Revisión de impuestos y jubilaciones: la agenda que asoma para 2022

El verano será un poco más largo de lo habitual 

Con una pandemia relativamente bajo control (aún con la incertidumbre que deja esta nueva ola por la variante ómicron), la agenda de la política económica del gobierno estará más liberada para abordar otros temas, algunos de los cuales no serán sencillos de gestionar. Este verano, los movimientos y avances en varios de esos puntos quedarán relegados a un segundo plano hasta tanto no se lleve a cabo el referéndum promovido por el Frente Amplio y el PIT-CNT para derogar 135 artículos de la LUC el próximo 27 de marzo. La lógica indica que la coalición de gobierno multicolor concentrará todas sus baterías en defender una ley que considera un buque insignia de su gestión, mientras que la oposición buscará convencer a la mayoría de la ciudadanía de sus efectos negativos. Tras esa contienda electoral, el Parlamento comenzará a analizar—previo envío de un proyecto del Poder Ejecutivo— una reforma integral y profunda del sistema de jubilaciones en Uruguay, un cambio imprescindible para darle sostenibilidad al sistema previsional (y las cuentas públicas) en una perspectiva de mediano y largo plazo. 

Como seguramente ya leíste, hay algunas sugerencias esperables en el borrador de reforma que la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) le elevó al gobierno para que elabore el proyecto de ley que presentará al Parlamento en el primer semestre de 2022. Hay planteos como subir la edad de retiro legal de 60 a 65 años, establecer un régimen uniforme para todos los nuevos trabajadores que ingresan al mercado (independientemente de su sector de actividad) bajo el sistema de ahorro mixto (AFAP), o facilitar un retiro parcial que permita compatibilizar trabajo con la jubilación, por citarte algunas propuestas de una larga lista. Dado que la oposición del Frente Amplio no acompañó en la CESS el diagnóstico ni el borrador, parece muy poco probable que esa reforma pueda salir con un amplio consenso político. De hecho, es probable que los ajustes de las futuras jubilaciones seguramente generen algunas diferencias en la interna de la propia coalición cuando aborde algunos temas complejos como la reforma de la caja militar o la revisión de las exoneraciones a la seguridad social que perciben algunos sectores de actividad. 

La lupa sobre el sistema impositivo 

La revisión del sistema impositivo en Uruguay será otro de los temas pesados que estará en la agenda del equipo económico, el Poder Ejecutivo, y la coalición en 2022. El ministro (colorado) de Ganadería, Fernando Mattos, dijo en una entrevista con El Observador que tenía pendiente un encuentro con su par de Economía Azucena Arbeleche para discutir algunos aspectos vinculados al campo tal cual está establecido en el Compromiso por el país, el acuerdo programático que selló el oficialismo para gobernar. Las autoridades del gobierno han manifestado en más de una oportunidad que son partidarios de reducir la incidencia de tributos ciegos como el Impuesto al Patrimonio y hacer foco en la renta. Precisamente, en un año récord para muchos rubros del campo, la presión impositiva sobre el sector fue la más baja en cinco años. De acuerdo a un informe que divulgó la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la recaudación de impuestos del agro aumentará casi US$ 10 millones este año, pero esto fue más que compensado por el incremento del PIB en dólares corrientes, con lo que se produjo una caída en la presión fiscal. La misma pasaría de 6,2% (2020) a 5,6% en el presente año, su menor nivel desde 2017. 

“Es mucho mejor tener un aspecto contributivo que esté vinculado al resultado de las empresas. Durante este año, de haber tenido una incidencia mayor los impuestos a la renta, el aporte del sector (agropecuario) hubiera sido mucho más importante de lo que seguramente resultará”, admitió Mattos. 

Pero hay otros socios de la coalición (como Cabildo Abierto) que también quieren dar esa discusión y consideran que antes de revisar el Impuesto al Patrimonio, se debería atender el IRPF sobre el trabajo o avanzar en la aplicación de un IVA personalizado para redirigir las exoneraciones impositivas para aquellos sectores que realmente lo necesitan. También ese socio de la coalición considera excesivas algunas renuncias fiscales que realiza el Estado en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones. La coalición tiene claro que los tiempos políticos para dar esa discusión (y negociación) serán en 2022 para que los potenciales cambios puedan plasmarse antes del inicio del próximo ciclo electoral.

También en 2022 el Ministerio de Economía deberá presentar retoques impositivos para atender observaciones que planteó la Unión Europea para “cooperar en temas de buena gobernanza tributaria” y desalentar que se instalen empresas de papel en el país para evadir el pago de impuestos en sus respectivos países. 

Los posibles cambios impositivos que pueda instrumentar el gobierno transitarán en medio de un desequilibrio fiscal que ha mejorado de acuerdo a las metas previstas por el MEF, pero que todavía tiene deberes para llegar a esa meta de un rojo de 2,5% para las cuentas públicas para el final del período (2024). 

A su vez, el gobierno deberá mostrar señales más contundentes en la reforma del mercado de combustibles que está en curso y que tuvo algunas contramarchas por cuestiones políticas y también por la falta de recursos y capacidad en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). Hay algunos temas donde el gobierno admite que es difícil avanzar, como cortar el subsidio millonario al supergás que recibe toda la población y que, según Ancap, llevará a que la nafta y el gasoil tengan un sobreprecio de $ 2,9 por litro desde 2022 respecto a los $ 1,70 de este año, mientras que, en otros, como el negocio del pórtland, se buscará que un privado absorba ese negocio para dejar de perder plata. El 2022 promete ser un año movido en la agenda de cambios económicos que buscará llevar adelante el gobierno; veremos al final del próximo año, hasta dónde la política permite avanzar.