Se viene el referéndum. En julio, en este espacio, analicé sus causas. Argumenté que el de la LUC, es el “referéndum de los leones heridos”. El gobierno que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou, “aceleró tan a fondo, que terminó acorralando al FA”: “Los frenteamplistas sienten que, con la LUC, el Poder Ejecutivo pisó la banquina del abuso del poder. El FA, león herido, sacudió su melena”.1 Dos meses después, me detuve en los riesgos de la campaña desde el punto de vista de la calidad de la democracia: “El tono y contenido de la campaña por la LUC dirá mucho sobre nosotros, sobre nuestra comunidad de práctica democrática para decirlo con los términos de Emanuel Adler. Cada reunión política, cada discusión entre amigos, cada debate entre adversarios, cada tuit, cada meme, cada nota en los medios, nos pondrá frente al espejo”.
Quiero analizar, ahora, la inminente consulta popular desde otro ángulo, seguramente el más obvio: el de las consecuencias que puede tener en la competencia política entre bloques y dentro de cada uno de ellos. Al fin de cuentas, pase lo que pase, el resultado del referéndum está llamado a ser un hito decisivo en el mandato presidencial en curso y que, por eso mismo, tendrá consecuencias sobre el escenario electoral de 2024.
Si la coalición de gobierno logra sostener los 135 artículos impugnados, quedará en inmejorables condiciones para acelerar en las transformaciones pendientes y perfilarse hacia su reelección. El presidente Luis Lacalle Pou saldrá fortalecido. La coalición podrá mirar el futuro inmediato con optimismo. Con viento en la camiseta, lo más probable es que la vocación por la innovación que caracteriza al elenco de gobierno se intensifique. La reforma de la seguridad social, por ejemplo, es un punto clave en la agenda. La Comisión de Expertos de la Seguridad Social, creada por la LUC y liderada por Rodolfo Saldain, elevó esta semana a las autoridades de presidencia y del poder legislativo un documento proponiendo y fundamentando un conjunto de cambios significativos.
Pero estos cambios solamente podrán concretarse si el gobierno sale fortalecido de la consulta popular.
Lo que vale para la seguridad social puede ser extrapolado a otras arenas de políticas públicas. Si el gobierno logra durante la fase post-referéndum seguir concretando los cambios comprometidos durante el 2019, llegará a la elección de 2024 con autoridad ante la opinión pública para solicitar la renovación del mandato.
En cambio, si la oposición logra derogar los 135 artículos cuestionados, el gobierno estará en serios problemas. Todo indica que, en ese caso, el escenario político experimentará un cambio mayor.
Durante el 2020 y el 2021 el presidente estuvo a la ofensiva. Una derrota a comienzos del tercer año de su mandato lo obligará a revisar su estrategia. Hasta ahora la coalición se ha mostrado unida en lo esencial, es decir, en el impulso al “Compromiso con el País”, firmado en noviembre de 2019. Los socios menores, en particular el Partido Colorado y Cabildo Abierto, han aceptado las reglas de juego establecidas por la presidencia, entre ellas, la estrategia de tramitar una parte importante de las innovaciones propuestas mediante el mecanismo constitucional de la “urgente consideración”.
También han concedido (porque no se puede ir contra la ley de la gravedad) que la presidencia ocupara el centro del escenario político y capitalizara la parte principal de los méritos de la gestión en curso.
Una derrota electoral generará fuertes incentivos para que aparezcan críticas, se multipliquen desavenencias y se incremente el tono de los reclamos desde los aliados del Partido Nacional. En ese contexto, no solamente será más difícil para el gobierno impulsar innovaciones sino, y esto es todavía más inquietante, mantener las políticas públicas que más lo han caracterizado, como la “mano dura” en seguridad o el cuidado de los equilibrios macroeconómicos básicos.
Al mismo tiempo, en este caso, volverá a incrementarse el capital político del Frente Amplio. El FA tuvo un 2020 muy malo. La solvencia del liderazgo presidencial y los aciertos del gobierno en múltiples planos (desde el manejo de la pandemia a los numerosos gestos de sensibilidad social) lo dejaron en falsa escuadra.
La demora en el inicio de la vacunación le dio la primera oportunidad de empezar a sumar. El pico de fallecimientos por COVID desde abril a junio de 2021 le dio un espaldarazo al viejo reclamo frenteamplista de reducción de la movilidad. Otras decisiones del gobierno, como la solución adoptada para resolver el problema del puerto de Montevideo, le permitieron llevar más agua para su molino. El incremento del precio de los combustibles impactó negativamente sobre la opinión pública. La combinación de todos estos factores activó a la militancia frenteamplista (y sindical) que, contra todo pronóstico, logró reunir las firmas para forzar el referéndum. El 2021, por tanto, para el FA, fue mucho mejor que el 2020. Si comienza el 2022 con una victoria política en el referéndum tendrá excelentes motivos para vislumbrar con optimismo la elección nacional de 2024.
El resultado del referéndum será un punto de inflexión en el mandato de Lacalle Pou. Habrá un antes y un después. No hay términos medios. Hay mucho en disputa y los partidos lo saben. Ojalá logren competir intensamente sin faltarle el respeto a la ciudadanía con argumentos engañosos y sin dañar la calidad de la democracia.
