La empresa solicitó una fianza al BSE pero los equipos técnicos pidieron más garantías
El Ministerio de Defensa estudia los avales presentados por Cardama, la empresa elegida para construir dos patrullas oceánicas (OPV) para la Armada Nacional por más de US$ 90 millones (82,3 millones de euros).
El astillero gallego entregó la documentación exigida esta semana tras pedir una segunda prórroga a los plazos previstos en el contrato. El convenio, firmado el 15 de diciembre, estableció en dos de sus artículos que la empresa contratada debía constituir una garantía de reembolso por el “importe del primer anticipo de los dos buques” y otra de fiel cumplimiento por el “importe del 5% del total del contrato”.
Ambas exigencias suman unos US$ 9 millones y deberán ser aceptadas por el gobierno para que pueda comenzar a correr el contrato. En caso de rechazarlas, el proceso caerá y el Poder Ejecutivo tendrá que iniciar una nueva compra.
En la documentación hay, entre otros, compromisos de bancos españoles con operaciones en varios países del exterior y una empresa estadounidense dedicada a seguros médicos, dijo una fuente de Defensa.
Foto: Leonardo Carreño.
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El informante agregó que el ministerio no tiene plazo para responder y que se tomarán todo el tiempo necesario para estudiarlos al detalle junto al estudio Delpiazzo, que fue contratado para la redacción del contrato. A su vez, analizan hacer consultas jurídicas con otros organismos del Poder Ejecutivo. “Si no cumplen las exigencias, no lo aceptaremos”, zanjó la fuente.
Lo entregado dista parcialmente de la información que el astillero había dado a fines de enero cuando en una carta al entonces ministro Javier García anunció que negociaba con la española Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar) y el Banco de Seguros del Estado (BSE).
El exministro –que renunció para volver al Senado y militar por Álvaro Delgado– leyó parte de la misiva en una comisión de Defensa realizada el 26 de febrero en la que tuvo varios intercambios con legisladores del Frente Amplio. La coalición de izquierda centró sus cuestionamientos en la adjudicación de la compra a Cardama enfatizando en que el astillero no construyó nunca buques OPV.
“Me imagino que esto es un desafío para Cardama. ¡Vaya desafío! Va aumentar diez veces su facturación”, sintetizó el senador Alejandro Sánchez y mencionó que les preocupaba que la empresa tuviera un “patrimonio de US$ 8 millones”. “Hay que ver qué capacidad tiene para poder cumplir, porque el objetivo de todos son las OPV”, señaló.
Antes de obtener los avales, el astillero golpeó puertas en el Banco de Seguros del Estado (BSE) para obtener una fianza pero dejó en stand by la solicitud tras una negativa del departamento comercial de flexibilizar las obligaciones, según confirmó El Observador con fuentes de la empresa pública.
Las gestiones fueron informadas por la gerencia en el directorio del BSE tras una consulta del representante de la oposición, Marcos Otheguy. También motivaron una reunión entre García y el presidente del BSE, José Amorín Batlle, para “tener su versión”, según contó el exministro. “Lo recibimos con el señor subsecretario, y punto. Lo único que tenía que hacer (Cardama) era apegarse a la ley”, dijo a los legisladores
La fianza fue pedida fue por un corredor de seguros uruguayo en representación del astillero. Presentó como garantía dos reaseguros españoles pero –tal como estila habitualmente– el área comercial del BSE le pidió “garantías reales” y “reaseguros de empresas con grado inversor” que trabajen con el BSE por el 90% de lo solicitado.
Foto: Leonardo Carreño.
El comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson
Tras esto, la empresa pidió flexibilidad en los requerimientos pero la respuesta fue negativa y no volvió a ir a las oficinas.
Si bien la compra es reservada –por tratarse de material militar– el director general de Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, dio detalles del contrato en la comparecencia en el Senado.
El abogado explicó que el gobierno irá pagando diferentes porcentajes a medida que se vayan cumpliendo algunos hitos establecidos. El cumplimiento será verificado por Lloyd’s Register, una sociedad de clasificación inglesa que fue elegida por la Armada.
Los plazos empezarán a correr una vez que el gobierno acepte los avales. El astillero tendrá 18 meses para entregar el primer buque y otros 12 meses para ofrecer el segundo.
Los buques tendrán un desplazamiento de 1.700 toneladas, una eslora de 87 metros más de 12 metros de manga y un calado de 3 metros y medio. Navegarán a un máximo de 23 nudos y contarán con plataforma para helicóptero.
En la proa tendrán el cañón de 30 milímetros, que será el armamento principal, aunque la plataforma estará preparada para colocarle un cañón de 76 milímetros. A su vez, contarán con dos ametralladoras en las bandas de 12.7 milímetros. El motor será Caterpillar, mientras que los sistemas electrónicos serán facilitados por las empresas Terma y Escribano.
Ante los legisladores, García dijo que si bien el sistema político tenía desde hace veinte años la voluntad de comprar este tipo de barcos, los procesos se frustraron porque “el poder empresarial y los lobbies empresariales fueron más poderosos que el poder político”.
El exministro respondió a los cuestionamientos acerca de la experiencia de Cardama, un astillero que tiene 105 años, recordando que el Frente Amplio pretendía construirlos en el dique que está en el Cerro. “¿Usted sabe sobre su experiencia en la construcción de patrulleros oceánicos? Ninguna”, dijo antes de reconocer que era un “proceso complejo”.