La discusión sobre el referéndum al que se someterán 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) tiene atento al sector agropecuario, porque varias gremiales del agro han puesto el foco en aquellos artículos que en caso de ser derogados, según entienden, se afectaría a los actores vinculados al campo.
La Federación Rural (FR) se reunió con el experto en derecho agrario, Horacio de Brum, quien les explicó que hay tres artículos “que pueden perjudicar a los productores si se derogan”, informó a El Observador Mónica Silva, presidenta de la gremial.
Esos artículos tienen que ver con el Instituto Nacional de Colonización (INC), la inclusión financiera y la legítima defensa, “artículos que defendemos y no queremos que se deroguen”, afirmó.
El doctor De Brum detalló a El Observador que en caso de derogarse los dos artículos que tienen que ver con el INC, algunos colonos verían afectada una flexibilización de su estadía en los predios y del derecho de propiedad de los mismos.
Aquellos campos adquiridos previo a la creación del INC, por la sección Fomento Rural del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), a pesar de haber sido pagados debían ser ingresados en “el status quo del Instituto de Colonización”, comentó De Brum. Por estar dentro de la administración del INC, los propietarios de esos campos estaban bajo “el derecho de afectación”, por lo cual tenían “limitado el derecho a la propiedad”. Es decir, si un colono quería, por ejemplo, vender el predio, no podía hacerlo sin autorización del INC. Luego, según explicó, eso tuvo una modificación y “la LUC pretendía dejar bien claro este tema, que todas aquellas fracciones anteriores al Instituto de Colonización que fueron compradas por el Banco Hipotecario no están bajo la órbita del instituto”.
El otro artículo que afectaría a los colonos habla de la flexibilización de la estadía en los predios del INC en casos excepcionales. Según De Brum, si los colonos cumplen con ciertas condiciones, como por ejemplo tener la fracción de tierra hace más de 10 años o tener razones fundadas de salud o familiares por las que deban abandonar el predio, pueden pedir una autorización al INC para que se haga una excepción a la obligatoriedad de vivir en el predio. Esto no se da de hecho, sino que debe pedirse con un permiso y, en caso de derogarse el artículo de la LUC que así lo dispone, “volvería la obligatoriedad”, dijo.
Silva explicó que con la LUC se extendió a dentro del predio de cada productor el ámbito de aplicación de la legitima defensa, que era solo permitida dentro del hogar. Tras el cambio y cumpliendo algunos requisitos, puede darse en otras instalaciones linderas, como por ejemplo en los galpones, comentó.
En la Asociación Rural del Uruguay (ARU) el tema de la derogación de la ley también se discutió, confirmó el presidente de la gremial, Gonzalo Valdés, porque “desde un inicio la ARU apoyó la LUC e incluso fuimos a la Comisión del Senado para hablar sobre esto, y porque mantener la integridad de la ley es beneficioso”, reflexionó.
Valdés coincidió con Silva acerca de que la derogación del artículo que permite que la legítima defensa se extienda a otras instalaciones dentro del predio, podría afectar, “dada la situación de inseguridad que existe”.
Así también lo comentó Pablo Perdomo, presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), gremial que si bien aún no se ha reunido para hablar de este tema, tiene planeado hacerlo, informó.
"En política partidaria nosotros no nos metemos. En la Ley de Urgente Consideración la palabra cooperativa se nombra una vez, pero sí afecta en temas de seguridad y producción", comentó, y agregó que desde CAF están interesados en que el artículo sobre legítima defensa se mantenga.
Sobre la derogación del artículo que cambia la obligatoriedad de la inclusión financiera, la presidenta de la FR dijo que este es un tema que afecta al sector rural en general, ya que en muchas zonas del país es muy difícil conseguir un cajero automático para poder cobrar el sueldo.
“Si se deroga la eliminación de la inclusión financiera el problema vuelve a estar arriba del tapete, porque para ir a la ciudad hay un gasto en transporte y en horas o hay que pagarle a alguien para que lo haga y en eso se ve menguado lo que el trabajador gana”, sostuvo Silva.
Además de la posibilidad de cobrar sin la necesidad de un medio electrónico, De Brum destacó que con los cambios dispuestos en la LUC también se pueden hacer negocios jurídicos sin disponer de estos medios, hasta determinado valor en Unidades Indexadas. “Si el productor quería pagar un pastoreo o hacer un negocio de compra venta, hasta determinado valor podía hacerlo sin cumplir con la ley de inclusión financiera. Se daba la posibilidad de operar por medios electrónicos o efectivos, una flexibilización”, comentó.
Por su parte, Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), dijo a El Observador que desde la gremial entienden que si bien la LUC tiene impactos en varios aspectos sociales, "ahora la discusión está muy en la órbita de lo político partidario y hasta ideológico, que no es el terreno en el que la ACA ha buscado moverse". Es por eso que no tienen una posición al respecto, sostuvo.
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