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A punto de que el caso prescriba, padres de recluso que murió incendiado en Rocha piden ayuda a Lacalle

Mario Barrios y Mariela Sosa le enviaron una carta al presidente para hiciera "todo lo que esté a su alcance" con la finalidad de que la causa, archivada en 2012, se reabra y se encuentren responsables por la muerte de 12 presos

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07 de julio de 2020 a las 05:04

Por Aníbal Falco y Joaquín Silva

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió días atrás una carta firmada por los padres de uno de los reclusos que murieron en el incendio de la cárcel de Rocha el 8 de julio de 2010, en la que le solicitan que "efectúe todo lo que está a su alcance" para que el caso se desarchive y continúe la investigación penal.

La indagatoria estuvo a cargo de la jueza Marcela López, quien tras dos años y medio de investigación determinó que "ni fue posible" definir responsabilidad penal alguna contra nadie ni atribuir el origen del incendio en el cual murieron 12 presos.

Este miércoles 8 de julio se cumplirán 10 años de aquella tragedia, lo que significa que la presunta responsabilidad de las autoridades de la cárcel pasa a prescribirse, puesto que la ley indica que todo delito cuya pena máxima no rebase los 10 años –el homicidio culpable tiene ocho–, deja de perseguirse al cumplirse una década.

"Solicitamos por favor que efectúe todo lo que esté a su alcance, para que el expediente se desarchive y continúe la investigación antes que se cumplan los 10 años. Sería inadmisible para nosotros ver que una tragedia de esa magnitud, con doce víctimas fatales, quede sin ningún responsable", dice la misiva.

La carta, firmada por Mario Barrios y Mariela Sosa –padres de Matías Barrios, quien murió con 19 años– fue entregada al referente blanco en Rocha José Carlos Cardoso hace aproximadamente 15 días, informó La Diaria. El exsenador confirmó a El Observador que el documento ya fue enviado al presidente. 

"Demás está decir que los abogados y familiares de las víctimas pudieron escuchar a muchos de los reclusos que estuvieron (en) esa trágica madrugada fría del 8 de julio de 2010, con relatos que difieren totalmente de lo expresado por la jueza. Hay audios y videos que lo confirman", dice también la carta.

La jueza López, en un fallo emitido en diciembre de 2012, coincidió con la postura de la fiscal Adriana Rocha en cuanto que “no corresponde desde un enfoque garantista del proceso penal hacer imputaciones indefinidas por si las mismas se adecuan o no a una conducta antijurídica determinada”.

La magistrada entendía que no era posible encontrar pruebas que comprometieran a algún presunto responsable. “Tampoco se prevé que la prueba pueda mejorarse luego de más de dos años de iniciadas las actuaciones”, decía el fallo. 

Durante este tiempo, no obstante, Barrios y Sosa –y otros familiares de víctimas– lo intentaron. "Siempre estuvimos buscando", dijo ella.

"Pero ya nos dijeron que es prácticamente imposible. Tendría que hacerse un peritaje a algo en el que se note, por casualidad, algo diferente, o que algún funcionario policial cambiara su declaración, algo todavía más difícil", lamentó Sosa, en diálogo con El Observador.

Fuentes del Poder Ejecutivo consultadas por el tema señalaron que los únicos que pueden "interrumpir la prescripción son los accionantes" de la causa, es decir, los propios familiares de las víctimas.

La reacción en la cárcel

Luego de todas las pericias realizadas en la indagatoria, la jueza López entendió que el incendio había sido "causado por un caso fortuito (caída de una sábana, manta de uno de los reclusos de la celda sobre un calefactor)”. 

De acuerdo a la declaración que hizo en su momento el subjefe de Policía de Rocha, Celso Sosa, el fuego se desató en el interior de una de las celdas, que fue “imposible” de abrir por la rapidez con que se propagaron las llamas.

Durante la investigación, se realizaron tres pericias técnicas –la de Bomberos, la del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y una a cargo del ingeniero Roberto D’Aliello– que determinaron una demora de las autoridades de entre 2 minutos y medio y ocho minutos en reaccionar ante el fuego .

D’Aliello señaló que la alerta recién pudo darse cuando se visualizaron las llamas por parte de la funcionaria policial desde la garita en la que estaba apostada, lo que, según sus cálculos, fue a los seis minutos aproximadamente de iniciado el incendio.

“La mayoría de las víctimas, por un intento de protegerse de las llamas, fueron hacia el baño, el lugar con menor ventilación, quedando totalmente expuestos frente al humo. Las víctimas que sobrevivieron quedaron junto a las rejas de la puerta y pudieron respirar una mezcla de aire que probablemente hizo la diferencia con los fallecidos”, relató López en su sentencia.

En opinión de la magistrada, con todos los elementos de fácil combustión, en un ambiente cerrado y con hacinamiento, “es razonable pensar que la concentración de una mezcla de gases altamente tóxica surge con mucha rapidez”.

“La intoxicación limita la capacidad de respuesta de las víctimas y si la exposición continúa sobreviene la somnolencia , coma y muerte en pocos minutos”, concluyó López.

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