El Ministerio del Interior anunció este miércoles la creación de un fideicomiso para financiar la construcción de tres barracones carcelarios, debido al hacinamiento de las prisiones uruguayas. Además, hará un llamado de interés a empresas para inversiones informáticas dentro de la Dirección Nacional de Identificación Civil y para el control fronterizo, según dijo el ministro Luis Alberto Heber.
"Estamos muy preocupados, producto del éxito que se esta teniendo en el combate al delito, (por) las consecuencias que implica el sistema carcelario, que no esta en condiciones y está totalmente colmado. Hay casos de hacinamiento que nos tienen muy preocupados”, sostuvo Heber en conferencia de prensa tras el primer acuerdo ministerial que mantuvo con el presidente Luis Lacalle Pou desde que asumió en la cartera de seguridad.
Serán tres cárceles en el interior del país, a lo que el ministro llama "barracones", en Treinta y Tres, Artigas y Tacuarembó. Además de tres módulos nuevos: uno en el Penal de Libertad y dos en la chacra del Penal de Libertad (Unidad N°2), confirmó a El Observador el Ministerio del Interior. Todos se incluirán en el fideicomiso. Los barracones, previstos para algo más de 460 plazas, funcionarán para albergar a presos primarios, de baja peligrosidad y que no representen un riesgo.
Se trata de un fideicomiso a largo plazo para inversiones en el Ministerio del Interior. Se reunirá con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, para ajustar temas económicos.
"Es una cifra importante, que todavía no hemos podido terminar de estimar. En un principio se dijo de US$ 80 millones. Nosotros creemos que, afinando el lápiz y dimensionando estos barracones, esa cifra bajará a US$ 50 millones, según nuestro pronóstico que todavía no está sustentado en números reales. Las dimensiones que se hicieron en primera instancia estaban exageradas”, explicó Heber, quien tuvo el visto bueno del mandatario para anunciar el plan.
Heber le planteó a Lacalle Pou que el fideicomiso pueda ser incluido en la actual rendición de cuentas. Podrá ser financiado por afaps, el Banco República o sectores privados que inviertan y tengan ganancias producto del adelantamiento de dinero. La “credibilidad que pueda tener ese fideicomiso es en función de lo que nosotros estemos diciendo”, añadió.
En tanto, la inversión en el sistema informático refiere a recursos de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que corresponde a Interior y que necesita un “recambio” de computadoras, hardware y software, según expuso Heber. Hoy “no tenemos un sistema eficaz de identificación” en las fronteras del país y se necesita “estar totalmente blindados”, señaló.
En ese sentido, se hará un llamado de interés a empresas para invertir US$ 1,5 millones. El nuevo sistema permitirá al Ministerio del Interior tener más información, que luego será vendida a instituciones que la requieran, explicó el ministro.
Heber insistió este miércoles en que su ministerio necesita 500 vehículos más y 1.000 nuevos policías porque –como informara El Observador– hay 4.800 trabajadores certificados. "Esto no puede seguir así. Si hay gente que tiene incapacidad parcial se las atenderá porque el policía está en riesgo, pero hay gente que abusa y está certificándose”, apuntó el ministro.
Explicó que algunos funcionarios “reiteran certificados una y otra vez”, en tiempos cuando se necesita más gente y más patrulleros. Hoy hay una flota de 5.000 autos. De esos, 2.000 son motos pero 1.000 están en estado de deterioro. “No sirven para nada. Tenemos la mitad de las motos”, expresó Heber, quien añadió que “fueron malas compras que se hicieron en el pasado porque no han durado nada y muchas de ellas no tienen el sistema de recambio”.
De los 2.700 camionetas, camiones y ómnibus, solo hay 1.900 en la calle, “que además están en mal estado”, dijo. Sobre los 500 vehículos que pide, principalmente camionetas, señaló: “No creo que lleguemos pero podemos llegar a tener la mitad este año”.
El Ministerio del Interior solicitó a la Junta Nacional de Drogas que los vehículos decomisados sean utilizados por la policía. Pero “la burocracia del Estado es muy lenta. (El Estado) indignantemente lento”, consideró.
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