Pérez Manrique fue electo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Pérez Manrique fue electo en la tarde de este martes como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de la Organización de las Naciones Unidas (OEA)

Pérez Manrique, de 71 años, fue elegido por 16 votos en 22 y ocupará el lugar del brasileño Roberto de Figueiredo Caldas en el organismo conformado por siete jueces.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), con 21 votos, y Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), con 20, son actualmente parte de la corte y fueron reelegidos en la votación llevada a cabo en la sede de la OEA en Washington.

La boliviana Nardi Elizabeth Suxo Iturry fue la única candidata que quedó fuera, ya que había tres puestos para cuatro postulantes.

En los 40 años de funcionamiento de la Corte IDH, Uruguay solo tuvo dos jueces, el exministro Héctor Gross Espiel y el exdecano de la Facultad de Derecho Alberto Pérez Pérez.

El ofrecimiento a Pérez Manrique se lo realizó el canciller Rodolfo Nin Novoa. Pérez Manrique ocupó un cargo en la Suprema Corte entre 2012 y mayo de 2016, cuando se retiró al cumplir los 70 años, edad obligatoria de retiro para los jueces. Desde su cargo defendió la tesis de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El organismo judicial autónomo de la OEA ha sido poco utilizado desde Uruguay. A ese tribunal llegan las causas de violaciones de los derechos humanos que agotaron todas las instancias en su país de manera infructuosa y que luego recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que estudie su caso y, eventualmente, lo presente ante la Corte.

En la historia de la Corte IDH solo tomó dos casos presentados por uruguayos y en ambos falló contra el Estado.

En febrero de 2011, la Corte IDH resolvió por el caso Gelman condenar al Estado uruguayo a reparar económicamente a las víctimas. Este tribunal internacional estableció que Macarena Gelman debía ser resarcida por daños inmateriales en su contra y de su madre.

Además, la sentencia establecía que el Estado uruguayo debía llevar adelante una investigación efectiva para determinar el paradero de los restos de María Claudia García de Gelman.

El segundo caso fue en noviembre de 2011, cuando la Corte IDH obligó al Banco Central a pagar U$S 100.000 a cada uno de 539 ahorristas del Banco de Montevideo, –quebrado durante la crisis de 2002– cuyo dinero fue derivado sin consentimiento a instituciones financieras en las Islas Caymán.