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"Un primer paso" pero "tibio": este miércoles se vota en Senado el proyecto de ley de delitos ambientales
Este martes en la Cámara de Senadores se votará el proyecto de ley que tipifica penalmente los delitos ambientales. Luego pasará a la Cámara de Diputados. Tanto desde la Asociación Civil Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendú) como del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República (Udelar), destacaron la fundamentación del proyecto, pero criticaron su composición.
El proyecto de ley incluye en el Libro II del Código Penal Uruguayo el título “Delitos contra el ambiente”. "Nace de sumar distintos proyectos que había iniciados ahí en el Parlamento", dijo Mauricio Álvarez de Coendú a Doble Click (Del Sol).
Para Álvarez se trata de un proyecto que es "un primer paso de la tipificación penal", pero que al mismo tiempo es "tibio". Señaló que dos artículos –"uno es de caza, pesca, captura y muerte de fauna y el otro que es de tala, alteración y destrucción de flora"– quedan "únicamente dentro de las áreas protegidas".
"Y sabiendo que Uruguay tiene una carencia enorme en cuanto a la cantidad de territorios protegidos, es apenas superior al 1%, creemos que no es un cambio sustancial y no va a tener efectos reales", afirmó este martes.
Según Álvarez "puede darse una contradicción enorme" respecto a la caza. "Tú podés llegar a cazar un animal en peligro de extinción fuera de un área protegida, que obviamente es un delito mucho más grave, y se va a seguir considerando una falta, un delito que no tiene tipificación penal alguna, y otra persona dentro de un área protegida pueda cazar un animal que no tenga riesgo de conservación y puede ser tipificado penalmente", ejemplificó.
Además señaló que "limitamos solo a las áreas protegidas que es donde el cazador más se cuida", de no cazar animales en peligro de extinción, por ejemplo. "Las áreas protegidas, más allá de sus carencias, también cuentan con guardaparques y hay un control mayor dentro para que no sucedan esas actividades", añadió.
Álvarez de Coendú dijo de todas formas sobre el proyecto que "es mejor que salga que que no salga".
"La idea que tiene es la inclusión en el código penal, que tengan penas carcelarias, la contaminación del aire, del agua, del suelo, la contaminación de residuos. Hubo consenso por suerte", indicó.
Desde la asociación civil avisaron que se trataba de un proyecto "tímido". "Planteamos pequeños cambios. Uno ya había sido considerado aparentemente en las discusiones, el otro se incluyó que era un tema de tráfico en la tipificación que dejaba afuera a un montón de especies que puede ser muy jodida traficarlas. Y después esto de las áreas protegidas", sostuvo.
Según afirmó en Doble Click, sobre este tema nunca obtuvieron una "respuesta concreta". "La respuesta fue: 'vamos a llamarlos para hablar en comisión', pero pasaron dos meses y la comisión no se reunió". "El presidente es el senador Juan Sartori. No se logró dar con él. No está nunca en el país. Fui al Parlamento en dos oportunidades y estaba el despacho cerrado. No logramos contactarlo para acelerar la reunión", contó Álvarez.
No lo que "merecemos tener"
Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal de la Udelar, dijo a TV Ciudad que el proyecto es una "buena idea", pero que "no es una construcción jurídica como merecemos tener".
Aller señaló además que en el código penal ya estaban previstas "algunas de las conductas" que aparecen en el decreto. "No descriptas de esta forma", pero que, aun "dispersas", "abarcarían estas conductas".
"Contemplación jurídica no tenemos suficiente, adecuada, pero tenemos. No es que estemos en la nada", aseguró.
Con las fábricas en el siglo XIX "ya había preocupación, y eso llevó a legislar en nuestros códigos sobre algunas de estas cuestiones", contó el director del instituto de la Udelar.
Por ejemplo, indicó que "sigue siendo delito la desviación de cursos de ríos con razones que no estén debidamente fundadas y con control por parte del estado".
Aller dijo que a veces las empresas prefieren pagar la multa "y dañar el ecosistema". "En ese tipo de casos lo que tenemos que prever no es tanto la sanción meramente económica sino además de la económica tener una progresión que permita la expulsión, la clausura, el cierre de esa empresa. Ahí la cuestión cambia", dijo Aller.
En el actual proyecto de ley, para el director del instituto de la Udelar, "hay formatos de delitos parcialmente en blanco o en blanco", es decir que son un poco difusos y que pueden generan riesgos a la hora de implementarlos.
También tiene "muchas formas culposas o imprudentes que debieran de estar fuertemente sancionadas en la esfera administrativa, pero no penal", opinó.
Aller destacó que "agregamos delitos de peligro", que no implican daños constatados sino que refieren al peligro de que pueda haber daño. "Eso es lo que hace una buena idea, una muy buena fundamentación", sostuvo. "Pero el proyecto tal como está no es una construcción jurídica buena, adecuada, como merecemos tener".
