Otro año de silencio: gobierno reivindica transparencia, mientras familiares reclaman avances

La respuesta, hasta ahora, ha sido un silencio solo interrumpido a cuentagotas. 

La 26ª Marcha del Silencio, celebrada este jueves de forma virtual por segundo año consecutivo debido a la pandemia, volvió a colocar sobre la agenda el postergado reclamo de información acerca de los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). 

Y en este caso, a diferencia del 2020, la conmemoración llega cuando ya ha pasado más de un año desde el cambio de gobierno; un año en el que las discusiones vinculadas a asuntos de derechos humanos y al pasado reciente no fueron ajenos, pero en el cual no se registró ningún avance concreto respecto al paradero de los desaparecidos. 

Mientras que desde el gobierno reivindican la "transparencia" con la que se ha abordado la cuestión, así como el "permanente contacto" con los familiares de las víctimas, desde las organizaciones civiles cuestionan la falta de información valiosa y reclaman que el Poder Ejecutivo intime a los militares a dar todos los datos que estén a su alcance. 

Los hitos que destaca el Ministerio de Defensa, en poco más de un año de gobierno, incluyen la difusión de las actas del Tribunal de Honor que en 2006 juzgó el accionar de Gilberto Vázquez, la constitución de una comisión especial en el Parlamento para tratar ese tema, el desarchivo de las actas de la comisión investigadora sobre la desaparición de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, el comienzo de un proceso de revisión curricular en el Ejército Nacional y el reciente hallazgo y difusión de documentos que se encontraban en la unidad de Artillería nº5.

Nada de eso, a juicio de los familiares, es suficiente. "A mí me preocupa que dos veces le planteamos al ministro de Defensa (Javier García) que había que dar la orden a los militares de entrega de toda la información. Dos veces el ministro nos respondió que toda la información que recibiera nos la haría llegar. No hubo un compromiso para apretar la clavija para que este tema de una vez se solucione", dijo Ignacio Errandonea, integrante del colectivo Madres y Familiares entrevistado por Desayunos Informales.

Errandonea (hermano de Juan Pablo Errandonea, desaparecido en 1976) saludó y ponderó especialmente la "actitud del gobierno" de hacer pública la información, pero señaló que "no puede ser a cuentagotas" y en el caso de los documentos de la unidad de Artillería advirtió que "queda más de la mitad del archivo" por conocer.

A principios de mayo, el Ministerio de Defensa encontró una serie de archivos con información sobre la actuación de dos órganos represivos previo al golpe de Estado de 1973, y durante los primeros años de la última dictadura militar. El 11 de mayo, el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de García hicieron entrega de los documentos al fiscal de Corte, Jorge Díaz, a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y luego a Madres y Familiares, antes de publicar todos los folios en la web.

La información, contenida en cinco libros y dos carpetas, fue encontrada en el Grupo de Artillería Nº 5 de Montevideo, y hace referencia a actividades de inteligencia y operaciones militares realizadas por el Servicio de Información y Defensa (SID) y el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Para el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, el hecho de que los datos estén vinculados a esos dos organismos es de suma importancia. "Si está relacionado al OCOA y al SID siempre es sumamente importante porque fueron los órganos más represivos de la dictadura", dijo el fiscal a El Observador. Y valoró: "Todo documento que se encuentre de la dictadura y que salga a la luz es importante, y ahora habrá que analizar".

Tanto el fiscal de Corte, Jorge Díaz, como los integrantes de la INDDHH valoraron la información como valiosa, aunque desde Familiares cuestionaron que no alcanza para avanzar en el paradero de los desaparecidos. "Es más de lo mismo, y lo más probable es que no tengan nada sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos para encontrarlos", dijo por ejemplo Nilo Patiño, integrante del colectivo.

En el Ministerio de Defensa, no obstante, reivindican que han puesto todo el material a disposición, para que los organismos correspondientes y las organizaciones interesadas en ello puedan hacer sus valoraciones.  

"Todo la información que se nos ha solicitado, y también la que hemos hallado, la hemos gestionado y compartido como corresponde", dijo a El Observador el director de Secretaría del ministerio, Fabian Martínez.

Sobre las excavaciones, dijo que "se sigue buscando, con las medidas cautelares en el Batallón 14, y respaldando logísticamente donde el ministerio pueda aportar". "Hacemos todo lo que está al alcance, y damos cumplimiento estricto del mandato judicial. Estamos sometidos a lo que el Poder Judicial nos ordene", señaló.

Martínez dijo que "no es competencia del ministerio" hacer "valoraciones" sobre la valía de la información obtenida, sino que el rol de la secretaría de Estado es estar "a disposición" y poner en conocimiento de otros organismos todo el material posible. "Damos el material y no hacemos valoraciones. Fiscalía, el Poder Judicial, Familiares, La INDDHH: todos hacen sus apreciaciones, y son legítimas, a partir de ello", concluyó el jerarca. 

Actas 

El primer año de gobierno de la coalición multicolor no estuvo exento de discusiones sobre el pasado reciente, tanto en la interna de la coalición como con el Frente Amplio. 

Uno de los capítulos de mayor tensión se vivieron con la discusión del desafuero de Guido Manini Ríos –acusado por el fiscal Rodrigo Morosoli de no haber denunciado confesiones de los represores José Nino Gavazzo y Jorge Silveira ante un Tribunal de Honor–, así como la difusión –en medio del trámite parlamentario respecto al desafuero– de otras actas del Tribunal de Honor de 2006 en las que el represor Gilberto Vázquez también confesó torturas y ratificó la existencia de un segundo vuelo. 

Finalmente, salvo por los votos de los dos senadores de Ciudadanos, la coalición negó el pedido de desafuero del líder de Cabildo Abierto, en contra del reclamo –entre otros– de la organización Familiares. 

La difusión de las actas de Gilberto Vázquez, a partir de un pedido de acceso a la información que había sido denegado durante los gobiernos del Frente Amplio, fue utilizado desde el oficialismo como argumento para resaltar la "mayor transparencia" tras el cambio de gobierno. 

Ante la divulgación de esas actas, la vicepresidenta Beatriz Argimón decidió darle estatus parlamentario al tema y se creó una comisión en el Senado para analizar los documentos. En paralelo, se levantó el secreto de los archivos de la comisión investigadora sobre la desaparición de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y se envió la documentación al juez Daniel Rafecas, de Argentina, en el marco de una investigación sobre la existencia de otro centro de detención sito al fondo de automotores Orletti, sobre la calle Bacacay, en el barrio Floresta de Buenos Aires.

Este jueves, en la previa de la Marcha del Silencio, el Parlamento encabezó un homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz. "Homenajeamos esta mañana en el Parlamento a los legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y a Zelmar Michelini, asesinados en mayo de 1976. Tenemos que construir un puente intergeneracional que debe tener siempre como mira una mejor democracia", escribió en Twitter la vicepresidenta Argimón. El mensaje contó con un "me gusta" del presidente Luis Lacalle Pou, quien no se expresó públicamente sobre el tema en la jornada.