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Patrulleras oceánicas: de Lacalle Herrera a Lacalle Pou
Uruguay lleva más de una década de idas y venidas en su intento de dotar de patrulleras oceánicas a su Armada.
El proceso ha sido largo, tortuoso y ha generado críticas de empresas, advertencias y protestas de potencias extranjeras, reclamos sindicales y fuertes disidencias en el seno de la Armada.
Finalmente, hace pocas semanas, el gobierno anunció que se comprarán dos patrulleras a un costo de 82,2 millones de euros (unos US$ 92 millones), al astillero español Cardama.
“Estos dos buques van a permitir a la Armada nacional retomar su función esencial”, manifestó el ministro de Defensa Nacional, Javier García.
Sin embargo, la elección de Cardama no fue bien recibida por todos. Algunos oficiales de la Armada, en actividad y retirados, expresaron a El Observador sus resquemores por entender que la empresa española no ofrece garantías. Entre otros motivos, por no estar especializada en fabricar buques militares, sino en reparar pesqueros.
El precio excepcionalmente bajo de la oferta fue celebrado por el ministro, pero también embraveció el mar de dudas que ha rodado todo el proceso.
“Operaron muchos intereses”
Según historió el ministro García al anunciar la compra, desde 2008 la Armada intenta concretar esta adquisición. Ya en 2013 delegaciones de la fuerza y del Ministerio de Defensa visitaron astilleros europeos interesados en venderle patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) a Uruguay.
En un hecho político poco común, en 2014 el Senado expresó su voluntad unánime de que la Armada comprara nuevas OPV.
La resolución fue redactada por la Comisión de Defensa del Senado, donde votaron juntos y en total coincidencia los principales referentes del Partido Nacional y del Frente Amplio, en aquel momento en el gobierno. Entre quienes levantaron la mano estaban Lucía Topolansky, esposa del entonces presidente José Mujica; el expresidente Luis A. Lacalle, padre del actual presidente Luis Lacalle Pou; el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa; el excanciller Sergio Abreu, y el exministro de Defensa, Luis Rosadilla.
Un apoyo político más amplio y calificado parece imposible. Y, sin embargo, ha pasado casi una década y todavía las patrulleras no se han adquirido.
“Hubo una cantidad de procesos que se truncaron”, dijo el ministro García, el 14 de junio en el programa Desayunos Informales de canal 12. “Llama la atención, qué quiere que le diga. Porque si hay voluntad política unánime del Senado y no se logra, es porque operaron muchos intereses. Esto es una cosa muy cara”.
“Solo vi pesqueros”
La última vez que Uruguay compró un barco de guerra a estrenar fue hace más de un siglo, en 1910, durante la presidencia de Claudio Williman.
Se trató del crucero Uruguay, que se construyó en Alemania de acuerdo con un proyecto desarrollado por técnicos uruguayos. Prestó servicio durante 40 años.
Luego, en 1981 se compraron tres pequeñas lanchas patrulleras a Francia. Si bien eran a estrenar, el proyecto original fue reducido y modificado a pedido de Uruguay para abaratar costos. Terminaron teniendo apenas 42 metros de eslora, menos de la mitad de las OPV que hoy se pretenden comprar y presentaron serios problemas de funcionamiento y un uso militar muy limitado.
En general la marina de guerra nacional se ha valido de barcos usados, algunos casi al límite de su vida útil. La actual flota de la Armada –una institución que en los últimos años ha padecido todo tipo de irregularidades y casos de corrupción- está compuesta por navíos vetustos y, en muchos casos, obsoletos.
Las OPV se requieren por un doble motivo: proteger la riqueza pesquera nacional y cumplir con los compromisos internacionales que obligan a Uruguay a prestar servicios de búsqueda y rescate en una extensa zona del océano Atlántico.
