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La eventual extradición del sindicalista Marcelo Balcedo a Argentina quedará supeditada a que termine el proceso en Uruguay, dijo el fiscal Rodrigo Morosoli. Según informó, la investigación puede llevar entre uno y dos años, por lo que recién después de ese plazo podrá ser trasladado a su país para ser juzgado allí.

En Uruguay, el fiscal entendió que Balcedo y su esposa, Paola Fiege, han incurrido en delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico interno de armas por los cuales deberán responder. El juez de la causa, Pablo Benítez, dictaminó 120 días de prisión preventiva para ambos acusados y argumentó que hay suficientes elementos probatorios que dan cuenta del pedido del fiscal y que las personas imputadas "ostentan un inusual sustento económico y de bienes", por lo que concluye que puede haber peligro de fuga.

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Morosoli sostuvo que la evidencia recolectada en Uruguay y la información obtenida en las causas argentinas, dieron los elementos suficientes para requerir la prisión preventiva de los dos imputados. "Si bien como fiscal trato de aplicarlo lo menos posible, en este caso era la única medida idónea para conjugar el peligro de fuga de estas dos personas que contaban con dinero y con recursos para hacerlo", señaló en declraciones a los medios a la salida de la audiencia.

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Morosoli se encontraba de licencia pero pidió reintegrarse antes para poder presentar la acusación contra los indagados. La semana pasada, la Justicia argentina remitió a Uruguay el pedido de extradición y repatriación de bienes de Balcedo y Fiege, quienes fueron detenidos el 4 de enero luego de un pedido de captura internacional por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

Además, Morosoli indicó que el origen ilícito precedente al lavado de activos proviene de la investigación argentina, que incluye los delitos de extorsión, apropiación indebida y narcotráfico, delitos precedentes de lavado en Uruguay.



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