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Gas Sayago cerrará y espera que privados oferten por sus activos, informó Jara

La subsidiaria de UTE y ANCAP trasladó sus oficinas al Palacio de la Luz; dos empresas privadas manifestaron interés y se reunieron con el gobierno

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23 de mayo de 2018 a las 17:15

El controvertido proyecto para la instalación de una planta regasificadora por medio de una empresa estatal, que opera bajo el derecho privado (Gas Sayago), quedó finalmente descartado por el gobierno.
Las autoridades decidieron ponerle punto final a la este empresa cuyo paquete accionario pertenece en un 81% a UTE y otro 19% a ANCAP.

Entrevistada por En Perspectiva de radio Mundo, la presidenta del ente petrolero Marta Jara anunció que el gobierno optó por poner a la venta los "activos importantes" del proyecto, pero no avanzar en ningún tipo de sociedad con un privado como llegó a barajarse en su momento con Shell. "Las condiciones del mercado argentino siguen sin dar suficiente certeza como para asumir los riesgos de instalar esta infraestructura y absorber esos costos", indicó.

Jara comentó que "el objetivo es encapsularlos (por los activos), mantenerlos en Gas Sayago y tenerlos listos para que las partes interesadas, que de hecho ya están apareciendo –ya nos reunimos con un par de empresas–, puedan acceder a esa información, evaluarla y ofertar. Estamos pensando en un mecanismo parecido al que rige para los bloques onshore: se mantiene un data room vivo y los interesados firman un acuerdo de confidencialidad, estudian la data, evalúan el negocio y tienen una frecuencia en la que pueden hacer su oferta. Como si uno mirara la casilla una vez por trimestre, una vez por semestre, y si hay una oferta se puede adjudicar. Pero de ninguna manera se está hablando de liquidar. Quedan algunas actividades importantes para desarrollar", puntualizó la presidenta de ANCAP.

Algunos de los activos que la empresa posee, son estudios y un gasoducto que costó cerca de US$ 70 millones y que construyó la firma brasileña OAS.


Por lo pronto, las oficinas de Gas Sayago que eran alquiladas ya fueron entregadas, y lo que aún queda de esta empresa pasó a funcionar en las oficinas comerciales de UTE en el Palacio de la Luz. "Hay un plan para ir desvinculando a la gente en la medida en que se van cerrando las actividades. Pero siempre en forma ordenada, porque Gas Sayago fue muy exitosa en todo lo que fue litigios, cobrar las garantías, llevar adelante juicios, responder por ejemplo a la comisión investigadora y hay que guardar todos esos registros, hay que hacer un cierre ordenado. La empresa como empresa sigue viva porque mantiene sus activos", insistió.

Agregó que una de las partes "más onerosas del presupuesto es lo que se paga a la ANP en el obrador de Punta Sayago. En la medida en que se cierren algunos de esos puntos, eso se dejará de pagar. Le van a quedar los costos de una empresa "de papel", que tiene un balance, tiene activos, etcétera, pero prácticamente no va a tener operaciones. Porque el proceso de recibir ofertas y atender oferentes lo van a llevar a cabo los accionistas (UTE y ANCAP), que serían quienes venden Gas Sayago".

Según Jara, la ANP quedará con una estructura en la zona de Punta de Sayago valuada en unos US$ 20 millones. En ese sentido, acotó que el ente portuario ya recibió una "montón de activos" cuando hace un par de años se retiró GNLS (el consorcio que había creado GDF Suez y Marubeni para instalar la planta).

Consultada por la reserva de su cargo como gerente general de Gas Sayago sin goce de sueldo, Jara explicó que cuando se cierre la compañía esa condición quedará sin efecto.

Apoyo opositor

El director en representación de la oposición en ANCAP, Diego Labat, dijo a El Observador que estaba de acuerdo con la determinación que tomó el gobierno de iniciar un plan ordenado de liquidación de Gas Sayago. Reconoció que esa determinación no se podía tomar de un día para el otro porque aún hay algunas actividades que tienen que mantenerse activas, hasta que se resuelva su cese definitivo.

Por su parte, el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, cursó este martes un pedido de informes a las dos empresas para determinar, entre otros asuntos, si UTE y Ancap asumirán las pérdidas de la empresa, unos US$ 155 millones, según informó Teledoce.

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