“Quiero embarcaciones que sirvan para el propósito de patrullar, ayudar y salvar, pero también para hundir a los barcos que corresponda, llegado el momento”, dijo en 2014 el entonces senador Lacalle Herrera, cuando todos los partidos firmaron la resolución favorable a la compra de las patrulleras.
Para cuando finalizó el gobierno de Mujica, en marzo de 2015, se habían analizado ofertas de cuatro empresas interesadas en venderle las OPV a Uruguay.
Se había decidido que el mejor proyecto, el más adecuado a las necesidades de la Armada, era un barco del astillero alemán Lürssen, el modelo OPV 80.
En abril de 2015, con Tabaré Vázquez como presidente por segunda vez, una delegación de jerarcas del Ministerio de Defensa y oficiales de la Armada visitó China y Brunei.
La escala en Brunei resultaba especialmente importante porque allí se podría inspeccionar una patrullera OPV 80.
Los uruguayos firmaron un compromiso con los alemanes: si el proceso culminaba, se compraría la OPV 80, recordó el almirante Jorge Jaunsolo, hoy retirado, entonces director general de Material Naval de la Armada.
Sin embargo, la adquisición no se concretó.
Poco después, en 2016, el astillero español Cardama invitó a una delegación de la Armada con el fin de ofrecer a Uruguay uno de sus buques, conocido como el C242. El barco, terminado en 2011, nunca había podido ser vendido. Los marinos uruguayos que lo vieron no lo encontraron apto para desempeñarse como patrullero.
Hay fotos de aquella visita. Aparecen empresarios españoles junto a oficiales uruguayos y al empresario y exdiputado del Partido Colorado, Alberto Iglesias, que había promovido el encuentro.
Jaunsolo integró aquella delegación. Hoy recuerda a Cardama como un astillero de menor porte que el Dique Nacional, sin dique seco y destinado a barcos de pesca.
“Lo único que vi ahí fueron pesqueros”, dijo.
Cardama no lo logró aquella vez, pero siete años después volvería al centro de esta historia.
“Un experimento”
A pesar del mandato del Senado, el presidente Vázquez congeló la compra de las OPV. Pasaron cinco años sin que el asunto avanzara.
Al asumir en 2020 el presidente Luis Lacalle Pou reflotó el tema. En diciembre de 2021, en una conferencia de prensa Lacalle Pou recordó la decisión del Senado de 2014 y anunció que Uruguay compraría por fin dos OPV.
El proceso, sin embargo, recomenzó desde cero. Lacalle Pou anunció que se haría un llamado a precios internacional para elegir los barcos y que se conformarían tres comisiones para dar garantías a la adquisición: una comisión técnica (integrada por técnicos de la Armada), una comisión asesora (Ministerio de Defensa, de Economía y la Armada) y otra de “seguimiento” (todos los partidos políticos).
En la misma oportunidad, el ministro García estimó que se gastarían unos 100 millones de dólares para comprar dos barcos.
Un extenso pliego de condiciones que debían cumplir los barcos fue fijado como base del llamado.
En marzo de 2022 se abrieron las tres ofertas recibidas, que correspondían a las firmas Damen (Holanda), Kership (Francia) y China Shipbuilding Trading Co. (China).
Según se informó, la comisión técnica asesora de la Armada sentenció que solo la oferta china cumplía con los requerimientos establecidos en el pliego. Pero Damen interpuso dos recursos administrativos por entender que había sido mal evaluada y pidió anular lo actuado.
En setiembre de 2022 se sumaron nuevas sombras al proceso. El Observador informó que un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos le había transmitido al senador Carlos Camy el malestar de Washington con la posible compra de las OPV a Pekín.
En medio de estos cuestionamientos, diez meses después de la apertura de los sobres, en enero de 2023, el ministro García declaró desierta la licitación ya que las tres ofertas eran más caras de lo que Uruguay podía gastar. El ministro diría luego que las ofertas habían sido de 168 millones de dólares por los dos buques.
