En la semana entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la intendenta Carolina Cosse envió a la Junta Departamental la solicitud para destituir por "ineptitud moral" a Pablo Sanmartino.
La resolución del 26 de diciembre del 2023, a la que accedió El Observador, llega siete años y medio después de que Daniel Martínez lo cesara como titular de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo (IM) y diera luz verde a una denuncia penal por irregularidades.
Sanmartino, desvinculado del sector frenteamplista Asamblea Uruguay en julio de 2016 –a horas de que el intendente lo removiera–, se ha desempeñado desde enero de 2017 en la Unidad de Alumbrado Público de la comuna, área a la que pertenecía antes de su designación política en 2015 y de la que es funcionario.
La administración de Martínez derivó a la Justicia el manejo irregular de fondos que le costó el cargo y la suspensión de manera preventiva, con retención de sueldo. Pero cuatro meses después, en enero de 2017, la intendencia permitió que se reintegrara a su cargo presupuestal –como funcionario– a la espera de que hubiese una conclusión a nivel penal.
Desde entonces, Pablo Sanmartino se desempeñó en Alumbrado, participando en intervenciones como la iluminación por Carnaval sobre la Plaza Cagancha, la del túnel de Avenida Italia y las reformas en la plaza Terminal Goes.
Recién en 2021 el exjerarca fue condenado sin prisión por el delito de "apropiación indebida" en 2021, sentencia luego ratificada el 28 de julio del siguiente año por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 23º Turno.
Mientras tanto, Sanmartino pidió su reafiliación a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) que él mismo condujo en los 2000, tiempos de alta conflictividad entre el sindicato y la administración de Mariano Arana. La Asamblea General del gremio, dirigida todavía por Valeria Ripoll como secretaria general, votó a favor de reincorporarlo bajo la premisa de que el exjerarca ya había pagado por sus errores y de que existían casos más graves de funcionarios que se mantenían en la plantilla, según reconstruyó El Observador.
Fue así que la noticia de la intendencia pidiendo la anuencia de la junta para destituirlo –que se tramitó en la última firma de acuerdos del 2023– cayó como una "sorpresa" en el ambiente del gremio de municipales.
Facebook de Pablo Sanmartino
Archivo 2016. Pablo Sanmartino como titular de la Secretaría de Deportes junto al secretario general de la IM, Fernando Nopitsch
No fue "prolijo" y pierde "idoneidad moral"
A un año y medio de que la denuncia tuviera sentencia definitiva en la Justicia, la IM señaló que "la conducta desplegada por el funcionario Pablo Sanmartino compromete su idoneidad moral para ejercer el cargo de funcionario público", quienes "deben conducirse tanto en su vida pública como privada con el debido decoro y dignidad".
El comité de base de la Secretaría de Deportes cuestionó en 2016 –en una denuncia firmada por Camilo Clavijo y Facundo Cladera como los referentes de Adeom de la época– que Sanmartino organizaba carreras al mismo tiempo que presidía la Confederación Atlética Uruguaya (CAU), entidad deportiva encargada de recaudar el dinero de las inscripciones a las carreras y el pago de las marcas a cambio de publicidad.
"El hecho de que ambas instituciones tengan un mismo titular, por lo menos pone en duda la transparencia con la que se administran tales bienes", denunciaron los trabajadores. Hasta que pidió licencia durante la investigación administrativa sobre su proceder, Sanmartino estuvo al frente de cuatro carreras desde la IM: la San Felipe y Santiago (2015), 5k Mujeres (2016), Maratón de Montevideo 21k (2016) y Maratón de Montevideo 42k (2016).
En las conclusiones de la investigación interna de julio de 2016 que el entonces director de Deportes había reconocido "que el manejo de dinero como jerarca" no había "sido prolijo"; que admitía "haber manejado erróneamente la publicación de los premios que se pagarían a los atletas que participaran en la maratón de Montevideo 2016, asi como el manejo de cierta publicidad".
Además, Sanmartino confesaba no haber controlado el dinero recaudado desde Redpagos y vertido a la CAU, al tiempo que desconocía "si los dineros públicos que debía administrar fueron correctamente gastados".
La destitución firmada por Martínez hace casi ocho años apuntaba: "Surge un evidente conflicto de intereses entre la actividad que ejercía Sanmartino como presidente de la CAU y su cargo de coordinador ejecutivo de la Secretaria de Educación Física, Deporte y Recreación en la medida en que (...) debía controlar a la institución que él presidía (...), concluyéndose claramente que su gestión adoleció de importantes desprolijidades (...) al no realizar el contralor indispensable que la IM debía ejercer".
La comuna también relató que "su doble rol facilitó que retirara cheques de la CAU por un monto de $ 400.433, pertenecientes a la Intendencia" que se habían recaudado con la San Felipe y Santiago, sin haber justificado el gasto con las boletas correspondientes".
Aquel episodio también supuso su salida de la Confederación Atlética, con polémicos coletazos que terminaron dejando fuera de los Juegos Olímpicos al corredor cubano nacionalizado uruguayo, Aguelmis Rojas. Su colega Andrés Zamora había denunciado irregularidades en la Maratón de Montevideo en la que Rojas había marcado los tiempos que le permitían ocupar el tercer cupo para sumarse a la delegación olímpica.
Con Sanmartino al frente, la CAU había desestimado dicho cuestionamiento, pero la nueva directiva terminó resolviendo anular los resultados de esa maratón del 2016, cambiando así el tercer atleta que concurriría a competir en los juegos de Río de Janeiro 2016.
