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Violencia de género y medicamentos caros desatan nuevo cruce entre Vázquez y Lacalle Pou

La transición ya tuvo distintos roces entre el gobierno electo y la administración saliente
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01 de enero de 2020 a las 05:04

La declaración de emergencia nacional por violencia de género definida por el gobierno y las disposiciones para el acceso a los medicamentos de alto precio generaron nuevos cruces en el período de transición entre el presidente Tabaré Vázquez y el mandatario electo, Luis Lacalle Pou. Las rispideces se sumaron a las diferencias ya mantenidas por las tarifas públicas, el futuro de los Consejos de Salarios, el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y los ascensos en el Ejército.

Lacalle Pou salió este martes al cruce de la declaración de emergencia nacional que el gobierno saliente definió respecto a la violencia de género, dada la "conmoción reciente" que provocaron los femicidios ocurridos los últimos días. El principal cuestionamiento del presidente electo sobre el decreto de Vázquez fue por la falta de presupuesto para realizar medidas concretas.

Además, en una conferencia de prensa que concedió en la sede del sector nacionalista Todos, también se desmarcó de la propuesta que le hizo Vázquez para limitar el acceso a medicamentos de alto precio a través de la Justicia porque, según advierte el mandatario, el incremento sostenido de recursos de amparo presentados pone en riesgo el financiamiento del Fondo Nacional de Recursos (FNR).

“Práctica” y “presupuesto”

"Entiendo la declaratoria, puede ser discutible el momento y el tiempo. Pero es llover sobre mojado", afirmó Lacalle Pou sobre la declaración de emergencia nacional emitida el lunes 30. El presidente electo agregó que a esta declaración le falta "presupuesto". "¿Cuál es la acción en concreto? Le falta, como le ha faltado estos años, práctica. Y práctica, como ha dicho (Beatriz) Argimón, es presupuesto", advirtió.

"Esto hace a recursos y todo lo que lleva en base a las famosas tobilleras, la prevención, la acción y la Justicia. Son temas muy delicados, cuando desde el gobierno se toma una acción de este tipo lo que uno espera son hechos", dijo en la conferencia de prensa que brindó luego de reunirse con el senador Jorge Gandini y con el diputado Martín Lema.

La vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, había reclamado este lunes por la falta de presupuesto para el tema.

El gobierno anunció el lunes que ampliará el uso de tobilleras electrónicas al adquirir otras 200 unidades, que en total alcanzarán 1.200 dispositivos. Además el Ejecutivo presentó el Plan Nacional de Emergencia por una Vida Libre de Violencia de Género, que implicará acciones educativas y atención integral para niños.

En la mañana de este martes, durante una entrevista en En Perspectiva, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, defendió la actuación del gobierno en el tema. El jerarca dijo que el gobierno se propuso en un principio cerrar el período con 600 tobilleras a agresores y culminará con 1.200. En tanto, señaló que Inmujeres duplicó los servicios prestados hasta ahora, aunque evitó señalar cuál era la referencia de partida. Roballo también sostuvo que el INAU aumentó 80% la atención a los niños y adolescentes víctimas de violencia. 

Los medicamentos caros

Lacalle Pou también habló en la conferencia de prensa de este martes sobre la propuesta de Vázquez para establecer la imposibilidad de que sean "contemplados" por el FNR o la Justicia los medicamentos y vacunas que no estén incluidos en los programas nacionales de salud, así como en la canasta básica de prestaciones o de medicamentos que los centros de salud están obligados a cubrir.

El presidente electo sostuvo que en la ley de urgente consideración que promoverá están planteadas medidas sobre ese tema, pero que "a priori" no van en línea con la que impulsó el actual  mandatario. "El sentido nuestro es facilitar que la gente que necesita tratamientos tenga acceso. No restringir", señaló Lacalle Pou.

Lo que Vázquez planteó fue la creación de una ley interpretativa del artículo 44 de la Constitución. Ese apartado de la Carta Magna señala que el Estado tiene la obligación de proveer "gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes", aseguró a El Observador el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Grecco.

Es que ese artículo de la Constitución es el principal argumento de los jueces y ministros que fallan a favor del paciente, obligando al Estado a pagar el fármaco o acto médico que exigen, porque entienden que el derecho a la salud es absoluto. Mediante su iniciativa, Vázquez pretende establecer quiénes son estas personas. Según el gobierno saliente, el incremento sostenido de recursos de amparo pone en riesgo el financiamiento del FNR.

Transición con cruces

Aunque recompusieron su vínculo personal que durante años fue inexistente luego de una campaña electoral de 2014 con varios enfrentamientos y chicanas, Vázquez y Lacalle Pou iniciaron la transición con un cruce por las tarifas públicas.

El gobierno electo reclamó por el precio de los servicios públicos tras declaraciones del ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, quien a fines de noviembre a la salida de un Consejo de Ministros ratificó que no estaban previstos aumentos de tarifas para el 1° de enero, algo que el gobierno había anunciado en julio pero que difería con los hecho por la administración durante el resto del período.

Eso molestó a Lacalle Pou, que se comprometió en la campaña a ahorrar US$ 900 millones para después bajar las tarifas. "El esfuerzo tiene que ser mayor, a los US$ 900 millones, agregale US$ 400 millones", señaló por entonces el presidente electo.

El futuro de los Consejos de Salarios también generó cruces entre el gobierno entrante y el saliente. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo el 17 de diciembre que "los Consejos de Salarios van a cambiar, para peor y eso va a perjudicar a los trabajadores, jubilados y pensionistas". El próximo mandatario respondió este martes esas declaraciones y consideró que el jerarca tuvo “falta de modales”.

Otro de los temas que generó cruces fue el ascenso de seis coroneles del Ejército al grado de generales. Lacalle Pou había reclamado que la posición del gobierno electo sea considerada para resolver las promociones por tratarse del relevamiento de casi la mitad de la cúpula castrense, pero el Poder Ejecutivo insistió con que los nombramientos serían definidos por Vázquez.

El presidente resolvió finalmente los ascensos este lunes 30. Pese a los cruces, Lacalle Pou dijo este martes que estaba “satisfecho” con las designaciones. “Quizás el concepto no sea consulta. No le encuentro el término exacto. Estábamos en conocimiento de la sugerencia, de alguna variación de las propuestas iniciales. Básicamente, estamos satisfechos con la designación. Consensuado no es. En términos generales, estamos conformes. Puede ser (que hayamos elegido a otros), pero queda en la anécdota”, sostuvo.

Además de los temas tarifarios, la marcha general de la economía es una de las críticas más recurrentes de los integrantes de la coalición que será gobierno a las administraciones frenteamplistas. En ese contexto, el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, afirmó el jueves 26 que “lo que preocupa es la situación general de las finanzas públicas” y, al ser consultado sobre el rol en la actualidad de la dependencia que dirigirá, respondió: "No, no sé cuál es".

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