Marta Jara, la única funcionaria que Gas Sayago tiene en un limbo

La única persona que se mantiene como funcionaria de Gas Sayago y que quedó por fuera del acuerdo realizado con los demás empleados es la presidenta de Ancap Marta Jara. Hasta la fecha, no existe ningún tipo de definición respecto a cómo se va a proceder a su desvinculación cuando corresponda.

Jara era gerente general de Gas Sayago, cuando fue designada en marzo de 2016 como presidenta de Ancap. La funcionaria pasó a tener licencia sin goce de sueldo en la empresa privada controlada por el Estado.

“Se resolvió mantener la situación en suspenso dado que Marta Jara se encuentra con una licencia porque está ejecutando otro cargo, no está cobrando, y la empresa sigue activa. No hay más que eso. En su momento, se verá cuál es la resolución”, afirmó el miércoles 11 de setiembre el ministro de Industria y Energía, Guillermo Monsecchi en el Parlamento. 

El jerarca concurrió la semana pasada a la comisión de Industria de Diputados junto al presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, a solicitud del legislador del Partido Nacional Pablo Abdala, para informar sobre la situación de Gas Sayago, entre otros temas.

Durante la reunión, Abdala consultó por qué Gas Sayago tiene que mantener ese cargo "en reserva". El ministro reiteró su respuesta anterior y añadió que “eventualmente se verá cuál es la solución”, según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Aceptar el cargo de presidenta de Ancap le implicó a Jara resignar unos $ 300 mil por mes. Como gerenta general de Gas Sayago Jara cobraba unos $ 400 mil, según había dicho a El Observador el diputado Abdala. Cuando asumió su nueva función en el ente estatal su salario pasó a rondar los $ 100 mil.

Abdala ha solicitado en varias oportunidades que Jara renuncie a su cargo en Gas Sayago porque lo considera incompatible con su función de presidenta en Ancap. Su argumento se basa en el Artículo 200 de la Constitución, que dice que los directores de entes no pueden ser nombrados “para cargos en organismos que dependan, directa o indirectamente del instituto de que forman parte”. 

En su momento la exministra de Industria Carolina Cosse defendió a Jara y dijo que el artículo no aplica al caso, porque la funcionaria "no fue nombrada en Gas Sayago después de asumir como presidenta de Ancap", sino al revés. “La reserva de cargos es un uso legendario en Uruguay", añadió Cosse en esa oportunidad.

"No hay una reserva de cargo. Antes de asumir en Ancap pedí licencia sin goce de sueldo que me otorgaron mientras me desempeñe en esa función. En el régimen privado, la empresa (por Gas Sayago) tiene el derecho de desvincularme cuando lo considere conveniente", respondió Jara ante una consulta de El Observador. 

US$ 2 millones para sacar pilotes

En el último balance de Gas Sayago figura una provisión de US$  8 millones por desmantelamiento de las obras de la regasificadora que quedaron en la zona de la bahía de Montevideo. Casaravilla explicó que esa cifra bajará a US$ 2 millones, porque la solución técnica va a ser cortar los pilotes y retirarlos.

En el primer semestre de año Gas Sayago registró pérdidas por US$ 3,7 millones. Aproximadamente US$ 1,5 millones (40%)  correspondió a pérdidas financiera por la evolución del tipo de cambio.

El segundo rubro que más pesó en el resultado negativo fue el arrendamiento que se paga a la Administración Nacional de Puertos (ANP) por siete hectáreas en el obrador de Puntas de Sayago. Mensualmente son US$ 124 mil y en el período fueron US$ 664 mil.

“Es plata que en definitiva queda en casa, porque sale de Gas Sayago, del patrimonio de UTE y Ancap, pero queda en la Administración Nacional de Puertos por un predio que está improductivo. Eso es plata dulce que recibe el puerto y queda en el Estado; es una transferencia que estamos haciendo dentro del Estado que no podemos considerar una pérdida, porque no lo es”, afirmó Casaravilla.

El tercer rubro que más impacto tuvo fue unos US$ 500 mil de sueldos y aportes patronales. También hubo US$ 350 mil de intereses asociados a la deuda con CAF. También figuran honorarios y gastos de consultoría de asesores legales como Posadas y Ferrere, y otros técnicos y profesionales contratado. UTE –como accionista mayoritario– está optando por cancelar las deudas de esa subsidiaria porque están con tasas y condiciones que son superiores a los que puede acceder directamente el ente energético con el sistema financiero.

El paquete accionario de Gas Sayago pertenece en un 79% a UTE y en 21% a Ancap. La semana pasada, el vicepresidente de UTE, César Briozzo, explicó a El Observador que se decidió otorgar una prórroga al llamado de ofertas que hizo Gas Sayago para vender el 100% de las acciones porque uno de los interesados consultó por dudas que tenía sobre los activos de este negocio. La apertura de ofertas por Gas Sayago quedó ahora programa para el 27 de setiembre. 

Juicios por US$ 94 millones