El presidente Castillo pidió ayuda a la ONU para contrarrestar la crisis alimentaria

El fuerte aumento en el nivel general de precios se explica por la dinámica de los combustibles, que repercute en el transporte, y en la escasez de fertilizantes, que impacta en la oferta de alimentos. En el último año, según las estadísticas oficiales, el costo de una canasta mínima de alimentos para una familia de cuatro personas saltó de 429 soles (unos US$ 113) a 503 soles (US$ 132).

La situación derivó en un pedido de ayuda del presidente Pedro Castillo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). El objetivo: contrarrestar la crisis alimentaria. La funcionaria del organismo, Rebeca Grynspan, precisó que la ayuda se concretará a través de fondos para fortalecer del sector agrario y contrarrestar los efectos de la situación.

El anunció llegó luego de una reunión que mantuvieron Castillo y Grynspan en el Palacio de Gobierno para analizar el impacto en el país de la crisis global derivada de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. La representante de la Unctad se comprometió a atender el pedido y calificó el fenómeno internacional como una "crisis en cascada" que compromete a la Organización de las Naciones Unidas a "reconvertir sus relaciones con los países de Latinoamérica y África para encontrar soluciones conjuntas y adecuadas a cada realidad".

Según Carolina Trivelli, asesora de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el problema hasta el momento no es tanto la escasez de alimentos, sino que existen cada vez más personas que no pueden acceder a una canasta básica por los bajos salarios, las características del mercado laboral y la forma en que se distribuyen los alimentos. Problemas que Trivelli caracteriza como estructurales, pero que el contexto global y la pandemia agravaron.

El horizonte es muy complejo. Según las estimaciones oficiales, la campaña agrícola 2022-2023 se encuentra en riesgo debido al déficit de fertilizantes y agroquímicos. Hasta ahora, el 57% de las importaciones de fertilizantes llegaban desde Rusia y en 19 % desde China. Solo en el primer trimestre de este año, la adquisición del producto, esencial para los agricultores, cayó un 84% con relación los mismos períodos de años anteriores.

El inicio de la campaña ya está en marcha y los pronósticos señalan que el déficit de fertilizantes y agroquímicos implicaría una caída de entre el 30% y el 40% en los volúmenes producidos. Un panorama que dispararía todavía más los precios de los alimentos.

Hasta que comenzó el conflicto bélico en Ucrania, los informes de la Comisión para América Latina y el Caribe señalaban que Perú era el segundo país de la región que más dependía de la importación de fertilizantes provenientes de Rusia, un mercado hoy paralizado. El Ministerio de Desarrollo Agrario local calcula que 13 de las 24 regiones con producción agrícola han debido reducir las áreas de cultivo por la escasez del insumo. Antes de la pandemia, el precio de la urea -el fertilizante más usado por los agricultores peruanos- era de 70 soles. Hoy, asciende a 200 soles.

Rubén Carrasco, titular del Gremio para la Protección de Cultivos (Protec), entidad que integra la Cámara de Comercio de Lima (CCL), precisó que los pequeños agricultores son los más afectados y que “los precios de los insumos ponen en riesgo la campaña agrícola de arroz, papa y maíz, pero también la de hortalizas”. Carrasco, además, señaló que a la menor oferta global de fertilizantes se suma el incremento en el costo de los fletes de contenedores, que pasaron de US$ 2.000 a US$ 10.000 en apenas un par de años.

Según la CCL, el país importa al año 1,2 millones de toneladas de fertilizantes. Del total, el 43% corresponde a urea, un 18% a fosfato diamónico y un 13% a sulfato de amonio. La suba de los precios internacionales de esos insumos, que se dispararon un 30% en lo que va de este año, impactan sobre el nivel de reservas internacionales del Banco Central, lo que a su vez presiona sobre el mercado cambiario y explica la sostenida apreciación del dólar. Factores que empujan hacia la informalidad a muchos productores, además de alentar el contrabando y la adulteración.

Pese al pedido de ayuda concretado por el presidente Castillo, hasta hace un par semanas, el gobierno parecía minimizar la posibilidad de una crisis alimentaria de magnitud. Aníbal Torres, titular del Consejo de Ministros, afirmaba que el país no sufriría de escasez de alimentos. “La inseguridad alimentaria es mundial, se dice que va a haber una hambruna general. Pero el Perú no va sufrir de eso, porque vamos a tomar todas las medidas a fin de que eso no ocurra. No nos va a faltar qué comer. Pronto vamos a desarrollar un consejo de ministros dedicado solamente a la seguridad alimentaria”, expresó durante conferencia de prensa.

Desde Acuerdo Nacional -un espacio que agrupa diferentes niveles de gobierno, partidos políticos con representación parlamentaria, organizaciones civiles, entidades empresarias y la Conferencia Episcopal- subrayan que hasta el momento no hay medida concretas y aseguran que "todo indica que la crisis alimentaria global tendrá un impacto mayor para Perú a nivel en profundidad y duración". Su secretario ejecutivo, Max Hernández, denunció días atrás en declaraciones a los medios locales que el gobierno “disfraza el problema”.

Para los analistas, que describen al momento actual del agro como el peor en mucho tiempo, los planes oficiales para entregar créditos a los productores y la cesión de un bono extraordinario para la compra de fertilizantes no han tenido los alcances esperados. Tampoco el decreto de urgencia que habilitó unos 95 millones de dólares para la compra de urea, una medida que está lejos de satisfacer la demanda local del producto, que además representa solo alrededor del 30% del volumen de fertilizantes usados en el país.

Según Agrobanco, la entidad estatal creada en 2001 para otorgar créditos al sector, solo uno de cada diez pequeños productores tiene acceso a sus líneas de financiamiento. La razón: para recibir el beneficio de un crédito subsidiado deben estar inscriptos en un padrón oficial.

Los datos de la ONG Prodigio Perú, confirman lo expuesto. De un universo de 2.2 millones de productores agrarios, 1.2 millones pertenecen al grupo de subsistencia y solo el millón está articulado con los mercados. De ese millón, apenas 270 mil tienen acceso al sistema financiero. La lectura del Centro Peruano de Estudios Sociales agrega que el campesinado quedó descapitalizado debido al desplome de la demanda de productos por parte de los restaurantes durante la pandemia.

Por lo pronto, una encuesta de la firma Ipsos detectó que el costo de vida es la mayor preocupación para los ciudadanos, en un país donde la informalidad laboral alcanza al 70% de la población activa, el salario mínimo apenas se acerca a US$ 270 dólares y el desempleo alcanza como según cálculos conservadores el 10%. Hoy, según Triveli, las familias pobres destinan a la compra de alimentos la mitad de sus ingresos. “No tienen espacio para ajustar. La alternativa sería dejar de comer”, señala la asesora de la FAO.

El marco político también juega en contra. El gobierno del presidente Castillo parece cada vez más debilitado por las sucesivas crisis internas que lo han dejado con una escasa representación parlamentaria, las denuncias por corrupción y una oposición de derecha que no le da respiro con sus recurrentes pedidos de destitución. Según los expertos, interpretar la crisis alimentaria en ciernes solo a causas exógenas no ayuda en la búsqueda de soluciones. "Hay graves negligencias por corregir", advirtió el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica.