Reforma a medias del proceso penal

A diferencia de los demás poderes del Estado, la Justicia sigue siendo el pariente pobre del sector público en materia presupuestal. El gobierno la obliga ahora a desdoblar la cansina reforma del Código del Proceso Penal (CPP), dejando buena parte para un incierto futuro indefinido. El CPP, aprobado el año pasado después de tres años de redacción y otros tantos durmiendo en el Parlamento, debía empezar a regir en 2017 para modernizar el sistema y sacarlo de un siglo de vetustez. Pero se ha convertido en víctima del ahogo financiero del gobierno en su presupuesto quinquenal, sufriendo un recorte que lo dejará a mitad de camino cuando entre en vigencia.

El nuevo CPP tiene el mérito de eliminar el anacrónico sistema inquisitorio, bajo el cual el juez comparte con el fiscal todo el proceso investigativo, en un lento y enredado papeleo y con restricciones a los derechos de los acusados. Se recurre en forma excesiva a la prisión preventiva, con el resultado de que el 64% de los reclusos está en la cárcel, a veces por largos años, sin haber sido condenado. Esta anomalía ha merecido duras condenas a Uruguay de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Se corrige bajo el sistema acusatorio aprobado, en el que el fiscal investiga, el abogado defensor está mejor habilitado para representar al acusado y el juez, luego de evaluar los argumentos de ambos, finalmente arbitra si corresponde absolución o condena.

Este aspecto del CPP se mantiene incambiado para dentro de dos años. Pero el sistema establecía también que los juicios pasarían a ser orales y públicos, como se estila en muchos otros países porque los agiliza y da más garantías a las personas acusadas. Este segundo aspecto del CPP es lo que el gobierno resolvió suspender para ahorrarse el costo de su implementación. La Suprema Corte de Justicia ha estimado que la vigencia plena del sistema acusatorio, tal como está aprobado, requerirá crear en todo el país 450 nuevos cargos de jueces, fiscales, defensores de oficio, peritos y funcionarios administrativos, además de habilitarse sedes adecuadas para esa mayor estructura y para que el público pueda asistir a los juicios.

El costo de lanzar el sistema en forma completa ha sido estimado en US$ 40 millones, suma que el gobierno ha resuelto ahora ahorrar, aunque al costo de implementar el CPP solo a medias. Obviamente es un progreso importante que se pase a un sistema acusatorio, más lógico que el vigente y que incluirá restringir el abuso vergonzoso de la prisión preventiva. Pero se perderá la agilidad que prometía el carácter oral de los juicios y la garantía de transparencia que conlleva la presencia del público a lo largo de un proceso. El segmento que se le cercena al CPP, por otra parte, queda en un limbo poco alentador.

Dadas las oscuras perspectivas de la economía en el mediano plazo y los conflictivos tironeos con los sindicatos en cada revisión presupuestal anual, mal llamada Rendición de Cuentas, es improbable que el gobierno esté dispuesto a asignar en el futuro previsible los recursos fiscales que ahora le retacea al Poder Judicial. Son notorios e ineludibles los apremios financieros creados por el dispendioso gasto público de los dos primeros gobiernos del Frente Amplio, génesis de la actual estrechez. Pero es penoso que la necesidad de recortes incluya la plena reforma del proceso penal para sacar al país de un atraso bochornoso en este campo