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Retoman citaciones en la Justicia por caso de Nuevo Comienzo y vecinos se manifestarán en Presidencia
La fiscalía de Flagrancia liderada por Diego Pérez resolvió citar a dos vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo, ya formalizados por esta causa, dijo el abogado defensor Juan Ceretta a El Observador y confirmaron fuentes fiscales. Desde julio, la causa no tenía mayor actividad debido a que la Justicia había dispuesto una prórroga hasta marzo de 2022, a la espera de una solución por parte del gobierno.
"Se le anunció a algunos de los que ya estaban formalizados que iban a ser conducidos de nuevo a los juzgados. Nos preocupa, razón por la que mañana le vamos a entregar una carta al presidente y nos vamos a concentrar en la Plaza Independencia", señaló Ceretta. De los 14 vecinos formalizados por ocupación ilegal, dos fueron citados para la semana que viene. Una de ellas es la encargada de la olla popular "es el alma del barrio".
Las citaciones de fiscalía obedecen a su obligación de seguir el proceso, más allá de que en su momento el fiscal recurrió su competencia. Pero aún no han tenido respuesta sobre eso.
En junio del 2021 el presidente Luis Lacalle Pou se comprometió a hacer gestiones por el caso y se comunicó con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior.
Desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial contestaron que no hay un plan concreto respecto de Nuevo Comienzo, aunque sí por el tema asentamientos en general. Semanas atrás mantuvieron reuniones con autoridades de todas las intendencias departamentales para delinear los detalles del Plan de Integración Social y Urbana, con el que planea abordar la situación de los asentamientos a nivel nacional. Su financiamiento, a través de un fideicomiso, fue uno de los más discutidos en la Rendición de Cuentas de 2021, y al final se obtuvo de los fondos otorgados al Instituto Nacional de Colonización.
El objetivo es llegar a fin de año trabajando en un asentamiento por departamento. El Ministerio de Vivienda tiene pensado firmar un convenio marco con las intendencias y luego acordar convenios específicos con cada una. "La idea es hacer un traje a medida", explicó una fuente a El Observador.
En total, contando con los programas que ya se venían aplicando, el ministerio espera trabajar con 48 asentamientos a fin de año, con la mayoría de ellos ya en obras. Si bien la ley le permite actuar más fácilmente en asentamientos que están en terrenos públicos, la cartera pretende priorizar los asentamientos que tengan mayores situaciones de vulnerabilidad estén donde estén.
