La inflación se ha transformado en un dolor de cabeza para una buena parte del mundo, incluso para aquellas economías desarrolladas —como los países europeos o EEUU— que llegaron a registrar tasas negativas en la evolución de sus precios internos hasta no hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, las montañas de billetes que se inyectaron para sobrellevar el shock de la pandemia derivó en un problema complejo de gestionar, que se vio exacerbado por la explosiva valorización de alimentos básicos (como el trigo o el maíz) y la energía (gas y petróleo) a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia. Uruguay no es ajeno a ese contexto global y el plan antiinflacionario que ideó el gobierno para (intentar) cerrar con una inflación de 3,7% en 2024, “como en las grandes ligas”, comienza a diluirse. De eso te escribiré en esta nueva entrega de Rincón y Misiones.
La batalla contra la suba de precios y los “molinos de viento” de Alfie
“Uruguay se merece jugar en la cancha grande. Ese es el mensaje con la política monetaria y la inflación; dejar de jugar en la B. Tener objetivos ambiciosos y que se cumplan”. La frase es del presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) Diego Labat en una charla que organizó en agosto de 2020 la Academia Nacional de Economía. En ese entonces, el jerarca mostró como en el período 2015-2019 Uruguay estuvo dentro del 13% de los países del mundo con inflación más elevada y señaló que, incluso con una inflación del 5% (el centro del rango meta actual), el país quedaría en el grupo del 20% de sus pares con mayor alza de precios.
El plan inicial de las autoridades del BCU era “desarmar” la historia de incumplimientos sistemáticos en sus objetivos inflacionarias. Para ello se buscó mejorar el canal de transmisión de la política monetaria con los agentes económicos (analistas y empresarios). Hubo avances y las expectativas inflacionarias se redujeron, aunque quizás no a la velocidad e intensidad que se esperaba. De hecho, este año se incumplirá por segundo año consecutivo con el objetivo inflacionario trazado. La inflación solo ingresó brevemente al rango meta durante abril y mayo del año pasado.
En los 12 meses a marzo, el IPC cerró en 9,4% y —si bien se proyecta una moderación para la segunda mitad del año— quedará bastante lejos de la meta oficial (5,8%). Tanto los analistas privados como los empresarios prevén una inflación de 8% para el cierre de 2022.
En una entrevista con El Espectador el director de la OPP Isaac Alfie dijo esta semana que “da la sensación” que la escalada inflacionaria que está atravesando al mundo “no es un cuestión de un rato”, y que por ello el gobierno decidió salirse de su plan antiinflacionario optando por adelantar ajustes de salarios en los públicos (2%) y pasividades (3%) para evitar una pérdida del poder de compra por tercer año, en un contexto donde se espera que la economía uruguaya crezca a una tasa del 4% este año.
Además, advirtió que si no se otorgaban esos aumentos, el ajuste para los trabajadores públicos —que debía darse (por ley) en enero del próximo año— podría superar el 10%. Argumentó que, desde el punto de vista fiscal, el gobierno tiene una situación “consolidada” y “no transitoria”, con un resultado mejor al previsto en el programa financiero porque, cuando los precios suben más de lo proyectado, el gasto está “cayendo en términos reales”.
“Está probado que, en el corto plazo, ninguna economía pequeña como la uruguaya e incluso las grandes va a recibir un shock de baja de precios. Bueno, tenemos que responder de una forma distinta”, argumentó uno de los referentes del equipo económico de Lacalle Pou. La inflación del exterior es la mayor en 40 años tanto en Europa como en EEUU. Si bien Alfie dijo que el Poder Ejecutivo “no abdica” en su plan para reducir la inflación “las circunstancias los postergaron” en los hechos.
“Hay que mirar la macro entera. No se puede solo mirar un pedacito y decir, bueno, ‘vamos a apretar la política (monetaria) a morir y cortamos la recuperación (económica) que tenemos’. ¿Para qué? ¿Para pelear contra los molinos de viento?”, se cuestionó Alfie.
