El presidente de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa, dijo a El Observador que la actuación de la fiscal Mariana Alfaro en el caso de la filtración de audios del periodista Ignacio Álvarez fue ajustada a derecho. Según Rosa, en toda diligencia, como la pedida por Alfaro a la casa del periodista y a la radio Azul FM, se tensionan derechos individuales que "tienen excepciones previstos por la ley", explicó.
El presidente de la asociación ejemplificó que esto pasa con el derecho a la inviolabilidad del domicilio con los allanamientos, contra la integridad física con la petición de un ADN, y también puede pasar con el derecho a no revelar las fuentes de un periodista.
"La legislación está establecida claramente tanto nacional como internacional e ingresa a la hora de hacer la ponderación (...) En todo momento los fiscales estamos decidiendo si debemos solicitar al juez una orden para obtener evidencias que a veces afectan esos derechos. En ese cotejo, en el sopesar, uno tiene en cuenta la investigación que está llevando adelante", explayó Rosa.
Su opinión fue acompañada por el abogado especialista en derecho a la información Pablo Schiavi , quien aseguró a El Observador que "son los operadores jurídicos los que tienen que balancear qué derecho prima", y que la responsabilidad siempre es en última instancia de "la Justicia competente".
Para Schiavi es "la esencia misma de la profesión" que existan excepciones para hacer que un periodista revele una fuente. "Los secretos ceden ante la orden judicial, que obviamente tiene que ser fundada y el juez tiene la responsabilidad en hacer lugar o no a las solicitudes", ratificó el abogado.
"Los secretos ceden ante la orden judicial", dijo el abogado especialista en derecho a la información Schiavi.
Además, en su opinión existe una falta de actualización de la ley de prensa que vulnera a los periodistas porque esta no protege a las computadoras y celulares, herramientas muy usadas en la actualidad por los periodistas para sus investigaciones.
Otros juristas se mostraron en contra del accionar de la fiscal Alfaro, como el abogado constitucionalista Martín Risso, quien calificó a los allanamientos como un "exceso absoluto", porque "viola pautas y criterios internacionales importantes". "Los periodistas tienen el derecho a preservar el anonimato de sus fuentes. Ahí le erraron la fiscal y la jueza. No caben dudas de que le erraron", criticó.
Para Risso "esas cosas pasan en la Nicaragua de (Daniel) Ortega, no en Uruguay. Fue horrible y no se puede justificar".
Ruben Correa Freitas, catedrático en Derecho Constitucional, soslayó que "siempre se debe proteger la independencia de los periodistas", y cree que esto no sucedió en este caso.
"Me preocupa mucho el problema del allanamiento en Azul FM y en el domicilio particular del periodista. Creo que estamos en el límite con relación a la libertad de prensa. Me genera una enorme preocupación porque en un estado de derecho y en un país democrático como Uruguay la libertad de prensa y de los medios de comunicación –radio, televisión, diarios– tiene que ser amparada y protegida. Además, hay un derecho que tienen todos los periodistas que es mantener en secreto a sus fuentes que les dan la información", explicó Correa.
Por su parte, el abogado Juan Fagúndez escribió en Twitter que esta orden de allanamiento lo "retrotrae a los 70", y consideró que "es delito".
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