El incendio fue el 8 de julio de 2010

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Ministerio del Interior no apeló e indemnizará a familiares de víctimas del incendio en la cárcel de Rocha

La causa penal prescribió en 2020. Los familiares habían pedido ayuda a Lacalle para que se desarchivara
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04 de junio de 2022 a las 21:50

El Ministerio del Interior decidió no apelar el fallo y pagará más de 1,1 millón de dólares por el concepto de daños y perjuicios a los familiares de los damnificados en el incendio de la cárcel de Rocha, informó Montevideo Portal y confirmó El Observador. El 8 de julio del 2010 12 reclusos murieron y ocho quedaron heridos. 

Un fallo del juez Rafael Gómez determinó que la cartera debía pagar indemnizaciones de US$ 3.000 a US$ 270.000. Luego de eso, tuvieron 14 días hábiles para analizar si apelarían la medida. Llegado el momento, decidieron no hacerlo. 

“Este decisor entiende que se ha acreditado en autos, de manera contundente y de sobra la existencia de sufrimiento de las víctimas, existiendo plena evidencia de tal sufrimiento (...) Se entiende que el sufrimiento ha existido (...) viendo la no existencia de una respuesta efectiva, y viendo cómo sus vidas se les iba”, expresó el juez en la sentencia. 

El ángulo penal

La indagatoria estuvo a cargo de la jueza Marcela López, quien tras dos años y medio de investigación determinó que "ni fue posible" definir responsabilidad penal alguna contra nadie ni atribuir el origen del incendio en el cual murieron 12 presos. 

La magistrada, en un fallo emitido en diciembre de 2012, coincidió con la postura de la fiscal Adriana Rocha en cuanto que “no corresponde desde un enfoque garantista del proceso penal hacer imputaciones indefinidas por si las mismas se adecuan o no a una conducta antijurídica determinada”.

López entendía que no era posible encontrar pruebas que comprometieran a algún presunto responsable. “Tampoco se prevé que la prueba pueda mejorarse luego de más de dos años de iniciadas las actuaciones”, decía el fallo. 

El caso prescribió en 2020. En ese momento, los familiares de los damnificados le pidieron ayuda al presidente, Luis Lacalle Pou, para que la causa se desarchive. 

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