Esos comentarios dejaron en evidencia que el énfasis en cómo gestionar la inflación tiene sus matices. Un día después el presidente del BCU, Diego Labat, declaró a Búsqueda que la autoridad monetaria tiene una “credibilidad muy débil” que busca revertir. “Creo que parte de esa credibilidad se puede fortalecer si seguimos mostrando que continuaremos actuando. Claramente tenemos un desafío que es seguir haciendo actuar a la política monetaria, tanto como sea necesario; cargamos con la mochila que tenemos una baja credibilidad, y la tenemos que reforzar más que algunos otros bancos centrales de la región y el mundo (...)”. El jerarca añadió que espera que la política de suba de tasas que viene aplicando se refleje en las expectativas inflacionarias a 24 meses y no a 60 días.
Así parece que las señales que dará el BCU en los próximos meses apuntarán a un endurecimiento de su política monetaria (encarecimiento del dinero). Habrá que esperar hasta cuánto llega ese apriete sin que se tense la piola del crecimiento económico.
La reforma que el gobierno no se animó a poner arriba de la mesa
El contexto político actual hace poco viable que el Poder Ejecutivo pueda avanzar en una reforma de la carta orgánica del BCU para dotarlo de una mayor autonomía técnica para reforzar su credibilidad y cumplir con su principal objetivo: combatir las presiones inflacionarias. El propio Labat en su momento dejó abierta la puerta para avanzar en ese camino pero luego admitió que el contexto no ayudaba para promover un consenso con la oposición para dar ese paso. A grandes rasgos, lo que se procuraba con ese cambio era que los directores de la autoridad monetaria estuvieran por fuera del ciclo electoral.
La historia reciente ha demostrado que en Uruguay hay un núcleo duro inflacionario —dejando de lado las volatilidades que tienen las frutas y verduras o los precios administrados como los combustibles— que no es sencillo de abordar. En los últimos 20 años el promedio de suba de precios se ha ubicado en un 8%. El expresidente del BCU Mario Bergara dijo esta semana que en Uruguay los empresarios uruguayos se sienten cómodos con una inflación fluctuando en un rango de 6% a 8%.
El presidente Lacalle Pou anunció que se está trabajando en el gobierno para eliminar algunas barreras regulatorias que hoy hacen, por ejemplo, que una misma pasta de dientes en Uruguay pueda costar el triple de lo que sale en los paísesa vecinos. En esta muy buena nota el CEO de la cadena de supermercados Ta-Ta, Christopher Jones, puso otros ejemplos de la “enfermedad” que afecta a los precios uruguayos y es enemiga del consumidor.
Para otros economistas privados y el propio Labat, reducir la inflación de Uruguay debe ser una prioridad porque es un escollo para que la economía doméstica pueda elevar su modesta tasa de crecimiento potencial de 2,1% anual.

La realidad fría demostrará que el gobierno incumplirá por tercer año al hilo con su meta para reducir el ritmo de suba de los precios que diseñó cuando asumió. El shock externo actual seguramente llevará a recalibrar ese plan antiinflacionario y moderar sus expectativas iniciales. Cerrar el próximo con una inflación de 4,7% y el último año de gobierno (2024) con un 3,7%, luce muy difícil de alcanzar, máxime si no remitimos a los antecedentes de las últimas dos décadas. En la próxima Rendición de Cuentas, el gobierno deberá sincerar sus nuevas proyecciones inflacionarias. Por lo pronto, para jugar en las grandes ligas, habrá que esperar.
En definitiva, dar una batalla excesivamente contractiva (subiendo la tasa de interés) por parte del BCU puede ponerle un freno a la recuperación de la economía. Y como la historia también lo demuestra, a medida que se acerca el ciclo electoral (más allá de la vigencia de la regla fiscal) hace difícil prever una política fiscal de mano cerrada (contractiva). De hecho, el presidente de la República anunció que si la economía crece como espera el Ministerio de Economía en 2022, el próximo año se reducirán la carga impositiva del IASS y del IRPF para las franjas más bajas. Así, una vez más, la consistencia de las políticas macro para contener el avance de los precios se mantendrá bajo tensión.