Una disposición del Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou –que pone un tope a los sueldos más elevados de organismos o servicios públicos con participación del Estado– está generando dolores de cabezas a los jerarcas de esas reparticiones para retener a sus cargos más relevantes; en algunos casos llevó a renuncias y, en otros, se espera por resoluciones que permitan excepciones a la norma vigente desde enero de este año.
En diciembre del 2020, el gobierno sustituyó un artículo de la ley 17.556 de setiembre de 2002. Allí se determinó que “ninguna persona física que preste servicios personales a personas de derecho público no estatal o entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica, podrá percibir ingresos salariales mensuales permanentes superiores a la retribución total del subsecretario de Estado”. La remuneración nominal de un subsecretario de Estado es de unos $ 263 mil.
El tope salarial en la remuneración de esos funcionarios está vigente desde el pasado 1° de enero de 2022 y “excluye a los directores de dichas entidades, para los cuales regirá a partir de las renovaciones de sus contratos o al vacar (cese)”.
Asimismo, el gobierno habilitó en “en casos excepcionales y por razones fundadas en la notoria competencia o experiencia fehacientemente comprobada de la persona física, exceder el tope dispuesto para lo que deberán contar con previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economía y Finanzas”.
El tope no cayó bien en la estructura salarial de distintas reparticiones, ya que en muchos casos implica una fuerte reducción de sus ingresos en la función pública salvo que se logre el aval del MEF y la OPP para mantener la remuneración vigente.
Según supo El Observador, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) solicitó casi 30 excepciones al Poder Ejecutivo para que sus técnicos y jerarcas no se vean alcanzados por ese tope salarial pero todavía no se obtuvo una respuesta a este planteo.
Una fuente oficial de una entidad involucrada dijo a El Observador que esa norma puede provocar la pérdida de personal “valioso” y “capacitado” dentro de la estructura de su organismo, y que la vía de acudir excepciones cada año para mantener a esos funcionarios –que perciben más de $ 263 mil– “no parece un buen camino”.
La presidenta de la Agencia Nacional del Desarrollo (ANDE), Carmen Sánchez, informó a El Observador que en su organismo cuatro de sus gerentes se vieron alcanzados por esa disposición y que tres optaron por no aceptar la rebaja salarial y renunciaron a sus puestos. El restante, ejecutivo –que asumió la gerencia general– permaneció en el cargo haciendo uso de las excepciones que permite el marco legal vigente percibiendo una remuneración mayor al tope de $ 263 mil nominales. Sánchez indicó que ese tema quedó saldado ya desde fines del año pasado y que la ANDE procedió a realizar un llamado para completar y adjudicar los tres cargos de gerentes que quedaron vacantes.
Excepciones en varios organismos
El Poder Ejecutivo aprobó (solo en abril) un número importante de excepciones a la norma que pone tope a los ingresos de sus funcionarios hasta el 31 de diciembre de 2022.
Por ejemplo, el 7 de abril aprobó una resolución que presentó Ancap para su subsidiaria Cementos del Plata. Allí se logró que su gerente general mantuviera una remuneración de $ 367.096 nominal, al igual que el gerente de la Planta 33 ($ 352.097), el jefe de Producción de Planta 33 ($ 318.019), el jefe de Planificación y Control Planta 33 ($ 267.225) a valores de enero de 2021, por lo que hoy sus ingresos son superiores a esos montos. Cementos del Plata cerró con una pérdida de US$ 2 millones el año pasado.
Antel también solicitó y obtuvo el aval del Ejecutivo para quedar fuera de ese máximo salarial para algunas de sus subsidiarias que operan bajo el derecho privado como el gerente general de ITC ($ 290.901) y los gerentes del área comercial, administración y finanzas, y operaciones. Lo mismo obtuvo para el gerente general ($ 290.901) y el gerente de proyectos de HG SA, y para el gerente general de Accesa ($ 278.105).
El gobierno también avaló un pedido de excepción que hizo la ANII para que su gerente de administración y finanzas mantuviera su remuneración nominal a enero de 2021 de $ 278.732. Lo mismo solicitó la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad para que su gerente general mantuviera una remuneración de $ 359.033 a valores de enero de 2021, así como la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (Copab) para su gerente general ($ 367.096), su gerente de seguro de depósitos ($ 314.620) y su subgerente de resolución bancaria ($ 314.620).
La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) pidió la excepción para 13 funcionarios de jerarquía, incluido su gerente general ($ 366.230), gerente de administración y TI ($ 320.681), gerente de administración de fondos ($ 315.055), entro otros 10. También pidió que quede por fuera el gerente general de la Corporación Vial del Uruguay ($ 320.692), su gerente de control económico financiero ( $ 280.275) y el gerente general de la Corporación Ferroviaria del Uruguay ($ 320.692) y el de la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión SA ($ 306.804).
República AFAP fue otra entidad del Estado que se acogió el pedido de excepciones para ocho de sus ejecutivos, incluido su gerente general ($ 690 mil), el gerente de inversiones ($ 492.414) y el jefe de mesa de inversiones ($ 411.396), entro otros cinco. El Ministerio de Industria también pidió excepciones para 11 ejecutivos de las empresas de gas por distribución por cañería Montevideo Gas y Conecta. La remuneración máxima la percibe el gerente general de ambas empresas con un sueldo de $ 367.096.
El INAC también pidió excepciones para nueve de sus gerentes y técnicos, incluido su gerente general ($ 353.587) y los gerentes de conocimiento, información y marketing, que percibían una remuneración de $ 282.506.
En todos los casos, son salarios a enero de 2021, por lo que este año, aquellos que cobran menos que un ministro de Estado ($ 309.439). En todos los casos, son salarios a enero de 2021 que pueden sufrir modificaciones en caso de posibles adicionales que cada organismo pudo negociar en sus respectivos convenios colectivos con el gobierno. Aquellos que cobran más que un ministro no reciben ajustes.
Otros organismos como el LATU o el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular también se acogieron a esa norma para mantener la remuneración de sus principales técnicos.
La Caja de Profesionales también aprobó una rebaja salarial para algunos de sus gerentes y funcionarios de la institución para cumplir con la disposición del Poder Ejecutivo, aunque pidió excepciones para ocho de sus principales ejecutivos incluido su gerente general al cual se le redujo su remuneración de $ 626.694 a $ 413.191 nominales.
