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UTE y OSE, los aliados de la policía contra el narcotráfico

Acción en 40 Semanas terminó con 12 condenados por hurto de luz y agua

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17 de noviembre de 2018 a las 05:04

El Ministerio del Interior volvió este jueves a llevar adelante un operativo especial para desarticular una banda de narcotraficantes que amenazaba a vecinos. Se trata de la familia Delfino, un grupo criminal considerado un brazo ejecutor del grupo de los Algorta.

Estos últimos iniciaron un sangriento enfrentamiento  por control del mercado de la droga en en el barrio 40 Semanas, cuando en 2015 mataron al líder del grupo rival, Wellington “Tato” Segade. Como consecuencia de esta guerra, 29 personas murieron y 36 resultaron heridas.

Pero a pesar de estos antecedentes, y tras 18 allanamientos , la policía no incautó un solo gramo de drogas. Además, aunque varios vecinos denunciaron haber sido  extorsionados por este grupo ante la Fiscalía y al Ministerio del Interior, todavía no se pudo probar ese delito. Solo uno de los 13 detenidos estaba involucrado en una rapiña cometida días atrás, mientras que a los 12 restantes solo se los pudo condenar por robo de energía y agua potable, con excepción de un hombre al que se le imputó un delito de tenencia no autorizada de armas.

El director de Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, adelantó que las investigaciones continuarán, y que las personas que habían comparecido por el robo de luz y agua, podrían volver a desfilar por tribunales, para ser acusados de delitos más graves y responder como reincidentes. 

Tras la experiencia de Los Palomares, el Ministerio del Interior, decidió incluir en su política de persecución de aquellos grupos criminales que tienen aspiraciones de control territorial la presencia de inspectores de OSE y UTE para que verifiquen la existencia de conexiones irregulares, que permitan llevar a narcotraficantes y personas que se beneficien de sus actividades ilícitas ante la Justicia por los delitos de hurto de agua potable y energía eléctrica.

De hecho, los primeros en ser acusados por este ilícito fueron los nuevos habitantes de aquellas viviendas que habían sido desalojadas por los Chingas. Incluso la mujer señalada como líder del grupo por el Ministerio del Interior fue enviada a la cárcel luego de ser condenada por estos dos delitos, además del de usurpación, ya que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por su papel como cómplice de la extorsión a vecinos .  Desde entonces se llevaron adelante una serie de acciones para regularizar la situación de todos los habitantes de Los Palomares, ya que la mayoría robaba luz y agua. Sin embargo, actualmente el 52% tiene una conexión formal y se espera que se llegue al 100% en enero de 2019. 

Inspectores de OSE y UTE también asistieron a otros operativos, como en el Complejo Quevedo de Jardines del Hipódromo, donde se detectaron varias viviendas robando energía eléctrica pese a que habían sido construidas por la Intendencia de Montevideo, o en Villa Española y la Cruz de Carrasco, donde personas vinculadas a la actividad de grupos narcos también hurtaban servicios públicos. 

Leal dijo a El Observador que parte de la estrategia desarrollada por Presidencia de la República implica la de no tolerar ningún tipo de delito en el que se vean involucrados estos grupos criminales, como es el robo de servicios públicos, pese a que existen asentimientos donde la conexión irregular es la norma. Este tipo de acciones buscan llevar la “cultura de la legalidad” allí donde los narcos intentaron imponer la cultura del crimen.

¿Corren riesgo de ser denunciadas penalmente las personas que están colgadas a la luz y el agua? Desde UTE, aseguraron que el objetivo es el de “regularizar”, pero se presentará denuncia en aquellos casos en los que lo solicite la Presidencia del ente, algo que se hace en coordinación con el Ministerio del Interior específicamente en los casos en los que haya relaciones con la actividad criminal. En el mismo sentido, OSE también denunció solo a aquellas personas vinculadas al grupo criminal.
Otro de los elementos que se analiza a la hora de llevar adelante estos operativos, es si las personas tienen  en regla la propiedad de la vivienda que habitan. Asimismo, se envía información al Banco de Previsión Social para impedir que aquellos que hayan sido condenadas por su papel en algún grupo criminal reciban una asignación social. 

Entre la espada y la pared

La mayoría de los detenidos en el operativo de este jueves llegó a un acuerdo con la fiscalía para sustituir la pena de prisión por la de libertad vigilada, esto es fijar domicilio, y presentarse semanalmente en la seccional más cercana a su domicilio. Sin embargo, uno de ellos no tuvo más remedio que ir a prisión puesto que tenía un antecedente penal, y este beneficio solo se aplica para los primarios. Ahora, quienes salieron en libertad vigilada podrían terminar en prisión, sin otra alternativa más benévola, si la Justicia los encuentra responsable de otro delito. Este es un escenario posible, ya que las investigaciones continúan y fuentes de la investigación dijeron a El Observador, que ahora se tratará de probar sus vínculos con el narcotráfico y la extorsión de vecinos.

Por eso, además de llevar “cultura de legalidad”, las condenas por luz y agua ponen a los integrantes de grupos de narcotraficantes más cerca de la cárcel una vez que  se les logre probar aquellos delitos que requieren una investigación más compleja.  

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