La Justicia desestimó en primera instancia la demanda por US$ 330 mil impulsada por el popular cantante Gustavo Serafini –conocido como El Gucci– al exintendente Daniel Martínez, Fabiana Goyeneche y Christian Di Candia, por hechos que se remontan a la campaña electoral de 2019.
La sentencia de este martes –firmada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil de 4° Turno, Ana María Bello– concluye que "la conducta de las partes ha sido correcta, cada parte defendió su postura sin malicia temeraria, por tanto no impondrá sanciones", según el documento, al que accedió El Observador.
En agosto de 2019, El Gucci había anunciado que participaría de una lista del sector Baluarte Progresista en apoyo a la candidatura de Martínez. El candidato, que en un principio había aceptado el apoyo, le pidió que desistiera luego de recibir críticas en el Frente Amplio por las acusaciones de presunto abuso sexual que pesaban sobre el artista, algo que no fue comprobado en la Justicia. Goyeneche y Di Candia, por su parte, plantearon públicamente en ese momento sus discrepancias con la incorporación de El Gucci, debido a esas denuncias que cargaba en sus espaldas.
Ante esa situación, El Gucci entabló una demanda civil y reclamó U$S 70.000 a Martínez, US$ 60.000 a Goyeneche y US$ 50.000 a Di Candia por violación moral a su imagen. A su vez exigía US$ 150.000 por lucro cesante (ingresos que dejó de percibir por la afectación a su figura).
La jueza, sin embargo, determinó en este sentido que el eventual daño que haya sufrido el artista "no fue causado por los demandados", en tanto todo lo causado "radica en el comportamiento de terceras personas que manejan las redes sociales anónimamente y sin responsabilidad". No así, en cambio, en los dirigentes demandados, cuyas acciones se enmarcaron en "una decisión política en el derecho de libertad de expresión" al hacer declaraciones a la prensa, sin "configurar un ataque a la dignidad de la persona".
Ana María Bello sentenció que la participación de Goyeneche y Di Candia –entonces jerarcas de la Intendencia de Montevideo (IM) muy cercanos a quien se postulaba como candidato a presidente– estuvo "basada en declaraciones a la prensa" y que las mismas "están resguardadas por el derecho de libertad de expresión".
Goyeneche –por entonces directora de Desarrollo Social de la IM– había afirmado en radio Del Sol que si bien las denuncias no habían sido confirmadas por la Justicia, sí era "cierto que la comunidad y sobre todo los colectivos feministas" sostenían las acusaciones y desde su punto de vista el resultado judicial no se correspondía con la realidad.
Di Candia, que suplantó a Martínez al frente de la Intendencia, dijo también en esa misma emisora que el candidato ni se debía de haber enterado "de la situación". El entonces intendente en funciones lo consideró como "un error del equipo de asesores que le tendría que haber dicho 'mirá que está esta situación'", haciendo alusión a las denuncias por acoso y violencia de género. "Teniendo en cuenta las denuncias que están encima de la mesa preferiría que no participara en una lista con el Frente Amplio y apoyando a Daniel Martínez", había zanjado.
La sentencia judicial resaltó que "el hecho de dar una opinión o no simpatizar o defender posturas dentro de una fuerza política, no es un acto o un hecho ilícito que configure la responsabilidad invocada" por el demandante. Respecto a las declaraciones de Goyeneche, señaló que "si los distintos medios replicaron sus declaraciones", ella no tenía "legitimación pasiva ni responsabilidad alguna" por la situación.
El texto de 23 páginas detalló por otro lado que todos los acontecimientos "no significan la existencia de un ánimo subjetivo en la conducta" de los tres demandados de "dañar o injuriar los derechos" de El Gucci, "ni exponerlo al escarnio público".
"El pronunciamiento es contundente cuando dice que el hecho de dar una opinión o no simpatizar o defender posturas dentro de una fuerza política, no es una conducta ilícita y mucho menos que configure un tipo de responsabilidad", declararon a El Observador los abogados Renata Scaglione y Juan Pablo Pío, integrantes de la defensa de los demandados. "Más aún cuando es un asunto de vital importancia para la opinión pública, donde ésta debe informarse respecto de los candidatos, por lo que no se basa en una controversia privada", añadieron.
"La magistrada determinó que si el problema es político, la solución es política, que Serafini no probó sus dichos y que no le cabe ninguna responsabilidad civil" a los demandados, expusieron. "Ganó la democracia", remataron.
