Los "infiltrados" en el Poder Judicial

Ante esas afirmaciones divulgadas por el semanario Búsqueda le cayeron con todo jueces, abogados, dirigentes sindicales y políticos de la oposición. El presidente Luis Lacalle Pou zanjó el tema afirmando que "no duda" de la Justicia y que no se puede generalizar aunque señaló que "la Justicia es dictada por seres humanos …imperfectos", por lo que se pueden dar errores.

Infiltrado es aquel que se introduce de incógnito en una organización con el fin de averiguar sus planes y actividades para comunicarlas a sus superiores o a quienes responde. Por eso no creo que se pueda hablar de jueces infiltrados sino de jueces politizados, jueces ideologizados que ponen por encima de las leyes sus criterios o intereses personales, o directamente jueces delincuentes, como la jueza de Familia de Rivera -finalmente destituida- que usó su cargo para intimidar a víctimas de su marido, quien les había robado celulares y además se robó computadoras del juzgado porque ella le dio las llaves. O el juez suplente de Florida imputado por abuso sexual agravado de un menor que espera el juicio con prisión domiciliaria, luego que un tribunal de apelaciones lo avalara, tras considerar que no existe riesgo para la víctima ni para el proceso. Mientras que en el caso de la violación del Cordón, los tres jóvenes imputados cumplen prisión preventiva, justamente por considerar la Justicia que existen esos riesgos.

Como ha quedado demostrado, entre los jueces politizados hay de los dos “bandos” que dividen al país. Esta semana la Suprema Corte de Justicia inició un sumario con separación del cargo de la jueza de Paz Departamental de Treinta y Tres Florencia Ferreyra, luego que se hiciera público que posteó en sus redes sociales “hay orden de no aflojar”, la frase del ministro del Interior fallecido Jorge Larrañaga y postear una foto con su cara con la leyenda: “No te gustan las decisiones del presidente? Nadie te preguntó… Jodete y arrancá pal juzgado”, según informó TV Ciudad.

La jueza ya había sido denunciada anteriormente por acoso laboral, abuso de autoridad y abuso a nivel administrativo, por parte de seis funcionarios judiciales que señalaron haber sido amenazados de “tirarlos por las escaleras”, según había informado El Observador en 2019, pero hasta que no se informó de estos episodios no se decidió sumariarla con separación del cargo.

Al collar de actuaciones desafortunadas, se sumó la jueza de 6° turno especializada en Violencia de Género de Pando, Ada Siré. El País informó el domingo 13 sobre un video publicado en la red social TikTok en el que la magistrada advierte sobre estereotipos machistas. “Del título ‘las hijas de los otros porque la mía es una santa’ llega ‘uh, la violaron, debe ser la culpa de ella’. Pero existen otros títulos también como, por ejemplo, ‘esa mina está histérica, debe estar menstruando’ o ‘qué mal cogida está esa mina, por Dios’ o ‘¿qué se le va a hacer? Es varón’”, afirma la jueza en un primerísimo primer plano de su rostro.

Dos días después de que se hiciera público el video, la Suprema Corte decidió pedirle explicaciones en un plazo de 72 horas. Sin embargo, Siré se certificó por enfermedad por lo que ese plazo quedó en suspenso. En este caso, la Corte también actuó tarde ya que la jueza tenía numerosas denuncias por maltratos y abusos de poder, informó el programa La Pecera de Azul FM . En ese programa un denunciado por violencia de género contó que lo humilló en la audiencia. Sin embargo, hasta que no se viralizó el video nadie se enteró de la conducta inapropiada de la magistrada.

El comportamiento de "los de arriba"

Si bien no se puede generalizar, como hizo Bianchi - entre los más de 500 jueces que ejercen en los 19 departamentos, hay muchísimos que hacen su trabajo con honradez y procuran aplicar las leyes por sobre su ideología-  estos casos escandalizan y obligan a poner la mirada en estas conductas y a preguntarse cómo puede equivocarse tanto un funcionario del Estado que se formó durante dos años para impartir nada más ni nada menos que justicia.

Para ser juez, un abogado debe realizar un curso que no llega a dos años en el Centro de Estudios Judiciales (CEJU), un organismo dependiente del Poder Judicial y dirigido por una comisión directiva con amplia representación (dos ministros de los tribunales de apelaciones, un represente de la asociación de jueces, uno de la defensoría pública, uno del Colegio de Abogados, uno de la Udelar, uno de las universidades privadas y uno del Ministerio de Educación y Cultura) que tiene como directora a la jueza Rosina Rossi. Existen varios filtros: pasar una prueba de conocimientos jurídicos, ciertas calificaciones mínimas, un perfil psicológico elaborado por técnicos para saber si la personalidad se adecúa a lo que requiere el cargo de juez. El estudiante va siendo evaluado a medida que avanza el curso.

Por un lado se puede concluir que es obvio que los problemas sociales que vemos se reproduzcan en la Justicia. Después de todo somos todos seres humanos imperfectos… pero una cosa es esa y otra es no darse cuenta de que hay conductas básicas de las que están inhibidos y que pierdan conciencia de la investidura que representan.

La Constitución y la ley de la judicatura son muy claras sobre lo que pueden y no pueden hacer los jueces: están inhibidos de pronunciarse políticamente, de ejercer cualquier otra función pública retribuida, salvo el ejercicio del profesorado en materia jurídica. Además la ley les ordena abstenerse de “todo comportamiento, acción o expresión que afecte la confianza en su imparcialidad''.

También es cierto que los jueces no son inamovibles ni tienen una justicia especial, a medida, para ser juzgados. Cuando hay desvíos la Suprema Corte debe imponer sanciones disciplinarias y si cometen delitos deben ser destituidos, una vez que sean condenados. En estos casos ha quedado demostrado una actuación lenta y, lo que es peor, muchas veces se “barre debajo de la alfombra” como pasó en el caso del juez acusado de violación. Si no hubiera trascendido porque radio Sarandí lo informó no se tendría conocimiento de esa imputación, sin perjuicio de que estaba apartado del cargo. Un hecho de esa naturaleza debería ser informado por la propia Corte, antes de que trascienda.

¿Pero qué se le puede pedir a un organismo en el que las disputas internas de sus miembros tomaron un calibre nunca antes visto? ¿Qué se le puede pedir a una Corte que tuvo un expresidente (Tabaré Sosa) que, aunque ejerció un cargo que es meramente protocolar, tomó decisiones en solitario, se enfrentó permanentemente a sus colegas, al Colegio de Abogados, y a los gremios judiciales, tanto que se ganó el mote de “pequeño Napoleón”? 

El actual presidente John Pérez, asumió con el cometido de componer y de revertir esa situación conflictiva, pero más allá de enmendar los relacionamientos internos y externos del Poder Judicial, la Corte deberá primero mejorar su comunicación pública, actuar con mayor firmeza cuando le llegan denuncias de los jueces y funcionarios, preocuparse por mejorar la formación de sus miembros siendo más transparente en los mecanismos de los ascensos (otro capítulo en el que prima la opacidad) para que se demuestre con hechos que Uruguay aparece en el lugar 22º del ranking mundial general del índice de Estado de Derecho.