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Nueva tasa de Cosse abre un frente con Cámara de Industrias por gestión de envases
“Vamos a enviar a la Junta Departamental un proyecto para generar un nuevo ingreso que deberán pagar las empresas que son grandes generadoras de residuos”. El anuncio de la intendenta Carolina Cosse fue uno de los puntos álgidos –y más ovacionados por la militancia– en el acto del club Stockolmo, en que adelantó los nuevos lineamientos para limpieza y saneamiento, y dejó en evidencia las apuestas que quedaron por el camino ante la negativa de la oposición al préstamo del BID.
La jerarca sostuvo que dicho tributo –al que puertas adentro están definiendo como una tasa sobre determinados productos de modo de paliar el gasto en que incurren como comuna a la hora de recolectarlos– "también va a ser un incentivo para que las empresas generen menos residuos y se plieguen a planes de economía circular".
Consultado por El Observador, el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi se limitó a decir que el proyecto no está culminado y evitó dar cualquier cifra sobre el alcance o la magnitud de la tasa. Desde su entorno entienden que la nueva carga tributaria no debería impactar en el precio final al consumidor.
La ley establece hoy la responsabilidad de los generadores de recuperar los envases vertidos al mercado –y descartados luego en las basuras de cada hogar–. Sin embargo, pese al Plan de Gestión de Envases (PGE) de la Cámara de Industrias (CIU) con plantas de clasificación en seis departamentos y contenedores especiales a las salidas de las grandes superficies, solo se recupera el 4% del total declarado.
En los hechos, quiere decir que la mayor parte acaba siendo gestionada por los camiones recolectores de contenedores o las cuadrillas de la comuna.
No obstante, el anuncio de Cosse no cayó bien en la Cámara, cuyo presidente Alfredo Antía afirmó a El Observador que vieron "con sorpresa" la nueva medida. La institución culminó a comienzos de año un esquema de trabajo junto a la consultora Ventus y Reacción y la compañía Veloia, a través del que pretende reformular el actual PGE y plantea la creación del plan VALE. Esa hoja de ruta ya tiene el visto bueno del Área de Información, Planificación y Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, y falta la aprobación final del ministro Adrián Peña.
El nuevo plan proyectado por la CIU supone una inversión entre ocho y doce veces mayor que el PGE, con cifras de entre US$ 40 y US$ 50 millones para disponer 29 plantas de clasificación en todos los departamentos –hoy solo hay en seis (cuatro en Montevideo)– y otros 9.000 puntos de devolución –como los contenedores de las grandes superficies–.
Los cambios apuntan a cumplir con los requisitos planteados en las recientes resoluciones del Ministerio, que exigen que para diciembre de 2023 exista una recuperación del 30% de los envases y que dicho porcentaje ascienda al 50% para 2025. Esa medida había generado a mediados del año pasado un cruce entre Antía y el ministro respecto a la necesidad de retocar el sistema de clasificación actual.
"Es un esfuerzo enorme, un desafío gigantesco que requiere dinero, inteligencia, cintura con las intendencias, donde todos vamos a salir ganando; llama la atención que la intendencia ahora hable de esto", sostuvo el presidente de la gremial. Antía explicó que la nueva apuesta de la Cámara es la alternativa para dejar de lado la aplicación de un impuesto sobre los envases –prevista por ley de residuos del 2019–, que fue descartada por las autoridades para no aumentar los impuestos en este contexto.
"O vamos por un impuesto específico que recauda un estimado de US$ 120 millones, o vamos por lo que hagan los privados, que requiere un esfuerzo enorme y de mucha cintura para hablar con 19 gobiernos departamentales", sentenció Antía.
El ministro Peña –que como líder del sector Ciudadanos pidió a la bancada del Partido Colorado que diera su voto al préstamo en la Junta– se reunirá el miércoles con el equipo de Cosse para conocer la propuesta al detalle. "Más allá de lo discutible, el préstamo tenía un componente importante donde unos US$ 8 millones eran para hacer funcionar las plantas. Eso ahora no está, entonces la gestión de envases tiene una parte en que se solapan", declaró a El Observador.
El jerarca apuntó que el proyecto frustrado de Cosse tenía una "mirada holística": "Cuando una parte falta, trae cambios en la estructura, y ahora hay que ver cómo se reordena", dijo. En otras palabras, que la preocupación de la gremial consiste en que "si tenía que poner por un lado, ahora también va a tener que poner por el otro", para compensar el componente frustrado del crédito del BID.
Una de las incógnitas sobre la mesa consiste en cómo la IM prorratearía la nueva tasa por producto, dado que las industrias declaran los materiales que vierten al mercado a nivel nacional, por lo que no está contemplado el dato de cómo se distribuyen por departamentos.
"Estamos generando un plan de primer mundo –donde los países tienen PBI per cápita de US$ 40 mil, US$ 50 mil o más–, y nosotros que tenemos uno de US$15 mil queremos sacar hasta la última moneda de nuestras billeteras para encarar algo que es muy costoso, en un momento en que estamos saliendo de una crisis, y que es muy difícil pensar que esto no repercuta en los precios", adelantó Antía.
"Nos ponemos obligaciones que son muy buenas, muy saludables, compartibles, pero que de algún modo tenemos que pagarlas", sentenció el industrial.