El 7 de marzo el embajador de China, Wang Gang, le manifestó a García, el “descontento” de su gobierno con el manejo del tema.
Mientras tanto, y cambiando de modo radical el rumbo tomado, el gobierno anunció que se estaba explorando la compra de dos patrulleras noruegas usadas. Oficiales de la Armada viajaron al país nórdico a inspeccionarlas.
Pero en abril se informó que los buques noruegos habían sido descartados porque sus dimensiones hacían inviable que pudieran prestar servicios en Uruguay: su calado superaba la profundidad de los muelles de la Armada en el puerto de Montevideo.
El rumbo volvió a cambiar. Antes de que finalizara abril se realizó un nuevo llamado internacional para que se presentaran ofertas. A diferencia de la convocatoria de 2021, no hubo un pliego exhaustivo de requerimientos y condiciones. Según informó El Observador, simplemente un ayudante del comandante en jefe Jorge Wilson se comunicó telefónicamente con los representantes de los distintos astilleros para pedirles que presentaran ofertas.
Algunas de las empresas pidieron pautas más concretas o al menos que fueran planteadas por escrito.
Se estableció que las respuestas debían ser entregadas antes que terminara la tercera semana de mayo.
El plazo aún no había vencido cuando se supo que una delegación de la Armada y del Ministerio, encabezada por el subsecretario Rivera Elgue y el jefe de gabinete del comandante Wilson, el capitán de navío Marcelo da Silva, había visitado a una de las empresas que estaban compitiendo: Cardama, la misma de la frustrada oferta de 2016.
Esa visita, realizada entre el 13 y el 16 de mayo, causó desconcierto porque otros astilleros habían cursado otras invitaciones similares sin obtener respuestas. Según un informe de El Observador, algunas empresas y oficiales sintieron que se estaba manifestando una preferencia por uno de los participantes.
Pocos días después, cuando se venció el plazo, el comandante Wilson distribuyó las ocho ofertas recibidas a los contralmirantes de la fuerza. Les pidió que las estudiaran y los convocó a una reunión para discutirlas el 26 de mayo.
Según reconstruyó El Observador, los contralmirantes se dividieron: tres votaron por aceptar la oferta de Cardama, uno votó por el astillero español Gondán y tres no emitieron opinión.
El 31 de mayo, el contraalmirante Gustavo Musso, jefe del Estado Mayor de la Armada, elevó a Wilson un detallado análisis de las ofertas recibidas. Tras descartar aquellas cuyo monto excedía largamente lo que el gobierno había anunciado que estaba dispuesto a gastar (120 millones de dólares), quedaban cinco en pie.
El informe –que fue hecho público el 12 de junio por El Observador- consideró que la mejor oferta era la del astillero español Gondán. En un segundo puesto, Musso calificó a Cotecmar, de Colombia, y Kership, de Francia. Detrás de ellos, situó a Hyundai, de Corea del Sur. Y cerrando a lista, en el quinto y último lugar… Cardama.
Según el análisis de Musso, Cardama falla en varios puntos centrales: lleva seis años sin fabricar un buque del tamaño que Uruguay busca, carece de experiencia en la construcción de patrulleros de alta mar y nunca construyó un casco de patrullera como el que está ofreciendo.
Musso señaló que Cardama pretende vender un prototipo que podría transformarse en “un experimento a costa de los recursos del Estado”.
Consultado por el informe de Musso, el ministro García dijo el 14 de junio en Desayunos Informales que no tenía por qué dar por buenas sus apreciaciones y que la compra la decidiría él.
En esa entrevista, García señaló que había una comisión presidida por Elgue, que estaba asesorando sobre el tema.
Tal Comisión Asesora, sin embargo, fue creada oficialmente el 22 de junio, según una resolución del Ministerio de Defensa.
La comisión fue formada por dos de los visitantes de Cardama, Elgue y Da Silva, además de Fabián Martínez (director general de secretaría del Ministerio), Damián Galó (director de recursos Financieros) y el contraalmirante Héctor Magliocca, director de Material Naval de la Armada y uno de los que ya había votado a favor de la empresa española en la reunión convocada por el comandante Wilson.
