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Organismo que denegó acceso a cárceles a Nada Crece a la Sombra no tenía potestad para hacerlo

El INR asegura que el Consejo de Política Criminal y Penitenciaría "dictaminó" que aquellos sin convenios vigentes no pueden ingresar a las cárceles, pero según la ley el consejo es asesor

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06 de septiembre de 2021 a las 05:00

Las internas entre el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la organización civil Nada Crece a la Sombra explotaron a mitad del mes pasado, y el 24 de agosto sumaron un nuevo capítulo: desde el INR se les notificó que tenían prohibido el acceso a las cárceles por carecer de convenios vigentes, a partir de una decisión que había tomado el Consejo de Política Criminal y Penitenciaría. Luego de eso, Nada Crece a la Sombra publicó en sus redes sociales los dos convenios que dicen tener vigentes. Según una comunicación a la que accedió El Observador fechada el 1º de setiembre, el INR (representado con la firma del director Luis Mendoza), manifiesta que remitirá el planteo de la organización al consejo. 

Desde la organización se planteó una serie de reparos contra la medida. Por un lado, se habla de que esta fue "dictaminada" por el mismo organismo. El Consejo de Política Criminal y Penitenciaría fue creado por la Ley de Urgente Consideración (LUC) y está conformado por representantes del Ministerio del Interior, el INR, Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y el Ministerio de Educación y Cultura. En la mencionada comunicación se explicita que este organismo es un "órgano honorario asesor colegiado", y lo mismo estipula el artículo 88 del capítulo VII de la sección de Seguridad Pública en la LUC. El artículo 91, en tanto, enumera sus competencias en índices del "A" al "L", y se utilizan las palabras "asesorar", "recomendar", "recopilar y evaluar", "dar su opinión", "elaborar anteproyectos de ley", "proponer lineamientos", "proponer", "diseñar" y "revisar". 

Desde Nada crece a la sombra se comunicaron con representantes de Fiscalía, quienes les confirmaron que es un error expresar que el Consejo dictamina, puesto que no resuelve, sino que asesora y sugiere. El artículo 92, de todas formas, resalta que "el Poder Ejecutivo procurará que la labor, acciones y recomendaciones (...) sean reconocidas y tenidas en cuenta por todos los órganos del Estado que tengan injerencia en la materia". 

Según expresó Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior a Subrayado, la decisión de prohibir el ingreso de aquellos que no tienen convenios vigentes —entre los que se incluyó a Nada Crece a la Sombra— “lo dispusieron ellos (refiriéndose al Consejo de Política Criminal y Penitenciaría) y no lo dispuso ni el Ministerio del Interior ni el ministro”. También sostuvo que se estaban "analizando los distintos contratos que tienen". Una fuente presente en la reunión en la que se tomó la decisión a la que consultó El Observador resaltó fue una sugerencia, porque el Consejo no adopta resoluciones sino que recomienda. González agregó que el Consejo está en un proceso de unificar criterios de ingreso a las cárceles

Los convenios que Nada Crece a la Sombra acusa que Interior no tuvo en cuenta

El jueves 26 de agosto Nada Crece a la Sombra envió un correo a diferentes autoridades del INR, Ministerio del Interior —incluido el ministro Luis Alberto Heber— y Prosecretaría de Presidencia en el que se adjuntaron los documentos de los convenios y en el que se explicó por qué seguían vigentes. 

La organización hizo públicos dos convenios. Uno en ejecución con Presidencia y el Ministerio del Interior para hacer talleres educativos en cárceles, por el que fueron transferidos $ 3.620.000 el 23 de abril de 2021, “que permanecen pendientes de ejecución a la espera de que el Ministerio del Interior cumpla con las obligaciones que asumió en el convenio”.

Ese convenio está fechado el 26 de diciembre de 2019, y en la sección donde están determinados los plazos y las condiciones de rescisión se manifiesta: "El presente convenio entrará en vigencia a partir de su firma por un plazo máximo de un año previa finalización de la ejecución del proyecto". La organización expone, entonces, que el contrato vencía el 26 de diciembre de 2020 (si así lo pretendiera alguno de los firmantes) o cuando se termine de ejecutar el proyecto. Argumentan que el proyecto aún no concluyó porque tienen $ 3.620.000 pesos transferidos a su cuenta el 23 de abril de 2021 que deberían ser utilizados. Además, el convenio agrega que es causal de rescisión "el incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes que no provenga de causa extraña, caso fortuito o fuerza mayor". La organización señala que eso no ocurrió. 

Este convenio indica que es obligación del Ministerio del Interior y del INR permitir el acceso a los establecimientos. 

El segundo convenio al que hacen referencia es el Plan de Salud Sexual y Reproductiva, firmado el 13 de julio de 2021, “que garantiza la atención ginecológica integral a todas las mujeres privadas de libertad en el país”. “Cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, ASSE, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y el Sindicato Médico del Uruguay. Es uno de los doce puntos del ‘Plan Dignidad’, que plantean que es la ‘primera vez en la historia’ y es ‘a partir de este acuerdo’ que se brinda este derecho a las mujeres que están presas”, apunta el comunicado de Nada Crece a la Sombra. 

El convenio difundido sostiene que su plazo "será de 7 meses a partir de la suscripción del mismo, el cual podrá ser prorrogado automáticamente por igual período, salvo que alguna de las partes manifieste lo contrario con una anticipación no menor a 30 (treinta) días del respectivo vencimiento, mediante telegrama colacionado u otra comunicación auténtica". Las causas para disolverse son dos: el "incumplimiento de alguno de los términos y condiciones establecidas" o por "mutuo consentimiento mediante documento escrito entre las partes". 

En su comunicado, Nada Crece a la Sombra pide explicaciones de por qué se les niega el ingreso. La respuesta del INR reza: “Referente a la publicación realizada por vuestra ONG en medios de comunicación en cuanto la prohibición de ingreso a unidades de privación de libertad la cual fue dictaminada por el Consejo de Política Criminal y Penitenciaría (…) así como las consultas pertinentes sobre las acciones que estos acuerdos establecían, es que el Instituto Nacional de Rehabilitación (…) remitirá su planteo al Consejo de Política Criminal y Penitenciaría (…) que es quien evacuará sus dudas”. 

Denisse Legrand, líder de la organización, dijo en el programa de Canal 10 Arriba Gente que se contactaron con representantes de la Fiscalía en el Consejo y que a la hora de tratar el tema en primera instancia —antes de la primera comunicación— no se los había puesto en conocimiento sobre estos convenios. "No quiero creer que se tomó una decisión desconociendo que existían estos convenios, sino que indujo a error a otras instituciones”, expresó. 

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