Los cinco puntos centrales del plan del gobierno para las Fuerzas Armadas

El gobierno pretendió así promover cambios como política de Estado, pero esa intención quedó por el camino debido a diferencias políticas, que derivaron en que se optara por enviar un texto propio y desistir de la idea de generar un articulado de consenso entre todos los partidos. El ministro de Defensa, Javier García, dio por terminadas las negociaciones a principios del mes pasado. El jerarca recordó que desde el año pasado venía insistiendo en una “mesa de diálogo”, luego de que el 8 de junio entregara un anteproyecto y que se mantuvieran dos reuniones con el Frente Amplio. 

El anteproyecto, al que accedió El Observador, incluye 62 artículos y modifica en cinco aspectos fundamentales la ley actual. Entre ellos, el ámbito de actuación del Estado a través de tres jurisdicciones: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Allí se incluye el territorio continental e insular del país, el subsuelo, las aguas interiores, el mar jurisdiccional, así como otras zonas sobre las que Uruguay ejerza derechos de soberanía. También el ciberespacio y el espectro radioeléctrico. 

En cuanto a la estructura organizativa, se incorpora el concepto de que las fuerzas deben actuar “bajo la dirección del nivel estratégico al más alto nivel político” y, como siempre, basado en los principios de unidad de mando. También incorpora entre las misiones fundamentales de los militares la “defensa de la Nación”. 

El proyecto prevé algunos cambios para el ingreso al servicio. El primer requisito será ser ciudadano legal. Actualmente la ley también prevé que se pueda ser ciudadano legal con tres años de ejercicio. En el caso del personal subalterno, deberá tener aprobada la educación primaria completa. Hasta hoy se exige educación media básica, aunque se puede llegar a admitir solo la escuela si en un plazo de ocho años a partir del ingreso la persona completa el liceo. 

Para poder ascender, la nueva ley propone exigir que se cuente con educación media, aunque eso será determinado en las respectivas leyes orgánicas de cada fuerza. 

En cuanto a la posición jurídico-administrativa, junto a “en actividad” y “en retiro”, el texto plantea incorporar algunas innovaciones a la condición de "reforma”, por la cual por determinadas circunstancias el personal superior podrá perder el derecho a ocupar cargos en Defensa, así como a usar el título y el uniforme correspondiente a su grado. 

Entre otras causas, será así por “mala conducta pública o privada que arroje grave desprestigio a la institución militar”, así como ante una sentencia dictada por jueces y tribunales civiles o militares. 

Coroneles y comodoros

En la escala jerárquica, el texto propuesto crea un nuevo grado en el personal superior del Ejército: coronel mayor, al que deberán ascender los coroneles antes de aspirar a ser generales. Lo mismo para la Armada, en el que se propone el grado de comodoro como escala inmediatamente anterior al de contralmirante. En la Fuerza Aérea, también se plantea que exista un “coronel mayor” como rango superior al de coronel. En ninguno de estos casos el nuevo cargo prevé  incrementos salariales o de haberes de retiro distintos con respecto a lo que correspondería como coroneles. 

La propuesta conserva los cinco años que, como mínimo, debía tener el personal superior en su grado actual para aspirar a un ascenso. En lo que respecta a los oficiales subalternos, se establece la suma de años concretos de servicio desde desde su egreso de las escuelas de formación hasta el grado de capitán o equivalente: 14 años efectivos como mínimo. 

En el caso del Ejército, deben cumplirse dos años como alférez, tres como teniente segundo, cuatro como teniente y primero y otros cinco años como capitán. Este esquema no se deberá cumplir en los casos en que los oficiales hayan computado, al 28 de febrero de 2019, 15 años de servicio activo, que se seguirán rigiendo por el régimen hoy vigente.

La edad obligatoria de retiro quedaría fijada en 63 años para todos los oficiales superiores. 

Fuentes del Ministerio de Defensa señalaron a El Observador que el proyecto modificativo de la ley Orgánica Militar no prevé, por el momento, ninguna innovación en cuanto a la cantidad de oficiales de cada fuerza. La ley vigente, aprobada en 2019, planteó una reducción progresiva de las vacantes, que debía aplicarse a lo largo de tres años. La norma planteaba reducir de 190 a 130 el número de coroneles en el Ejército. 

Sin embargo, la ley de Presupuesto aprobada en 2020, durante este gobierno, estableció en 156 las vacantes. Por esa vía los capitanes de navío de la Armada deberán ser 82 en lugar de los 76 previstos. En la Fuerzas Aérea habrá 47 coroneles, en vez de 45. 

En el Presupuesto vigente los generales del Ejército pasaron de 12 a 14. Los contralmirantes de la Armada y los brigadieres generales de la Fuerza Aérea siguen siendo la misma cantidad: siete y seis respectivamente. 

La responsabilidad de romper un posible acuerdo tiene distintas visiones. En declaraciones a El Observador, la senadora frenteamplista Sandra Lazo sostuvo que su fuerza política jamás rompió ningún diálogo. La visión de la oposición es que, si el gobierno es el que propone los cambios, debería haberlos fundamentado. Algo que, según dijo, jamás hizo en todo el tiempo en que se venia negociando. 

Lazo recordó que lo que García pretende es reformar la ley que fue aprobada en el último gobierno de la izquierda, que vino a modificar una norma que seguía vigente desde la dictadura cívico-militar. “Tanto el Partido Nacional como el Colorado gobernaron entre 1985 y 2005 y jamás plantearon ninguna modificación a una ley de la dictadura”, señaló. “Si lo hacen ahora, seguramente tendrán su fundamento”.  Apuntó que la oposición discutirá el tema cuando el texto concreto, incluida su fundamentación, sea derivado al Parlamento.