"Es una huella de una política de exterminio, de desaparición de toda huella del crimen", dice María Luisa Ortiz, jefa del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

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Un riel ferroviario, la silenciosa huella de los "vuelos de la muerte" de Pinochet en Chile

Es una de las escasas evidencias físicas de los vuelos clandestinos que tenían como misión arrojar al mar a los detenidos desaparecidos por la dictadura que derrocó a Salvador Allende
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18 de enero de 2024 a las 05:03

Atados a pedazos de hierro, los cuerpos de los detenidos, torturados y luego desaparecidos eran arrojados al mar desde los llamados "vuelos de la muerte" durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Un oxidado riel ferroviario de poco más de un metro cubierto de restos de moluscos que se exhibe en el Museo de la Memoria en Santiago de Chile es una de las pocas evidencias físicas de la práctica usada para desaparecer a los opositores.

Los investigadores asumen que el riel fue amarrado al cadáver de una de las personas ejecutadas por los hombres de Pinochet, quien murió en 2006 sin ser juzgado por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en su régimen.

"Es una huella material, palpable y emocional de una política de exterminio, de desaparición de toda huella del crimen de un ser humano", dice María Luisa Ortiz, jefa de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Según los registros oficiales, la dictadura de Pinochet dejó un saldo de más de 3.200 víctimas, entre muertos y detenidos desaparecidos, cuando aún se desconoce el paradero de 1.162 de las personas secuestradas por la dictadura.

El riel se exhibe dentro de una vitrina, en el sector de “Hallazgos”, junto a un pedazo de soga manchada por el óxido de la misma pieza y un perno de 13 centímetros.

“Retiro de Televisores”

La denominada operación “Retiro de Televisores” fue la solución a la que echó mano la dictadura chilena para encubrir las matanzas ocurridas a lo largo de Chile tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende (1970-1973).

La decisión fue tomada por Pinochet y la Junta Militar tras el descubrimiento de los cuerpos de 11 campesinos y 4 jóvenes de Isla de Maipo, en Lonquén. Era el penúltimo día de noviembre de 1978, cuando los cuerpos de los opositores asesinados comenzaron a ser desenterrados de fosas clandestinas para ser arrojados al mar.

Según las investigaciones realizadas por los organismos de derechos humanos y la justicia se realizaron al menos 40 vuelos, que salieron desde el Aeródromo Tobalaba, y en cada uno subieron entre 8 a 15 cuerpos a bordo de helicópteros Puma, vuelo en los que participaron pilotos y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército (CAE).

Prueba irrefutable de la práctica fue el cadáver de la profesora Marta Ugarte, secuestrada y torturada brutalmente en Villa Grimaldi, cuyo cadáver fue devuelto por el mar a una playa de la localidad de Los Molles, en la V Región, brindando así una prueba irrefutable de la práctica aplicada en forma sistemática.

De acuerdo con una exhaustiva investigación realizada por el periodista chileno Jorge Escalante, que aborda el destino de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que Pinochet ordenó asesinar, los “vuelos de la muerte” como práctica de eliminación de cadáveres se habría realizado hasta 1987, año del que data el último registro disponible hallado en el Aeródromo de Tobalaba.

El “soplo” de un militar

Los tres elementos exhibidos en el Museo de la Memoria fueron hallados por buzos de la policía frente a una playa en la localidad de Caldera, a 870 kilómetros al norte de Santiago, en junio de 2013, gracias a la declaración confidencial de un militar en el marco de la investigación judicial del llamado caso “Caravana de la muerte”, uno de los más emblemáticos de los crímenes cometidos por la dictadura.

Días después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno de Allende (1970-1973), un grupo de militares encabezado por el general Sergio Arellano recorrió en helicóptero varias ciudades del país para ejecutar a partidarios del presidente derrocado que habían sido detenidos.

La operación, que se ejecutó entre septiembre y octubre de 1973, terminó con el asesinato o desaparición forzada de 93 prisioneros políticos. Por estos homicidios la justicia procesó a 48 militares, incluido Pinochet y Arellano, que fueron finalmente sobreseídos por sus respectivos estados de salud, y condenó a 27 uniformados en retiro.

Sin embargo, se ignora a qué caso puntual está relacionado el riel, la soga y el perno, ya que eso forma parte del "cuaderno reservado" de la investigación, explica Ortiz. "Un riel de ferrocarril no llega al mar solo. Alguien lo lanza con un objetivo. La pieza habla por sí misma", asegura la jefa de Colecciones e Investigación del museo.

El informe pericial apunta que la evidencia física está adscrita al "Episodio Copiapó" del caso “Caravana de la Muerte”. En Copiapó, a 77 kilómetros de Caldera, la delegación que encabezó Arellano ejecutó a 13 prisioneros, que fueron sepultados en el cementerio de la ciudad. Otros tres detenidos, cuyo paradero se desconoce, podrían haber sido lanzados al mar.

Dos entierros y un lanzamiento al mar

No obstante, la justicia tampoco descarta la evidencia pueda estar relacionada con lo sucedido en Calama, a unos 1.500 kilómetros de la ciudad de Santiago de Chile. Allí la operación de Arellano, designado por Pinochet como su "delegado", asesinó a 26 personas. Los cuerpos de todos ellos fueron sepultados en el desierto.

Sin embargo, más de un año después, cuando los familiares comenzaron a preguntar por los desaparecidos, los cadáveres fueron desenterrados por militares y llevados a otro sector, a un kilómetro de distancia, donde volvieron a ser enterrados. Quince días después los restos de cinco de las víctimas volvieron a ser sacados y, esta vez, envueltos en bolsas, embarcados en un avión y lanzados al mar, según la investigación judicial.

El trozo de riel ferroviario, el perno metálico y el trozo de cuerda llegaron hasta el Museo de la Memoria por orden del juez Mario Carroza, coordinador nacional de los casos de violaciones a los derechos humanos y miembro de la Corte Suprema de Justicia.

“Estos vestigios son elementos históricos. Son significativos porque nos hablan de lo ocurrido durante la dictadura, de sus crímenes. Tienen una trascendencia importante como símbolos y por esa razón se entregaron al museo para ser exhibidos”, explica Carroza.

(Con información de AFP)

 

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