Veda electoral: no hay reglas para internet y tampoco sanciones a quienes incumplen

Pero esta nueva instancia que definirá el destino de 135 artículos de la norma fundamental del gobierno de Luis Lacalle Pou deja al desnudo, otra vez, algunos vacíos en la legislación que posibilitan algunas trampas y que, además, no impone ninguna sanción a aquellos que hagan oídos sordos a la prohibición. Por esto, tanto políticos como ministros del órgano electoral reconocen que habría que revisar.

El marco jurídico que regula la propaganda política en este tipo de instancias tiene casi 33 años. La previa del primer referéndum de la historia zanjó el tema y en la discusión en la cámara se habló de la necesidad “de un período de reflexión con el fin de que en los últimos días (de campaña) la gente no se vea expuesta a un verdadero bombardeo”.

Así, la ley inhabilitó textualmente la realización “de actos de propaganda proselitista en la vía pública o que se oigan o perciban desde ella, o que se efectúen en locales públicos o abiertos al público y en los medios de difusión escrita, radial o televisiva”, lo que incluye también la difusión de encuestas o cualquier manifestación que pueda influir en la decisión ciudadana.

Pero para quienes no lo respetan, no hay castigo. La ministra de la Corte Electoral Ana Lía Piñeyrúa explicó en diálogo con El Observador que para quienes desobedecen la ley “hay una sanción moral” y que “en general” eso hace que se cumpla con la normativa, aunque nada más. Para Piñeyrúa, sería una buena señal rever el texto jurídico porque, según consideró, “una prohibición sin sanción no es una prohibición”.

La Corte Electoral no puede imponer penalidades porque no tiene la capacidad de implementarlas. De hecho, apenas interviene y analiza una eventual violación de la veda cuando recibe una denuncia, según la ministra, porque “no hay infraestructura” para que se actúe de oficio. En esos casos, el organismo se reúne, solicita información a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y si comprueba la transgresión, su potestad apenas le permite intimar a cesar la infracción, sin ningún mecanismo coercitivo.

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La falta de sanción, no obstante, no es la única laguna jurídica que tiene la legislación y el otro punto fundamental tiene que ver ni más ni menos que con el paso del tiempo. El avatar de los años y el avance de la tecnología relegó un nuevo escenario donde las redes sociales y las plataformas digitales transformaron radicalmente la comunicación.

La ley, sin embargo, nunca se actualizó. Y pese a ser ahora un protagonista central de la interacción, el gigantesco mundo de internet siguió (y sigue) por fuera de la normativa y supeditado apenas a la buena voluntad de respetar el espíritu de la veda electoral.

En ese sentido, la coordinadora de bancada del Frente Amplio en el senado, Liliam Kechichian, aseguró en diálogo con El Observador que “sería bueno mirar y analizar qué se puede hacer” para enmendar esta situación, aunque reconoció que la regulación de internet puede resultar “bastante difícil”. Sin embargo, admitió que, pese a que el referéndum de la LUC está a la vuelta de la esquina, el tema no se está analizando y tampoco se avizora una discusión en el mediano plazo.

El tema ya ha estado en la discusión otras veces. El coordinador en la Cámara de Senadores del Partido Colorado, Germán Coutinho, recordó que en la legislatura anterior se conformó una comisión especial para discutir varios temas concernientes a la esfera electoral y que el análisis de la veda estuvo sobre la mesa. “Pero se discutió y se decidió que quedara así”, recordó.

Para el legislador es necesario propiciar “un escenario de actualización” de varios asuntos de la ley electoral porque “hay un montón de cosas que están fuera de época”.

El Observador quiso conocer la opinión, también, del coordinador de bancada de los blancos, Carlos Camy, pero no respondió los mensajes ni llamados.

Internet: “todo un asunto”

Mientras en el seno de aquella comisión especial se discutía la regulación de la publicidad electoral, que delimitaba cuándo los partidos políticos podían iniciar sus propagandas para las distintas instancias de votación, el tema de las redes sociales y las plataformas digitales estuvo en el centro del debate.
El proyecto de ley en ese 2017 incluía la palabra “internet” en el repertorio de medios donde los partidos estaban limitados a hacer sus intervenciones proselitistas, pero el intercambio entre los senadores finalmente desistió de tenerlo en cuenta por dificultades en el contralor.

“El tema de Internet es todo un asunto, entonces me parece que legislarlo de manera un poco apresurada, sin una reflexión más general –que hay que hacerla– sería un error”, opinó el entonces senador Pablo Mieres, antes de proponer la eliminación de esa parte del proyecto. El colorado Coutinho propuso “explorar” el asunto y no borrarlo de plano porque esa era “una herramienta muy importante”, algo que fue repetido por otros legisladores durante la discusión.

Sin embargo, como se consideraba que el asunto implicaba un “análisis muy profundo” y “específico”, según consta en la versión taquigráfica, la decisión de la comisión fue retirarlo del articulado y proponer que más cerca de las elecciones nacionales se discutiera qué hacer. Pero eso finalmente no ocurrió.