El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno ratificó lo fallado por la Justicia en primera instancia y puso punto final a la demanda iniciada por Gustavo Serafini –alias El Gucci– al excandidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, y los dirigentes Fabiana Goyeneche y Christian Di Candia tras la campaña en 2019, según surge de la sentencia de este miércoles a la que accedió El Observador.
En agosto de 2019, el popular cantante había anunciado que participaría de una lista del sector Baluarte Progresista en apoyo a la candidatura de Martínez. El candidato, que en un principio había aceptado el apoyo, le pidió que desistiera luego de recibir críticas en el Frente Amplio por las acusaciones de presunto abuso sexual que pesaban sobre el artista, algo que no fue comprobado en la Justicia. Goyeneche y Di Candia, por su parte, plantearon públicamente en ese momento sus discrepancias con la incorporación de El Gucci, debido a esas denuncias que cargaba en sus espaldas.
Ante esa situación, El Gucci entabló una demanda civil y reclamó U$S 70.000 a Martínez, US$ 60.000 a Goyeneche y US$ 50.000 a Di Candia por violación moral a su imagen. A su vez exigía US$ 150.000 por lucro cesante (ingresos que dejó de percibir por la afectación a su figura), dado que acreditaba que "no lo contrataron como antes lo hacían, ni de Teletón, ni Unicef, ni clubes de fútbol, porque entendieron que era un desprestigio contratarlo".
La jueza Ana María Bello había desestimado esa demanda en primera instancia a finales del año pasado, aludiendo que el eventual daño que haya sufrido el artista "no fue causado por los demandados", en tanto ello "radica en el comportamiento de terceras personas que manejan las redes sociales anónimamente y sin responsabilidad".
Casi un año después, tras el recurso interpuesto por la defensa de El Gucci, el Tribunal de Apelaciones volvió a pronunciarse en la misma línea. Las ministras Patricia Hernández, Rosario Sapelli y Adriana de los Santos afirmaron que Serafini no comprobó los perjuicios declarados en su demanda, que los demandados no podían hacerse cargo de la repercusión en redes por sus declaraciones, y que no había habido dolo o abuso de derecho por parte de Martínez, Di Candia y Goyeneche.
El tribunal apuntó que el hecho de que El Gucci aceptara formar parte de la lista para ser candidato conllevaba la posibilidad de que "sus correligionarios puedan opinar y valorar la conveniencia o no de ese ingreso", así como también abrir las puertas a que "los ciudadanos se pronuncien a su respecto".
"El Tribunal no soslaya ni minimiza que, lo vivido por el actor a consecuencia de su aceptación a integrar la lista 890 del Frente Amplio, pudo aparejarle perjuicios, aflicciones, daño espiritual y también patrimonial, pero, cuestión diferente es que la misma obedezca a un proceder abusivo o culpable, que haya sido realizada con abuso de derecho o con intención de dañar por parte de los contrarios", reza la sentencia.
Los ministros recabaron a partir de un informe de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) que la carrera artística de El Gucci "venía en descenso" desde 2016, al tiempo que desde Teleton aseguraron que "ya hacía un tiempo que no se lo convocaba", que las convocatorias siempre habían sido "honorarias" y que por tanto "no dejó de percibir ingreso alguno".
"No queda nada claro el nexo causal entre el episodio por el que reclama y la caída de los espectáculos del actor, cuando ello ya venía ocurriendo desde el año 2018 producto de una denuncia penal anterior que fuere archivada", apuntaron desde el tribunal de apelaciones.
Los defensores Juan Pablo Pío y Renata Scaglione declararon a El Observador que la sentencia es "una buena noticia no solo para Martínez, Di Candia y Goyeneche, sino para todo el espectro político". Los abogados apuntaron que el fallo recoge su tesis respecto a que "la conveniencia o no de una postulación en ningún caso puede reputarse hecho ilícito y generador de responsabilidad", en tanto cualquier aflicción o angustia "está dentro de las reglas del juego de la política".
"En definitiva, significa un freno a la judicialización de las contiendas políticas. Y ésa es la mejor noticia", concluyeron.
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