Una semana en busca de la cuarta pata al gato y defendiendo/atacando una ley que no leyeron

→ La ley de urgente consideración, al igual que la semana pasada, fue de los temas más fuertes de política. Pero para quienes quisieron atacar o defender la iniciativa, fue una semana difícil. La insólita discusión por la “apariencia delictiva” dio muestras de ello. ¿Qué es lo que pasó? Una periodista le planteó al senador electo Jorge Gandini en canal 10 su preocupación como mujer negra por que la ley maneje este concepto para habilitar la detención de personas. Gandini contestó en defensa de ese término y se enfrascó en una discusión sobre la “apariencia” de las personas y el delito. El asunto es que el término no es tal. La ley no dice que los policías podrán detener a personas con “apariencia delictiva”. Esas dos palabras aparecen cinco veces en el anteproyecto y siempre habla de “hechos de apariencia delictiva”. No de personas. Pero además, no es ni siquiera un término nuevo que incorpore esta ley, sino que es parte de la legislación histórica en Uruguay. Lo que pretende hacer el gobierno electo es modificar algunos artículos de otras leyes que lo mencionan, dándole más facultades a la policía. Por ejemplo, esos términos están en la Ley de Procedimiento Policial, aprobada por el Frente Amplio en 2008, y en el Código del Proceso Penal de 2014.

→ Del debate en las redes solo una muestra sirve como botón: un posteo del intendente de Montevideo, Christian Di Candia, que subió una foto con un filtro de instagram con piercings acompañado de la frase “apariencia delictiva”.

Por más que luego intentó aclarar que fue una broma con su hijo, de todas formas aprovechó para criticar la propuesta de Lacalle: “El problema es cuando los hechos quedan en la subjetividad de quien termina ejerciendo el poder y la fuerza en la calle”, dijo. En cualquier caso sería la misma subjetividad que rige hoy.

→  El debate político se empobrece cuando se argumenta sin estudiar el tema que se discute. Le pasó al intendente y también a Gandini cuando lo agarraron mal parado con una pregunta con información incompleta. Estos episodios sirven para ver dos actitudes políticas que merecen análisis. Del lado del Frente Amplio la reacción negativa es casi inmediata en contra de la ley de urgencia. Sin importar el porqué. ¿Esta va a ser la actitud del FA durante todo el período? Lacalle se refirió a eso el fin de semana y dijo que recibió "más palo que las llamadas", pero que los “palos son a tapa cerrada”. "No lo leo, le doy por si acaso. Después capaz que lo leo", ironizó. Si el FA recorre este camino le estará diciendo a la ciudadanía que aún no logró interpretar el resultado de las urnas.

→ Del otro lado, lo que le pasó a Gandini sirve de ejemplo para mostrar un problema que tiene la coalición multicolor. El senador blanco es sin dudas de los más estudiosos legisladores. Es difícil encontrarlo mal parado. Pero tuvo una gira de medios defendiendo una ley que evidentemente no podía manejar al detalle porque la conoció hace muy poco rato. Lo hizo al mismo momento que el resto de lo ciudadanos: periodistas, sindicalistas y políticos, ya sea opositores u oficialistas. Y ahí el gobierno electo tiene una debilidad. Porque incluso algunos de los ministros designados no tienen un manejo profundo del texto. Se trata de un plan de cambios fuerte. Tal vez desde el programa de gobierno del FA en 2005 no  había una hoja de ruta de cambios tan clara. Pero es una agenda ideada por el futuro presidente y su equipo, que no necesariamente quienes la van a votar en el Parlamento e interpretar en el Poder Ejecutivo aún la manejan en profundidad. Hasta ahora este anteproyecto ha logrado mostrar a un futuro presidente fuerte, afirmado en el timón y liderando la coalición, pero también es momento de empezar a mostrar que a su lado hay equipos que también dominan estos asuntos.

→ La LUC (como ya la tuteamos los conocidos 😉) también parece esconder una estrategia bastante inteligente de Lacalle: haberle puesto cosas que ya sabe que no perdurarán. Eso le permitirá más adelante “entregarles” algunas victorias a sus socios e incluso a la oposición o los sindicatos. Un ejemplo muy claro es la desregulación en la importación de combustible. Lacalle ya sabe que algunos de sus socios no lo llevan. Y ya sabe que el sindicato de ANCAP le hará la guerra por eso. En algunas semanas podrá anunciar que lo retira de la ley y consolidar su imagen de negociador.

