Para Pérez Manrique peligra espíritu del nuevo código con modificación propuesta por Ministerio del Interior

Pérez Manrique explicó que "el elemento central del nuevo código era preservar el principio de inocencia y que vayan a la cárcel solo personas con una condena, salvo excepciones previstas por la ley", por lo que, con la modificación propuesta por el proyecto de ley "en buen romance, el Poder Ejecutivo vuelve al sistema anterior".

Con el código vigente hasta el 31 de octubre, la prisión preventiva era la norma en los delitos más graves, mientras que en el nuevo sistema penal se pretendía que esta medida solo se aplicara en aquellos casos en los que el fiscal pudiera demostrar que el indagado tiene intenciones de fugarse para eludir a la justicia o frustrar la investigación.

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"El nuevo código fue la culminación de un larguísimo proceso en el que se tendió a ajustar el procedimiento penal de Uruguay a los Derechos Humanos y a la propia Constitución donde rige el principio de inocencia, es decir que hasta que no hay una condena (un indagado) no es culpable de un delito, por más que haya semiplena prueba y se pueda tomar una medida cautelar", apuntó.

En setiembre de 2017, antes de que se aplicara el código, la amplia mayoría de los presos (7.558 de los 11.031 que había en todo el sistema) no tenían condena, es decir cumplían prisión preventiva pero a ojos de la Justicia seguían sin ser culpables de ningún delito. Eso comenzó a ser revertido por el nuevo CPP, cuando la prisión preventiva dejó de ser la norma para convertirse en la excepción.

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Según dijo el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, eso llevó a que hubiera 1.200 presos menos, lo que con tasas de reincidencia de entre 50% y 60%, hay unas 600 o 700 personas "cometiendo hurtos", que si bien antes estuvieron detenidos, recuperaron la libertad porque la prisión preventiva que se les hubiera aplicado si estuviera vigente el Código anterior, no aplica en el nuevo sistema penal, razonó el jerarca. Es justamente este uno de los puntos que pretende modificar la ley elaborada por la cartera.

La respuesta policial

El proyecto de ley enviado por el Ministerio del Interior también detalla las potestades de la policía, a modo de esclarecer qué pueden hacer y qué no con la entrada en vigencia del nuevo proceso penal, ya que desde las fuerzas policiales surgieron dudas sobre hasta dónde podían llegar a actuar sin autorización del fiscal.

Al respecto, Pérez Manrique dijo que "en ningún lado dice que la policía no podía hacer investigaciones pertinentes sin orden del fiscal". "Acá el problema es que el fiscal y el sistema están dedicados básicamente a la flagrancia, esto es cuando es detenido en el momento en que se comete un crimen".

"Donde hay seria dificultad es en aquello que antes (...) cuando el juez no podía resolver en 48 horas, dirigía una investigación que llevaba un tiempo determinado para encontrar al autor de los delitos. El exceso de trabajo hace que los fiscales tengan dificultades para hacer la investigación, y por otro lado la policía, por inseguridad del punto de vista jurídico, hace lo que habitualmente se hace cuando no se está seguro de algo, (...) no se arriesga para no tener problemas", dijo el exmagistrado.