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Una nueva y masiva protesta inundó las calles de Francia contra la iniciativa de Macron
Casi dos semanas después de movilizar en las calles de diferentes ciudades de Francia a más de 1 millón de personas, según las autoridades y el doble para los organizadores, las centrales obreras y los partidos de izquierda volvieron a manifestarse masivamente contra la reforma previsional que impulsa el presidente Emmanuel Macron, iniciativa que promueve el retraso progresivo de 62 a 64 años hasta 2030 de la edad de jubilación y el adelanto a 2027 la exigencia de elevar de 42 a 43 años los años de aporte para cobrar una pensión completa.
Las dos medidas, que cristalizan la oposición de los trabajadores, devinieron en una segunda huelga general que tuvo un alto nivel de acatamiento en el sector del transporte público, en especial en el metro de París, en los trenes de cercanía de la región y en los ferrocarriles de provincia; como así también en las escuelas públicas, aunque en menor medida.
La huelga, que convocó a un 1,2 millones de manifestantes según la CGT, provocó en el sector energético una caída de producción en las centrales nucleares de "casi 3.000 MWh", según la empresa EDF; protesta que también tuvo un alto nivel de acatamiento en los depósitos de Total Energies, que se unieron al paro.
"El gobierno debe escuchar el rechazo masivo de este proyecto y retirarlo", dijo Patricia Drevon, sindicalista de FO, tras una reunión de las centrales sindicales, llamando a nuevas movilizaciones la próxima semana, el martes 7 y el sábado 11.
"Si la primera ministra Élisabeth Borne no entendió el mensaje, hoy le dijimos más alto y más fuerte, que el rechazo al aumento de la edad jubilatoria por parte de los trabajadores no es negociable”, dijo a los medios BFMTV y RMC el líder del sindicato CGT, Philippe Martinez.
"Estamos viviendo un día histórico. El señor Macron está seguro de perder", afirmó el líder de izquierda Jean-Luc Mélenchon, quien reclamó que la reforma se someta a un "referéndum", iniciativa que según los sondeos tiene el rechazo total o parcial del 70% de la población, en un contexto en el que algunas encuestas señalan que dos de cada tres franceses consideran a Macron un mal presidente y a Borne una mala primera ministra.
París, donde se detuvo a 30 personas por choques con las fuerzas de seguridad, registró la mayor manifestación con 500.000 personas, según la CGT; participación que subió con relación a la primera protestas en la mayoría de ciudades y pueblos, alcanzado los 40.000, 28.000, 23.000 Marsella, Nates y Rennes, respectivamente, según la policía.
Según los analistas, las nuevas jornadas de protesta podrían aumentar la tensión en la Asamblea Nacional (cámara baja), que comenzó en la víspera el examen en comisión de la reforma y que tiene menos de una semana para debatir las 7.000 enmiendas presentadas antes de que llegue al pleno del legislativo el próximo lunes.
Con el rechazo ya anunciado del frente de izquierda y de la extrema derecha, el gobierno espera el apoyo del partido de la derecha liberal Los Republicanos (LR), favorable a una reforma pero dividido sobre sus características. En caso de no conseguirlo, Macron podría escoger un polémico procedimiento que le permite aplicar la iniciativa por decreto si el Parlamento no se pronuncia para finales de marzo, pero a riesgo de acentuar su perfil autoritario.
Desde su llegada al gobierno en 2017, Macron, de 45 años, defendió su voluntad de "sacudir" el sistema con sus reformas de corte liberal, que en ocasiones han impulsado una imagen de "presidente de los ricos", como durante la protesta social de los chalecos amarillos, que se inició en 2018 contra el aumento del precio de los combustibles y por la caída del poder adquisitivo, movilizaciones que cobraron especial intensidad en las regiones rurales de Francia y en las periferias de las grandes ciudades, incluso con duros enfrentamientos con la policía.
Por lo pronto, la reforma es clave en la estrategia de Macron, que debió posponer la iniciativa que había anunciado en su campaña electoral por la pandemia y que retomó este año para, según argumenta el oficialismo, para equilibrar las finanzas del sistema previsional hacia 2033, evitando así un incremento del gasto público y un consecuente mayor déficit fiscal primario.
Unas de las pocas voces que salieron en defensa del proyecto es el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que evaluó que la iniciativa, en conjunto con la aprobada reforma del seguro por desempleo, permitiría que el país reduzca su deuda pública, situada por encima del 110% del Producto Interno Bruto (PIB).
(Con información de AFP)