→ No solo en la LUC se ve esa estrategia. Esta semana El Observador informó que en la lista de cargos que Lacalle le entregó a Javier Miranda para otorgarle al Frente Amplio no hay lugares en Antel ni en Colonización, lo que generó malestar en la izquierda. En el entorno de Lacalle ya aclararon que es algo a negociar. 

→ Pero también hubo otros choques entre el gobierno electo y el FA. El más fuerte fue por el caso Aratirí, aquel “paquetito” con el que Mujica ilusionó y que ahora terminó en un juicio millonario contra Uruguay. El fin de semana se conoció que el futuro director de la OPP,  Isaac Alfie, fue contratado por el estudio Ferrere para que elaborara un informe técnico sobre el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones. Ferrere es el estudio que trabaja para Aratirí. Hasta ahí todo bien, porque Alfie cuando hizo este trabajo no tenía idea que su nuevo rol sería nuevamente en el gobierno.  El asunto es que Alfie estuvo en  Washington para declarar el miércoles en el juicio. Según aclaró, no lo hizo como “testigo” ni para declarar a favor ni en contra de ninguna de las partes. “No soy actor de ninguna disputa contra el Estado uruguayo (...) no represento parte alguna”, escribió en un comunicado luego de la acusación por parte de dirigentes del FA –como lo hizo el senador Charles Carrera– de una supuesta conjunción del interés público y privado. Este episodio deja una pregunta clave sin contestar: ¿era necesario que concurriera a declarar? ¿No podía excusarse? Si realmente estaba obligado por alguna norma –no digo por una sanción económica o porque le descontaran algo de sus honorarios– no hay nada que discutir: hizo un trabajo privado antes de saber que trabajaría para el Estado y ahora debe responder por él. Pero si no estaba obligado a ir, deja un ruido instalado en el ambiente que no es nada bueno para el próximo gobierno. Lacalle, amplio opositor a Aratirí en su momento, lo respaldó. Alfie asegura que no podía negarse a ir, pero no aclaró qué lo obligaba. Lamentablemente la declaración de reserva por parte del actual gobierno impide que conozcamos la película completa, algo que le daría más transparencia a un asunto que, en definitiva, puede salirles muy caro a todos los ciudadanos.

→ En asuntos de transparencia no son nada buenas las señales que dan algunos dirigentes del gobierno electo respecto a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Ese organismo señaló esta semana a la Intendencia de Artigas por contratar a tres empresas vinculadas a funcionarios. La junta concluyó que el intendente Pablo Caram y dos funcionarios incumplieron las normas de probidad de la función pública. Caram se defendió acusando a la Jutep de "intencionalidad política". Mucho más grave fue la defensa de otro intendente, Sergio Botana (Cerro Largo), que amenazó con realizar cambios en la Jutep y comparó al organismo con un “comité de base” frenteamplista. “Deberíamos pensar en sustituirla por un organismo en serio”, escribió el futuro senador nacionalista. Botana será el tercero en la línea sucesoria de Lacalle luego de Argimón y Graciela Bianchi. Caram en la conferencia de prensa en la que se defendió dijo una frase que resume todo este bochornoso episodio: “Se le han buscado las cuatro patas al gato y acá en esta administración no tenemos nada que esconder”. Justamente eso es lo que tiene que hacer la Jutep, buscar las cuatro patas del gato, porque no debe tener ni tres, ni dos. Sino cuatro. A esta junta no le tembló el pulso en poner contra las cuerdas a Sendic, con un informe que fue usado por la Justicia cuando lo procesó. En más de un caso ha mostrado ecuanimidad y mucho celo por cuidar la ética en el Estado. Y no, no es algo menor que un jerarca contrate a sus familiares con dinero público. Esperemos que por más que cambien las autoridades en el gobierno, la Jutep siga teniendo esa independencia.

El otro gran tema de la semana fue el nuevo capítulo de la “telenovela” de las candidaturas departamentales, pero de eso te hablo aquí.