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Tapabocas en los ómnibus: IMM estudia que inspectores suban con policías para controlar uso

El uso de tapabocas en el transporte público será obligatorio desde este jueves. Juristas consultados evaluaron que la medida tiene sustento legal 

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13 de mayo de 2020 a las 05:04

Desde este jueves 14 la Intendencia de Montevideo (IMM) hará obligatorio el uso de tapabocas en el transporte público. Aún se estudia de qué forma hacer cumplir con esa disposición, cuyo control y fiscalización quedará a cargo de los funcionarios de la comuna, que se analiza vayan acompañados de funcionarios policiales. Juristas consultados evaluaron que la medida tiene sustento legal 

El intendente Christian Di Candia firmará en estas horas la resolución para establecer la obligatoriedad, y en los próximos días enviará a la Junta Departamental de Montevideo el proyecto para darle carácter de decreto y definir cómo llevar adelante los controles. 

El planteo surgió el pasado viernes 8 durante una reunión del Consejo Consultivo de Transporte, donde participan los usuarios, las empresas, los sindicatos y la IMM. El paso hacia la obligatoriedad se acordó de manera unánime y se definió que la fiscalización correrá por cuenta del cuerpo inspectivo de la intendencia, lo que incluye personal del departamento de Convivencia Departamental pero también de Tránsito. 

"Tuvimos un primer informe jurídico que nos recomendó los caminos a seguir. Primero, una resolución del intendente, fundada en la ley orgánica municipal", explicó a El Observador el director de Movilidad, Pablo Inthamoussu. El artículo 35 de la esa ley establece que es "competencia del intendente ejercer la policía higiénica y sanitaria de la población, sin perjuicio de lo que corresponda a las autoridades nacionales y de acuerdo con las leyes vigentes sobre la materia". 

En paralelo a la resolución, la intendencia trabaja en el proyecto de decreto para dar una jerarquía mayor a la obligación. Allí también se establecerá de qué forma controlar y fiscalizar el uso de tapabocas. 

Inthamoussu señaló que esta puede ser una nueva oportunidad para resolver el vacío legal que hay respecto a las potestades que tiene la comuna para pedirle a las personas la identificación y, después de eso, sancionar según el número de cédula. 

"El inspector departamental no tiene la facultad de exigir a una persona que se identifique", subrayó el jerarca. Por eso, una alternativa que se maneja es que los inspectores de la intendencia suban con un policía, que pueda primero exhortar a las personas y luego pedir la identificación. "Desde el momento que se puede identificar a una persona, se puede aplicar una multa", agregó. 

"Primero se intimará a la persona para que se ponga el tapabocas, veremos el motivo por el cual no lo tiene y hasta le entregaremos uno", dijo Inthamoussu.

Si bien en el caso de otras prohibiciones como tomar mate a bordo del ómnibus o viajar con la mochila colgando en la espalda es el personal de las empresas que se encarga de fiscalizar, en este caso será el gobierno departamental quien haga los controles.

"No es posible instrumentarla"

La decisión de hacer obligatorio el uso de tapabocas generó la crítica del presidente de Cutcsa, Juan Salgado, quien se opuso a la medida y afirmó que el camino debe ser el de la "exhortación". 

"Lo que debe quedar muy claro es que la obligatoriedad en el transporte no es posible instrumentarla desde el punto de vista jurídico por lo tanto el único camino es la concientización de la gente", dijo el empresario en diálogo con Canal 10. Salgado también señaló que los conductores y los guardas de Cutcsa "no van a controlar ni van a tener problema con los pasajeros que no tengan tapabocas". 

Sin embargo, Inthamoussu insistió en que serán los funcionarios de la intendencia los que se encargarán de controlar el uso del tapabocas. Para hacer cumplir la obligatoriedad, la comuna intentará que en cada unidad haya tapabocas disponibles para los que se suban sin él.

Si bien ya se entregaron unos 15 mil tapabocas confeccionados por el Sindicato Único de la Aguja, la intención es alcanzar los 100 mil elementos de este tipo repartidos entre los usuarios del transporte. 

Un estudio de la IMM afirma que 99% del personal de transporte usa tapabocas y que el 78% de los usuarios también lo hacen. Según explicó Inthamoussu, el uso de los tapabocas primero estuvo en el entorno del 10%, luego pasó al 50% y ahora casi llega a 80%. 

¿Qué pasará si un pasajero desoye el pedido? El director de Movilidad explicó que ese tipo de discusiones en el transporte público ya se dan y que por eso es necesario contar con el respaldo de una norma. "Hoy por hoy nadie le puede exigir nada a nadie", afirmó y se mostró confiado en que los conflictos serán "ínfimos".

"Es lo que ha pasado con otra cantidad de normas de este tipo. ¿Quién controla que alguien suba al ómnibus fumando? Ya no es necesario porque nadie lo hace", ejemplificó. 

Los juristas dicen que se puede

Juristas consultados por El Observador manifestaron que es posible aplicar la obligatoriedad del uso de tapabocas en el transporte público, teniendo en cuenta la coyuntura actual de emergencia sanitaria. 

El profesor de Derecho Administrativo, Adrián Gutiérrez, dijo que se requiere un acto legislativo para hacer cumplir la obligatoriedad. "Una de las cosas que se podría hacer es establecer la prohibición, la infracción y la correlativa sanción", señaló.

Gutiérrez explicó que también existe la posibilidad de que la sanción vaya contra las empresas de transporte, si así lo estableciera el contrato de concesión. La otra forma sería aplicar la sanción a los pasajeros. Si esto último sucediera se tendría que instrumentar un procedimiento que diera garantías a las personas de presentar sus descargos. 

Para el abogado y profesor de Derecho Constitucional, Daniel Ochs, también es aplicable la obligatoriedad del uso del tapabocas en el transporte público. El jurista señaló que si bien las empresas son privadas, brindan un servicio público y bajo concesión de la Intendencia de Montevideo. 

La "prestación adecuada del servicio", dado el contexto de la pandemia, perfectamente puede incluir el uso de tapabocas por razones de salud, afirmó Ochs. El experto también consideró que la fiscalización debe correr por cuenta de la intendencia, quien tiene la competencia para controlar que el servicio sea prestado de manera adecuada. 

Adelanto de los subsidios

La emergencia sanitaria tuvo un impacto negativo en el Sistema de Transporte Metropolitano (STM) que llegó a experimentar una caída de 80% en la venta de boletos.
Si bien esa situación mejoró (y ahora la caída está en el entorno de 65%), la salud del sistema quedó comprometida.
El pasado 27 de abril la intendencia aprobó una resolución que habilitó a adelantar los pagos por concepto de subsidios al boleto. "Los pagos a las empresas de transporte por concepto de subsidios de estudiantes y jubilados de la Intendencia de Montevideo se hacen en función de los viajes realizados por las personas de cada categoría. Tanto los viajes de estudiantes como de jubilados han caído en una magnitud también del 80%", afirma el texto de la resolución.
En concreto, Di Candia habilitó a adelantar, en diferentes partidas, el pago correspondiente a 2020 por concepto de subsidios. La cifra total asciende a $ 1.314.645.352. En marzo la comuna transfirió $169.594.949 y en abril $168.172.162. 

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