Topes salariales: los acuerdos a los que llegó el Estado y la encrucijada a la que se enfrenta el INIA

La ley estableció que ninguna persona física que preste servicios personales a personas de derecho público no estatal o entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria (…) podrá percibir ingresos salariales mensuales permanentes superiores” al sueldo de un subsecretario de Estado. Eso es unos $ 263 mil nominales.

De todos modos, la propia norma habilita a los organismos a pedir al Poder Ejecutivo excepciones para superar ese tope. Esta habilitación llevó a que el gobierno recibiera al menos unos 130 pedidos de excepción al tope salarial en lo que va del año.

Pero más allá de las excepciones, algunos empleados no aceptaron la rebaja salarial y obligaron a los organismos a negociar una salida. Tanto en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) como en la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) hubo casos en los que tuvieron que llegar a un acuerdo con funcionarios que decidieron irse tras el tope impuesto por el gobierno. En esos casos no solo se les pagó la liquidación que les correspondía por su salida sino que se acordaron otros montos. Los acuerdos alcanzados fueron distintos en cada caso, según un relevamiento realizado por El Observador.

En la ANDE hubo al menos tres renuncias por el tope impuesto y en algunos de esos casos se negoció a acuerdos para la salida mientras que en la CND existió al menos un caso en el que se tuvo que negociar, según informó a El Observador el director por la oposición Alfredo Asti.

En la legislación laboral actual, si una empresa decide reducirle el salario a un funcionario, el afectado puede aceptar un despido parcial –por el monto que le bajan— o puede considerar un cambio en las condiciones y alegar un despido indirecto, por lo que la empresa estaría obligada a pagar una indemnización.

Tras todos estos inconvenientes que generó el tope, el Poder Ejecutivo decidió dar marcha atrás en el tope impuesto e incluyó un artículo en la Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento en el que ese límite se aumenta en $ 200 mil. El monto máximo será el 60% de lo que cobra el presidente que está sujeto a montepío (unos $ 463 mil).

La encrucijada del INIA

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) fue el organismo que más excepciones pidió, con 31, pero nunca recibió una respuesta del Poder Ejecutivo. Eso generó un problema al organismo a la hora de pagar los sueldos de aquellos que superan el tope.

Por un lado, el organismo está obligado a cumplir el tope vigente ($ 263 mil) pero por otro hasta el momento no recibió una respuesta del Poder Ejecutivo respecto a las solicitudes de excepción.

En ese contexto, el recibo de sueldo de las personas que cobran por encima del tope tiene dos apartados: uno con el salario hasta el límite y otro con el complemento que se computa como un adelanto de un eventual despido parcial que se concretaría en caso de que el gobierno no acepte la solicitud de excepción.

Es decir, los funcionarios siguen recibiendo el mismo sueldo de 2021 pero con esa diferencia en el recibo de sueldo.

Sin embargo, en seis casos el adelanto que están pagando ya completó el monto que correspondería por el despido parcial y el INIA no sabe cómo proseguir para seguir abonando esos salarios, según dijeron fuentes del organismo a El Observador.

En el instituto de investigación están a la espera de alguna señal del Poder Ejecutivo porque en caso de que se apruebe el cambio en la Rendición de Cuentas, que permitiría seguir pagando los salarios de manera normal, recién empieza a regir a partir de enero de 2023.