Más presos en libertad vs la "lógica punitivista": los mensajes sobre seguridad en la batalla por la LUC

Mientras que en la coalición multicolor entienden que la ley de urgencia fue vital para bajar de los delitos, en la Comisión Nacional Pro Referéndum, integrada por el Frente Amplio y organizaciones sociales, planea su estrategia para convencer sobre la necesidad de su derogación.

En el gobierno la estrategia se basará en poner las cifras arriba de la mesa, debido a que los números de los delitos a la baja han jugado a su favor. Ese fue uno de los argumentos que dio el ministro Luis Alberto Heber, cuando anunció las últimas cifras de la baja de los delitos el pasado martes. Para Heber, la baja de los delitos había sido en parte “por el dinamismo, movilidad y respaldo político y jurídico que da la LUC”. 

De todos modos, en el Partido Nacional entienden que no pueden quedar atados a las cifras, porque si en un mes los delitos se disparan ya no tendrán esa carta para jugar y el argumento quedará vacío. Por eso, según supo El Observador, preparan, a partir de encuestas y focus groups, la forma publicitaria y el discurso más adecuado para hacer llegar el mensaje que quieren: que la LUC debe quedar efectiva.

Otro argumento que manejarán es que los aumentos de penas por narcotráfico y la eliminación de ciertas medidas alternativas ha hecho que los delincuentes permanezcan en la cárcel, por lo que, si la LUC es derogada, habrá presos que saldrán en libertad. Esto ya fue manejado por Heber y otros integrantes del oficialismo. "Si la sociedad vota por eso, tendremos que ir a abrir a las cárceles para decir 'señor, se acaba de derogar la LUC y por lo tanto la pena que de alguna manera lo llevaba a usted a mantenerse preso para ser reeducado y reinsertado en la sociedad, hoy cayó y por lo tanto usted está hoy en libertad", dijo Heber el 22 de setiembre en un desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM).  

Aparte de los voceros del Ministerio del Interior, en el Partido Nacional tendrán más participación en el tema los senadores Gustavo Penadés y Jorge Gandini, y los diputados Juan Martín Rodríguez, Álvaro Viviano, Rodrigo Blás.

"Mensajes vacíos" y "criminalización de la pobreza"

En el caso de la Comisión Nacional Pro Referéndum, tal como informó El Observador, la discusión en torno a la seguridad no se dará con los integrantes de los pasados gobiernos del Frente Amplio sino con una comisión de tres integrantes que fueron elegidos por la Intersocial Feminista. Los elegidos fueron el abogado Sergio Rodríguez, un blanco independiente de Paysandú que se plegó a la campaña, Mercedes Romero, militante y profesional del Derecho y Natalia Sánchez, también abogada y profesora.

Ellos, como comisión de seguridad, tendrán el rol de asesorar y comunicar los aspectos técnicos y jurídicos de la LUC y enfocarán sus argumentaciones en tres ejes. "La primera es que el gobierno quiso mandar un mensaje diciendo 'acá está el Estado que vino a ejercer su autoridad'", señaló Rodríguez a El Observador. Para él, se trata de "un mensaje vacío" y de muchas leyes que fueron hechas "para la tribuna" porque, según dijo, "si se empiezan a ver las modificaciones legales que la LUC hizo", por ejemplo en el uso de la legítima defensa, donde entienden que "los cambios son prácticamente inútiles" y los instrumentos para ejercerla ya existían previamente. 

Otro de los ejes en los que se basaran para su argumentación es que las modificaciones a la Ley de Procedimiento Policial o al Código de Proceso Penal le dieron más potestades a la policía desdibujaron y trastocaron la estructura de investigaciones. Por ejemplo, la posibilidad de que el policía le tome declaración a un indagado. Para la comisión de seguridad a favor del referéndum, este cambio no hizo más que perjudicar las investigaciones y darles menos garantías a los indagados.

A su vez, el último eje se centrará en la "lógica punitivista" que consideran que tiene la LUC, y que eso se ve, por ejemplo, en el aumento de penas al microtráfico de drogas. "Es la criminalización de la pobreza, pues sabemos que generalmente el microtráfico es estrategia de supervivencia y mayormente regenteado por mujeres solas jefas de familia. Mientras que si un estanciero utiliza galpones no tiene la agravante, una mujer jefa de familia por tener unos pocos gramos tendrá una pena mínima de 4 años", aseguró Rodríguez.