lo que había declarado en su momento a la prensa. Ante Morosoli, Toma dijo que tomaron conocimiento de las declaraciones de los represores el 20 de febrero aunque Toma había declarado al diario El País, en una nota publicada el 2 de abril, que "lo que recibió Presidencia fue el expediente. No declaraciones de nadie".

Según la resolución del fiscal, publicada en la página de Fiscalía, Morosoli afirmó que los funcionarios de la Presidencia de la República cumplieron "con su mandato presidencial sobre el asunto". De hecho, las actuaciones permanecieron en dicha oficina solamente durante un plazo de 21 días corridos (15 días hábiles) entre el 20 de febrero y el 12 de marzo.

"En ese lapso, se proyectaron las resoluciones administrativas relativas a los fallos de los Tribunales de Honor, y se realizaron las evaluaciones y estudios necesarios en conjunto con el Ministerio de Defensa para poner en conocimiento del sistema de Justicia Penal los hechos objeto de las declaraciones de Gavazzo y Silveira", dijo el fiscal.

Consultado sobre el fallo de Morosoli, Manini dijo este martes que no tenía "nada para decir" y aseguró que estaba "muy tranquilo" con su actuación mientras era comandante en jefe del Ejército.

Cumplieron el mandato

Tampoco creyó que no cabe responsabilidad a los jerarcas del Ministerio de Defensa "en tanto todas sus actividades convergieron hacia una efectiva puesta en conocimiento a las autoridades competentes" de los hechos narrados por los represores.

"El jerarca ministerial, ni bien tomó conocimiento del contenido de las actuaciones del Tribunal de Honor puso al tanto al Presidente de la República a su respecto. Luego, y en base a la orden presidencial recibida, tomó las acciones administrativas correspondientes para dar cumplimiento a ese mandato, coordinando en este punto con Presidencia de la República, y entregando las actuaciones de los Tribunales de Honor a Presidencia el 20 de febrero del 2019".

Agregó que cuando las actuaciones retornaron al Ministerio de Defensa Nacional el día 12 de marzo del 2019, Menéndez se encontraba de licencia médica a causa de la enfermedad terminal que padecía. En ese momento el expediente lo recibió el subsecretario Daniel Montiel pero según Morosoli, recién en ese momento tomó conocimiento del contenido de las actas. 

Diego Battiste

Y a la misma conclusión llegó con respecto a los militares que los interrogaron. "Los integrantes del Tribunal Especial de Honor N.º 1 no merecen solicitud de reproche penal por parte de esta Fiscalía" porque no quisieron omitir poner en conocimiento de la justicia los dichos de Gavazzo y Silveira que "contenían información sobre hechos gravísimos de naturaleza delictiva". "También advirtieron que la información obtenida era inédita, y unánimemente concluyeron que dichos insumos debían remitirse a las autoridades competentes del sistema de justicia penal".

Lo mismo opinó con respecto a los miembros del Tribunal del Alzada, quienes "no presenciaron las declaraciones". Además, Manini  les informó directamente que él había tomado cartas en el asunto, por lo que "su accionar tampoco fue doloso y por tanto no configura delito".

Y con respecto a los jerarcas del Ministerio de Defensa, corresponde arribar a una idéntica conclusión, sentencia el fiscal.