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Gobierno da marcha atrás en su propia norma y busca elevar $ 200.000 el tope salarial en organismos públicos
El gobierno liderado por Luis Lacalle Pou llegó al poder con la bandera de reducir el déficit fiscal del Estado y recortar lo que entendían como un exceso de gasto de las administraciones frenteamplistas. Eso llevó a que, una vez en el gobierno, se tomaran una serie de medidas para recortar el gasto y otras con el objetivo de enviar algunas señales de austeridad.
Sin embargo, una de esas normas aprobadas generó dolores de cabeza en la administración y ahora el gobierno da marcha atrás para evitar males mayores. El tope salarial impuesto en la ley de Presupuesto –y vigente desde enero de 2022– para los funcionarios de organismos o servicios públicos con participación del Estado aumentará en casi $ 200 mil si la Rendición de Cuentas se aprueba tal como la envió el gobierno, pasando de $ 263 mil nominales a $ 463 mil.
La ley de Presupuesto aprobada en 2020 estableció que “ninguna persona física que preste servicios personales a personas de derecho público no estatal o entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria (…) podrá percibir ingresos salariales mensuales permanentes superiores” al salario de un subsecretario de Estado. Eso implica unos $ 263 mil nominales.
Sin embargo, los organismos pueden solicitar, en “casos excepcionales y por razones fundadas en la notoria competencia o experiencia fehacientemente comprobada de la persona física”, exceder el tope dispuesto para lo que deben contar con previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economía y Finanzas.
Esta habilitación llevó a que el Poder Ejecutivo recibiera al menos unos 130 pedidos de excepción al tope salarial en lo que va del año. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) fue el que más excepciones solicitó, con 31, seguido por la Corporación Nacional de Desarrollo y el Fondo Nacional de Recursos con 13 cada uno, según una respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizado por El Observador.
Pero si la Rendición de Cuentas se aprueba tal como la envió el Poder Ejecutivo ese tope establecido en el Presupuesto se elevará en casi $ 200 mil y pasará a ser el 60% de la remuneración del presidente sujeta a montepío (el 60% de $ 772.746).
“Ninguna persona física que preste servicios personales a personas de derecho público no estatal o entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica, podrá percibir ingresos salariales mensuales permanentes superiores al 60% de la retribución total sujeta a montepío del Presidente de la República”, dice el proyecto de la Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento.
Ese tope que se propone ahora es el que rige para cualquier funcionario del Estado, y en esa diferencia fue la que se basó el gobierno para dar marcha atrás con su propia normativa.
“Unificar el criterio establecido para los organismos del artículo 221 de la Constitución de la República (empresas públicas) y los gobiernos departamentales”, dice la justificación del gobierno del proyecto de Rendición de Cuentas con la que trabajan los legisladores.
La causa del problema, según dice el propio gobierno en ese documento, es la diferencia retributiva que estableció su ley de Presupuesto.
Los problemas
Tal como informó El Observador en abril, el tope dispuesto por el Poder Ejecutivo, que empezó a regir en enero de 2022, generó dolores de cabeza en algunos organismos que estaban con problemas para retener a sus cargos más relevantes. Incluso, en algunos casos generó renuncias y, en otros, hay organismos que aun esperan por una resolución.
En aquel entonces, la presidenta de la Agencia Nacional del Desarrollo (ANDE), Carmen Sánchez, informó a El Observador que en su organismo cuatro de sus gerentes se vieron alcanzados por el tope salarial y que tres optaron por no aceptar la rebaja salarial y renunciaron a sus puestos.
El restante, ejecutivo –que asumió la gerencia general– permaneció en el cargo haciendo uso de las excepciones que permite el marco legal vigente percibiendo una remuneración mayor al tope de $ 263 mil nominales. Sánchez indicó que ese tema quedó saldado ya desde fines del año pasado y que la ANDE procedió a realizar un llamado para completar y adjudicar los tres cargos de gerentes que quedaron vacantes.
En el INIA, en tanto, nunca recibieron una respuesta formal a sus solicitudes y todos los jerarcas que pidieron excepción siguen cobrando por encima del tope. Fuentes del organismo dijeron a El Observador que a esta altura entienden que el gobierno va a esperar que se apruebe la nueva normativa en la que quedarían contemplados todos los salarios del instituto de investigación.
De todos modos, en otros organismos como Ancap (Cementos del Plata), Antel (para subsidiarias), la ANII, el LATU, INAC, República AFAP y la Comisión Administradora del Fondo de Solidaridad, entre otros, el gobierno sí aprobó la excepción al tope salarial.
