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Uruguay, un punto rojo en el mapamundi de Estados Unidos
El embajador Elbio Rosselli repitió durante cuatro minutos una serie de frases conocidas: que el tema Venezuela no está en la agenda del Consejo de Seguridad, que el Uruguay se rige por los principios del Derecho Internacional y que apuesta al diálogo como solución a ese conflicto. Hasta ahí no había nada nuevo en su comparecencia del sábado 26 ante el órgano de Naciones Unidas encargado por el mantenimiento de la paz y seguridad. Pero en los últimos segundos de los cuatro minutos y monedas que habló disparó un enunciado –también conocido- pero que se revalorizaba en virtud de un contexto muy específico: “Uruguay no respaldará jamás una intervención armada en ningún país como pretendida solución de una crisis interna”.
La frase tenía un destinatario concreto: el gobierno de los Estados Unidos, el único estado que dice desde hace meses que no descarta ninguna opción para Venezuela. “Todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela [...] Las más severas y las menos radicales, y ustedes saben lo que quiero decir con ‘severas’”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en setiembre y sus principales asesores ratificaron en los últimos días.
La declaración política del representante uruguayo ante Naciones Unidas se dio tres días después que la Asamblea Nacional designara a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y que la Casa Blanca anunciara que apoyaba la movida del jefe de la Asamblea Nacional y que lo reconocía en su nuevo rol. La diplomacia estadounidense comenzó a extender sus tentáculos para cerrar un frente pro Guaidó en América Latina y Europa, sobre todo en aquellos estados que no se habían pronunciado sobre la legitimidad del presidente designado por el Parlamento venezolano e insistían con el camino del diálogo.
En este marco fue que el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró el viernes 25 que “trabajará” con México y Uruguay para que reconozcan a Guaidó como el presidente “legítimo” de Venezuela.
El gobierno fue de los pocos estados de la región en reconocer la legitimidad de la elección de mayo de 2018 que renovó la presidencia de Maduro por un periodo más y mandó un representante diplomático bajo el argumento que Uruguay “reconoce Estados, no gobiernos”. A su vez fue uno de los pocos en la región en no pronunciarse sobre la designación de Guaidó.
El lunes 28, la Casa Blanca decidió apretarle las tuercas al gobierno de Maduro con nuevas sanciones económicas que fundamentalmente afectan a la petrolera estatal Pdvsa. Estados Unidos representó el 39% de las ventas de crudo venezolano, según ClipperData. No solo es el que más petróleo le compra sino el que paga por cada barril.
En la conferencia en la que se anunció la medida fue encabezada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Como si se tratara de los binarios días de la guerra fría, los estadounidenses pusieron una pantalla en la conferencia que mostraba un mapa en el que se divisaban países que estaban marcados en azul y rojo. Un pequeño cuadro referencial explicaba con dos nombre: los azules decían “Guaidó” y los rojo “Maduro”. Uruguay al igual que México, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Irán, Turquía, China y Rusia aparecían pintados en rojo.
Las palabras de Rosselli evocaron el distinguido discurso del primer representante uruguayo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando, en 1965, fustigó la intervención estadounidense en República Dominicana frente a las narices del embajador estadounidense Adlai Stevenson y catalogó la acción de la Casa Blanca como una agresión.
“Habiéndose producido ya el desembarco de las fuerzas de los Estados Unidos, el Uruguay hizo conocer, por la declaración de su representante en la OEA, el desagrado del gobierno, dentro de los lineamientos tradicionales e inmutables de su política exterior, por todo tipo de intervención como el que acaba de ocurrir, que no podía considerarse ni habilitado ni autorizado por normas internacionales previas”, dijo Velázquez, apegado a la doctrina herrerista en materia de política exterior que también abraza el gobierno del Frente Amplio a la hora de justificar su posición sobre Venezuela.
