El consenso estaba dado en la necesidad de trabajar sobre la temática de la basura, pero los roces surgieron en el cómo. Fue así que la ley de Gestión Integral de Residuos se aprobó en setiembre de 2019 con el apoyo del Frente Amplio y los reparos de la entonces oposición a uno de los puntos más polémicos, que consistía en gravar determinados productos que se lanzaran al mercado con el Impuesto Específico Interno (Imesi).
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