MEC: la alerta por $ 7 millones que no aparecen y que derivó en dos exjerarcas indagados

Da Silveira le propuso un encuentro luego de que asumiera su cargo, el 1º de marzo. "No, tiene que ser antes", le respondió Moraes. Pactaron entonces un encuentro el viernes 28 de febrero, a la tarde. "Quiero que te enteres esto por mí y no que lo descubras por tu lado", dijo Moraes, y le entregó un expediente. El problema: faltaban $ 7 millones que se no se sabía dónde estaban, y sigue sin saberse. 

A eso se le sumó una serie de irregularidades de procedimientos y ausencia de controles por parte de los funcionarios que debían administrar el fondo. Todo esto, que fue relatado a inicios de esta administración por Da Silveira en el Parlamento, ya tiene a varios jerarcas del pasado gobierno como indagados. 

El tema que está vinculado al Fondo de Incentivos Culturales había sido objeto de una investigación en la pasada administración y archivado. Pero fue reactivado por el actual gobierno. 

Lo que se hizo fue presentar ante el Ministerio Público toda la información disponible, ante una serie de “hechos de apariencia delictiva”, según comentó a El Observador un alto jerarca del ministerio. 

Se hizo así, dijo, en cumplimiento de la obligación legal que todo funcionario público tiene de presentar ante la Justicia cualquier elemento del que tome conocimiento y que pueda constituir un delito y evitar, de ese modo, quedar como encubridores. 

Enrique Rodríguez, fiscal de Delitos Económicos, comenzó a investigar el asunto, que involucra a nueve personas. Entre ellos están Hugo Achugar y Sergio Mautone, directores de Cultura en los gobiernos del Frente Amplio, que deberán comparecer próximamente en calidad de indagados. 

El País reportó este miércoles que además se investiga una posible defraudación fiscal a través de este fondo. Se trata de un instrumento mediante el cual las empresas que pagan el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) pueden aportar dinero a un evento cultural (gira, espectáculo, impresión de un libro, entre otras) a cambio de obtener un descuento en el pago de impuestos. 

Este mecanismo es manejado por el Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales (Conaef), que otorga a las empresas los certificados de DGI que permiten la deducción de impuestos por un monto de la donación que se realice.

Lo que el ministerio pudo verificar es que el organismo había entregado certificados a algunas firmas antes de que estas realizaran el depósito de la donación. Este es apenas uno de varios hechos vinculados a la pasada administración que la actual gestión está relevando.

Este es el primero en el que se logra la suficiente información como para dar “un paso más” y presentar el caso a consideración judicial. En otros, se sigue avanzando en relevamientos e investigaciones internas. 

“Si uno tuviera que resumir en pocas palabras las tareas realizadas durante el año, diría que primero consistió en un esfuerzo por poner en orden la casa", había señalado el ministro Da Silveira el año pasado en el Parlamento, al presentar la Rendición de Cuentas. 

TV sin inventario, una casa sin devolver y un piso en ruinas

Uno de estos casos ya tuvo consecuencias prácticas. En una inspección de rutina a varios depósitos vinculados con los viejos Centros MEC, se descubrieron decenas de computadoras, televisores y escritorios que no estaban inventariados y que, por lo tanto, a los efectos del ministerio, no existían. Las autoridades procuran ahora cuantificar el dinero que se gastó en esto ese material y para qué estaba destinado. 

Los Centros MEC fueron eliminados por la actual administración, bajo el argumento de que se habían vuelto “enormemente problemáticos” al punto tal de ser casi una “república independiente”, además de plantear “dificultades enormes” en cuanto al manejo de recursos. 

Donde sí pudieron determinarse responsabilidades específicas fue en la Escuela de Canto Lírico del Sodre. Un funcionario fue severamente sancionado. El problema fue que la pasada administración pretendió entregar una casa en donde funcionaba esa reparticipación y que estaba en alquiler. 

El dueño se negó, alegando que el inmueble había sufrido un severo deterioro y exigiendo una reparación. El Sodre rechazó el planteo, pero tampoco entregó el local y dejó de pagar el alquiler. La actual administración, se señala, pudo llegar a un arreglo que le significó al organismo una pérdida de US$ 40 mil. 

Entre las diferentes dependencias del ministerio en donde se detectó una situación compleja está la Dirección General de Registros. Esa dependencia está ubicada en el Edificio del Notariado, cuya propiedad es compartida con la Caja Notarial y con la Asociación de Escribanos del Uruguay. 

Años atrás, la secretaría recibió intimaciones por parte de la Intendencia de Montevideo y de UTE, por lo que debió enfrentar obras para reformar la instalación eléctrica y los ascensores. Las autoridades afirmaron que tomaron conocimiento de la situación a partir de un informe que les presentó la Caja Notarial, que detallaba lo actuado desde 2016. 

Según Da Silveira, la actual administración tuvo que asumir una deuda en ese sentido de $ 28 millones, cuando el crédito para inversión en inmuebles es de $ 1,5 millones, con los que debe atender 21 locales en todo el país. 

Otra de las irregularidades planteadas estaba relacionada con el Museo Gurvich, que el Estado compró en febrero de 2019 por US$ 2,8 millones. Un día antes de asumir el actual gobierno vencía una cuota de $ 2,75 millones, que hubo que renegociar. 

También se encontraron con deudas originadas por la participación de Uruguay en la Bienal de Venecia, producto de acciones y otros compromisos que se asumieron sin financiación presupuestal. En el caso no había en juego grandes cifras, pero sí el prestigio internacional del país. 

Se trataba de 13 mil euros que habían quedado sin abonar desde 2018, producto de la actividad del pabellón que Uruguay presentó en esa actividad, autorizada sin disponibilidad presupuestal. 

Da Silveira había relatado que había deudas con los propios funcionarios que, también, se habían contraído sin disponibilidad presupuestal, y que contaban con el informe negativo de los contadores de la propia cartera. Correspondían a numerosos trabajadores que se desempeñaron en forma especial en el Fin de Semana del Patrimonio y en la Noche de los Museos de 2019. 

Por primera vez no hubo que pedir

El ministro deberá volver en los próximos días al Parlamento a informar sobre los avances de la investigación en torno a las irregularidades en el Fondo de Incentivos Culturales. Fue convocado en forma unánime por los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados. 

El llamado se produjo a instancias del colorado Felipe Schipani y el nacionalista Álvaro Dastugue. “Si bien el tema está siendo investigado por fiscalía, entendemos que es pertinente que el Parlamento sea informado, en la medida que pueden existir responsabilidades políticas de exjerarcas del ministerio”, apuntó Schipani. 

El informe de gestión del ministerio correspondiente a 2020 ya apuntaba a la herencia recibida por la gestión de María Julia Muñoz. Allí se hablaba de un diagnóstico crítico: “descontrol de gastos, deudas y pagos pendientes, desorden administrativo, vínculos laborales precarios, deudas con el personal y ausencia de un rumbo estratégico”. 

El informe correspondiente a 2021, presentado por el gobierno a principios de este mes ante el Parlamento, habla de otro panorama. 

En el ministerio se indició que, por primera vez en mucho tiempo, se pudo culminar el año  “sin necesidad de recurrir a refuerzos” por parte de Economía y Finanzas. 

El balance indicó que se debe enfrentar una deuda “significativa” con Antel. A la empresa estatal se le llevan cancelados desde marzo de 2020 $ 35 millones. Quedan otros $ 20 millones por pagar.