Tres semanas después, el 17 de julio, el ministro García, rodeado de todos los integrantes de la Comisión Asesora, anunció en una rueda de prensa que, como muchos anticipaban, se había seleccionado a Cardama.
García destacó que la decisión de adquirir las embarcaciones estuvo basada en “tres pilares”: menor precio, plazo de entrega más cercano y “razones técnicas”.
“Estos buques cumplen con todas las condiciones excluyentes que la Armada Nacional había planteado que debían tener”, señaló.
El ministro destacó de modo especial que el costo era muy inferior a las ofertas recibidas en el primer llamado.
“Comprar a lo pobre”
El anuncio de Uruguay provocó diversas reacciones. En las redes sociales de oficiales de la Armada, en actividad y retiro, los mensajes se multiplicaron. Muchos de ellos con críticas a la elección y a todo el proceso.
Algunos de los cuestionamientos se centraban en el perfil de Cardama, la ausencia de expertos en construcción naval en la comisión asesora, dudas sobre los planos y la ingeniería del barco elegido y el hecho de que se trata de un modelo nunca antes construido o probado.
El contralmirante Magliocca defendió la elección en Subrayado: “Son buques nuevos, se va a comprar la chapa, las bombas, los motores, el equipamiento, todo es nuevo. Se van a comenzar a construir de cero”.
Agregó que los navíos seleccionados ofrecen “una gran flexibilidad para lo que la Armada precisa”.
Tras el anuncio, un nuevo actor irrumpió en el horizonte: el sindicato metalúrgico Untmra lamentó que no se hubiera considerado a la industria local para construir al menos parte del barco.
El sindicato recordó que la draga 21 de julio, de 91 metros de eslora y en funciones desde 2019, fue construida en buena parte en Uruguay y con mano de obra local.
El dirigente metalúrgico y presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que el sindicato ya le había planteado el tema al ministro en una reunión, meses atrás.
En Galicia, en cambio, la prensa celebró la suerte de Cardama, aunque dejando evidenciar un dejo de sorpresa.
El diario El Faro de Vigo escribió: “Este megaproyecto supone un gran punto de inflexión para Factorías Cardama, ya que consumaría su retorno a la actividad de construcción naval, que no había experimentado desde (…) el año 2017”.
En los portales especializados en temas de Defensa, la resolución mereció apoyos y críticas.
El tema principal de análisis fue el precio excepcionalmente bajo de la oferta de Cardama, un factor decisivo para la elección del gobierno.
“Las instituciones públicas suelen buscar las ofertas de menor precio para maximizar la eficiencia del gasto público, pero la aceptación de ofertas anormalmente bajas presenta graves riesgos ocultos”, dijo el analista Andrea Guidugli el 25 de julio en el portal Infodefensa.
Para Guidugli la oferta de Cardama es “claramente anómala” y entre los riesgos de apostar por ella está la posibilidad de que existan retrasos o que se termine por recibir un barco de mala calidad o defectuoso.
Sin embargo, el mismo portal publicó el 1 de agosto una nota en sentido opuesto, firmada por Gabriel Porfilio.
Este columnista adjudicó las críticas recibidas por Cardama y al gobierno a que “los grandes astilleros mundiales han puesto su maquinaria de prensa a trabajar para afectar la credibilidad del astillero español” y del “proceso general” de compra.
Para el analista, la reacción se debe a que Cardama amenaza los márgenes de ganancia prefijados por la gran industria naval.
En 2014, cuando el Senado llamó a adquirir las OPV, el entonces senador Lacalle Herrera había exhortado a “comprar bien y no a lo pobre”.
También pidió no adquirir “lo que sobra, lo que no funciona”.
Ya veremos si sus ruegos fueron oídos o no.
