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Menores reconocerán ante el juez a policías indagados por golpiza
Un agente declaró que un adolescente se cayó y se golpeó solo en el traslado
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12 de septiembre de 2015 a las 05:00
El sistema carcelario para adolescentes tuvo un quiebre el viernes 21 de agosto, cuando el juez Gustavo Iribarren procesó con prisión a 17 y sin prisión a nueve funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) por tortura.
Al día siguiente, el sábado 22, el Sindicato Único del INAU (Suinau) se declaró en huelga y entregó las llaves de tres centros a las autoridades del Sirpa. Unas horas más tarde, el gobierno decretó la esencialidad del servicio. Pero antes de que los funcionarios retornaran a sus tareas, antes de la medianoche, se produjo un motín en el Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación (Ciedd).
Luego de consultar al juez de menores Alejandro Guido y a la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Mirtha Guianze, las autoridades del Sirpa resolvieron trasladar en la madrugada del domingo a los 19 adolescentes recluidos en el Ciedd a un centro en la calle de Burgues. Para ello, solicitaron apoyo a Grupos Especiales de Operaciones (GEO) de la Guardia Republicana. Al llegar al centro de la calle Burgues, varios adolescentes presentaron heridas y lesiones. Los menores aseguraron desde entonces que fueron golpeados por los policías durante el traslado.
A su vez, en Burgues, los adolescentes estuvieron esposados a camas y entre sí desde la madrugada hasta la tardecita del domingo por falta de candados. El juez Nelson Dos Santos inició una investigación de oficio para indagar sobre los golpes recibidos por los adolescentes y el posterior encadenamiento. Además, se presentaron en el juzgado varias denuncias cruzadas.
La presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, una de las denunciantes, declaró el miércoles pasado en el juzgado que los funcionarios no acataron la esencialidad y que abandonaron sus tareas, lo que generó el motín. Por su parte, el presidente del Suinau, José Lorenzo López, declaró unas horas más tarde que el acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo establecía que los funcionarios retomarían sus tareas luego de que se realizaran requisas. Además, agregó que las autoridades del Sirpa son las responsables del encadenamiento de los adolescentes en el centro de la calle Burgues durante más de 16 horas.
Por su parte, los adolescentes reiteraron en el juzgado que fueron golpeados por policías durante el traslado. Algunos de ellos, incluso, aseguraron que recibieron golpes antes del traslado, en el Ciedd, ante la mirada del juez Guido.
Los policías negaron haber golpeado a los adolescentes. Uno de ellos declaró que un menor se cayó durante el traslado y se golpeó solo, informaron fuentes del caso a El Observador.
El juez Dos Santos le solicitó a Guido que presentara un informe sobre lo sucedido. A su vez, dispuso que los adolescentes reconozcan a los policías que, supuestamente, los golpearon. Esa audiencia se realizará entre el 21 y el 27 de setiembre en el juzgado de calle Bartolomé Mitre, porque ese juzgado cuenta con una sala especial, con vidrios espejados, que permite el reconocimiento sin que el sospechoso pueda ver a quien lo señala.
El magistrado también solicitó una ampliación de su informe incial al médico forense que constató lesiones en varios adolescentes.
Al día siguiente, el sábado 22, el Sindicato Único del INAU (Suinau) se declaró en huelga y entregó las llaves de tres centros a las autoridades del Sirpa. Unas horas más tarde, el gobierno decretó la esencialidad del servicio. Pero antes de que los funcionarios retornaran a sus tareas, antes de la medianoche, se produjo un motín en el Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación (Ciedd).
Luego de consultar al juez de menores Alejandro Guido y a la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Mirtha Guianze, las autoridades del Sirpa resolvieron trasladar en la madrugada del domingo a los 19 adolescentes recluidos en el Ciedd a un centro en la calle de Burgues. Para ello, solicitaron apoyo a Grupos Especiales de Operaciones (GEO) de la Guardia Republicana. Al llegar al centro de la calle Burgues, varios adolescentes presentaron heridas y lesiones. Los menores aseguraron desde entonces que fueron golpeados por los policías durante el traslado.
A su vez, en Burgues, los adolescentes estuvieron esposados a camas y entre sí desde la madrugada hasta la tardecita del domingo por falta de candados. El juez Nelson Dos Santos inició una investigación de oficio para indagar sobre los golpes recibidos por los adolescentes y el posterior encadenamiento. Además, se presentaron en el juzgado varias denuncias cruzadas.
La presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, una de las denunciantes, declaró el miércoles pasado en el juzgado que los funcionarios no acataron la esencialidad y que abandonaron sus tareas, lo que generó el motín. Por su parte, el presidente del Suinau, José Lorenzo López, declaró unas horas más tarde que el acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo establecía que los funcionarios retomarían sus tareas luego de que se realizaran requisas. Además, agregó que las autoridades del Sirpa son las responsables del encadenamiento de los adolescentes en el centro de la calle Burgues durante más de 16 horas.
Por su parte, los adolescentes reiteraron en el juzgado que fueron golpeados por policías durante el traslado. Algunos de ellos, incluso, aseguraron que recibieron golpes antes del traslado, en el Ciedd, ante la mirada del juez Guido.
Los policías negaron haber golpeado a los adolescentes. Uno de ellos declaró que un menor se cayó durante el traslado y se golpeó solo, informaron fuentes del caso a El Observador.
El juez Dos Santos le solicitó a Guido que presentara un informe sobre lo sucedido. A su vez, dispuso que los adolescentes reconozcan a los policías que, supuestamente, los golpearon. Esa audiencia se realizará entre el 21 y el 27 de setiembre en el juzgado de calle Bartolomé Mitre, porque ese juzgado cuenta con una sala especial, con vidrios espejados, que permite el reconocimiento sin que el sospechoso pueda ver a quien lo señala.
El magistrado también solicitó una ampliación de su informe incial al médico forense que constató lesiones en varios adolescentes.
