Salarios flacos, tributos gordos

El aumento del precio de los servicios de las empresas estatales UTE, Antel, OSE y Ancap promedió 6%; más o menos como la inflación de los últimos nueve meses, desde el último ajuste, y por debajo de la inflación esperada para 2021 (al menos 7%).

Las naftas de Ancap subieron 6,2%, aunque por ahora se mantendrá el valor del gasoil, como ocurre desde hace más de dos años, lo que implica una firme caída del precio real, superior al 20%.

Otras cargas pesadas para el contribuyente, como la contribución inmobiliaria o los tributos domiciliarios, que financian a las Intendencias, subirán más en línea con una inflación alta, que en 2020 se situó en torno al 9,3%. (En Montevideo la contribución subió 9,7% entre la primera cuota, de febrero de 2020, y la tercera, en octubre).

La patente de rodados, como es de uso, reajusta según un porcentaje del valor de mercado en dólares de los vehículos.

Las subas de tarifas, tasas e impuestos son más significativas si se considera que las pasividades este año aumentarán en torno al 7,5%, por debajo de la inflación de los 12 meses anteriores.

Los salarios irán todavía más abajo: se reajustarán entre 3% a 4,3% a partir de enero, según diferentes fórmulas para el sector privado o el público, con esperanzas de recuperar terreno gradualmente en los años venideros (si se conserva el puesto de trabajo, pues el desempleo real ronda el 13%).

Apenas se conoció el aumento de las tarifas de las empresas públicas, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fiel a su estilo de perfil alto, anunció que se mantendrá hasta abril el precio del boleto del transporte de pasajeros. De paso quitó un poco el foco sobre la habitual crisis de la basura de fin de año.

Algunos opositores aprovecharon para hablar de tarifazo, o de “impuesto encubierto” con las tarifas públicas, como antes protestaban quienes ahora están en el gobierno. Es el mismo jueguito que se juega desde hace por lo menos 75 años, desde que Uruguay padece inflación alta, espiral precios-salarios e ilusión monetaria.

Después de una reducción sostenida de la inflación en la década de 1990, desde tres dígitos a uno, los gobiernos uruguayos se conformaron (y continuaron robando a los ciudadanos mediante el “impuesto” inflacionario).

Así, en los últimos 23 años la inflación promedió 8,3% al año, lo que significa una buena ganancia para el Banco Central y el sistema financiero a costa de salarios y pasividades. 

Tradicionalmente las tarifas públicas se reajustan en enero —salvo que coincida con un cambio de partido en el gobierno, pues entonces se inicia un ciclo de desinformación y chicanas.

En enero de 2005, pocos antes de irse, la administración de Jorge Batlle bajó los combustibles, aunque entonces el petróleo también caía marcadamente.

Los precios fueron aumentados el 1º de abril por el nuevo gobierno del Frente Amplio. Luego los ajustes se hicieron como rutina cada 1º de enero, salvo el precio de los combustibles, muy sensibles a la variación del petróleo.

Pero 15 años más tarde, en enero de 2020, el gobierno en retirada del Frente Amplio no aumentó las tarifas públicas, pese a que en 2019 la inflación fue de casi 9% y el dólar había trepado 17%.

Fue una forma de embretar al presidente electo, Luis Lacalle Pou, quien había prometido en campaña electoral que bajaría el precio real de los combustibles y de la electricidad, principales insumos de la producción.

El nuevo gobierno de Lacalle Pou aumentó las tarifas públicas poco más de 10% a partir del 1º de abril, alineadas con la inflación de los 15 meses anteriores, aunque mantuvo el valor de los combustibles.

Por entonces el precio del petróleo caía en picada como consecuencia de la gravísima crisis mundial y el bajón de la demanda (incluso llegó a un alucinante valor negativo el 20 de abril, cuando Ancap ya se había abastecido para el año a un precio relativamente caro: más de US$ 50 el barril).

De hecho, el valor real de los servicios públicos se ha reducido de manera sustancial en las últimas décadas, como ocurre en el resto del mundo.

Pero las tarifas monopólicas uruguayas siguen siendo particularmente altas en el contexto latinoamericano, sobre todo la electricidad y el gasoil, lo que afecta la competitividad de la producción local.

En otras palabras: producir en Uruguay implica destinar un presupuesto mayor para la energía eléctrica o los combustibles industriales.

En general, los inversores prefieren instalar negocios intensivos en el uso de energía en otros países de la región; salvo que puedan producirla por sí mismos, como hacen las fábricas de celulosa.

Esa carestía responde a varias causas: ineficiencias propias del sector público, exceso de empleados, peso burocrático, escala de la producción. Ancap también carga diversos subsidios cruzados, desde el precio del boleto en Montevideo hasta una muy cara producción de etanol.

En los últimos años la producción de energía eléctrica en Uruguay sufrió un cambio revolucionario. Los parques eólicos y la generación por biomasa, particularmente en las grandes fábricas de celulosa, unidas a la más tradicional fuente hidráulica, desplazaron por completo a las centrales térmicas que queman petróleo, que ahora sólo se mantienen como respaldo.

Pero las tarifas de UTE han sido recargadas para sostener los contratos a largo plazo que permitieron captar capitales privados para instalar parques eólicos, y para comprar los excedentes de UPM y Montes del Plata.

En los últimos seis años UTE exportó mucha energía eléctrica, un cambio histórico para un país deficitario, aunque también pagó mucho dinero por energía que no utilizó.

La actual campaña para que los hogares se pasen a la “tarifa inteligente”, que distribuye el consumo de manera más homogénea a lo largo del día, procura aprovechar mejor la producción eólica y por biomasa, que en ciertos horarios se desperdicia.

Hay otra variable política fundamental. Las empresas públicas suelen servir como agentes recaudadores para las menesterosas arcas públicas. Difícilmente los gobiernos puedan prescindir de esas asistencias, en tanto tengan un déficit fiscal enorme, como el actual, y un peligroso endeudamiento.