Los señalamientos de Estados Unidos a Uruguay en el combate al tráfico de personas

El reporte califica a Uruguay dentro de la segunda categoría de gobiernos que más hacen por combatir el tráfico pero cuestiona que las autoridades "no identificaron ninguna víctima de tráfico masculino adulto" y que en general la policía no haya identificado víctimas, "de forma proactiva y sistemática". El gobierno además, dice el reporte, no provee los "servicios adecuados para las víctimas o un acceso consistente a refugios".

Además, calificó de "inadecuados" los recursos destinados a combatir el tráfico laboral y a proteger a sus víctimas y afirma que el plan nacional del gobierno para combatir el tráfico expiró y no tuvo reemplazo.

El documento también hace hincapié en la atención que el país debe dar a los hombres adultos víctimas de tráfico.

El reporte clasifica a cada estado dentro de cuatro niveles, no en referencia al tamaño del problema en el país en cuestión, sino de cuánto se esfuerza el gobierno para alcanzar los estándares mínimos que establece el acta de 2000 sobre la protección de víctimas de tráfico (TVPA por su nombre en inglés) para la eliminación del tráfico de personas.

Como la clasificación no responde a si el país tiene problemas de tráfico, que un estado se encuentre en Tier 1 (nivel 1), máximo esfuerzo del gobierno para combatir la trata, no significa que esté libre de este problema. Además, "para mantener un nivel 1, los gobiernos deben demostrar un apreciable progreso cada año en el combate al tráfico", dice el texto fechado en julio de este año al que accedió El Observador. 

Leé también

Tráfico de personas: desarticulan banda que ingresaba extranjeros ilegales a Uruguay

Uruguay se mantienen desde hace varios años en el Tier 2. "El gobierno de Uruguay no alcanza los estándares mínimos para la eliminación del tráfico, pero está realizando esfuerzos significativos para hacerlo", señala el documento. En este sentido, "demostró en general un creciente esfuerzo comparado con el periodo anteriormente reportado". 

"Estos esfuerzos incluyen adoptar y empezar a implementar una nueva identificación interinstitucional y un protocolo de referencia, designando una agencia responsable de coordinar cuidados para víctimas de tráfico masculino e investigar a más presuntos traficantes", dice el documento firmado por el secretario de Estado, Antony Blinken.

Perfiles y protección

Como señalara anteriormente, el apartado sobre Uruguay hace especial referencia a las víctimas de tráfico masculino, y solicita que se las cuide, así como a las víctimas fuera de la capital.

El textos destaca el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), así como de Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto del Niño y del Adolescente (INAU). Según el reporte, ambas instituciones se centraron en las víctimas de tráfico sexual. 

Leé también

"Él no es mi hombre, me está explotando": el relato de una uruguaya víctima de trata

Asimismo, señala que en 2021, la cartera designó a su Dirección Nacional de Promoción Sociocultural como la entidad responsable de coordinar el cuidado de hombres adultos víctimas del tráfico, "llenando el vacío en el marco de cuidados del gobierno".

En el interior del país indica que hay una "mayor vulnerabilidad al tráfico", porque el monitoreo y el esfuerzo del gobierno tienen alcance limitado; en particular, señala que trabajadoras domésticas en el interior sufren un riesgo más grande.

Por otro lado, señala que en Uruguay, la mayoría de personas explotadas en tráfico sexual son mujeres y niñas, aunque en una menor extensión adultos transgénero y adolescentes varones. 

Asimismo, informa que traficantes fuerzan a mujeres e individuos uruguayos de la comunidad LGBTQI+ a ingresar en el sexo comercial en Argentina, Brasil, Italia y España. 

Al mismo tiempo, mujeres de Cuba, República Dominicana, Haití, y en menor medida países sudamericanos, son explotadas por tráfico sexual en Uruguay.

El documento hace referencia a muertes de tripulantes asociados a Taiwán, China, y barcos pesqueros con bandera extranjera en el puerto de Montevideo. De 2018 a 2020 hubo 17 muertes dentro de este grupo. Según el texto, trabajadores extranjeros a bordo de estos buques sufren de abusos que indican trabajo forzoso, incluyendo salarios impagos, confiscación de documentos de identificación y abuso físico. Además "hay reportes anecdóticos de asesinatos en el mar".