Secretaría Antilavado tenía información sobre Balcedo desde 2015 pero no detectó presunción de delito

El director de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, dijo este miércoles en el Parlamento que en 2015 recibieron información desde Argentina por presuntas irregularidades del sindicalista Marcelo Balcedo, pero que la legislación vigente en ese momento "impidió" abrir una investigación.

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió esta mañana a delegaciones de distintas oficinas estatales involucradas en el control aduanero y financiero, con el objetivo de determinar por qué Balcedo –investigado por lavado de activos– pudo adquirir cuantiosos inmuebles en Uruguay sin que saltara ninguna alarma respecto al origen de su dinero.

Por el Ministerio de Economía comparecieron el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y el titular de la DGI, Joaquín Serra; por la Dirección Nacional de Aduanas, el encargado de Despacho; Fernando Wins; por el Ministerio de Defensa, el subsecretario Daniel Montiel, y el titular de la Dinacia, Antonio Alarcón; por el Banco Central, el superintendente de Servicios Financieros, Juan Pedro Cantera y el jefe de la Unidad de Análisis Estratégico, Fernando Fuentes; por la Dirección Nacional de Aduanas, la directora Myriam Coitinho; por la Secretaría Antilavado, el secretario Daniel Espinosa y su asesor, Danubio Cruz Melo.

Durante la sesión, Espinosa informó que la secretaría recibió en agosto de 2015 un nota de la Procuradoría de Argentina explicitando las irregularidades que se le adjudicaban en ese país y solicitando información sobre la actividad de Balcedo y sus allegados en Uruguay.

"Todas dan como explicaciones desde la ausencia de personal hasta la coordinación necesaria, pero no han sabido responder cómo entró el dinero. Cada oficina dice que no lo controlaron en el ingreso", dijo el diputado Gustavo Penadés (Partido Nacional).

Pese a que a Balcedo se lo conectaba con casos de evasión fiscal y hasta eventualmente de narcotráfico, "la secretaría en ese entonces no consideró necesario abrir un caso" porque "el delito precedente no estaba claro", dijo Espinosa a la salida de la comisión.

"Yo hacía notar (en la comisión) que si se hubiera estado vigente la ley nueva, que contempla el delito fiscal como precedente, ahí sí hubiéramos tenido un caso y nos hubiera permitido operar proactivamente en este caso", agregó.

El delito fiscal se agregó como precedente del lavado de activos en la ley aprobada por el Parlamento en noviembre de 2017.

La directora nacional de Migración, Myriam Coitinho, informó que Balcedo ingresó al país 380 veces desde la década de 1990.

De todos modos, los integrantes de la oposición recriminaron a los jerarcas que pasaron por la comisión la "ausencia de controles y coordinación", según comentó a la prensa el diputado nacionalista Gustavo Penadés, quien tuvo la iniciativa de convocar a las delegaciones.

"Hay ausencia en materia legal en algunas cosas, pero se nota una pobre autocrítica en este tema", aseguró. Según el legislador, además de la "supuesta ausencia de materia legal", una explicación para la operativa de Balcedo es "la falta de controles y coordinación entre organismos que tenían información sobre presuntas irregularidades y no la compartieron con otras agencias para que la fiscalización fuera más eficiente".

"Se demuestra que hay una ausencia permanente de controles, esencialmente vinculados al ingreso en territorio nacional, que hacen de la porosidad en las fronteras para el ingreso de dinero, armas, y drogas un tema preocupante", agregó.

La falta de control en los aeropuertos fue uno de los temas que obtuvo cierto consenso entre todos los integrantes de la comisión y las delegaciones que concurrieron.

Espinosa señaló que "restan aspectos aduaneros y aeronáutica que hay que dilucidar cómo fueron las entradas y salidas, y cuáles fueron los posibles puntos de ingreso del dinero". Penadés, en tanto, dijo que en los aeropuertos "el control debe mejorar" y que si uno "tiene vuelos semanales con la misma tripulación y en los mismos aeropuertos, en algún momento debería prenderse una luz roja".

El diputado del Frente Amplio, Alfredo Asti, dijo que las autoridades explicaron que existen controles en los aeropuertos, pero que "no hay ni puede haberlo en los ingresos por tierra", vía por la que "pueden entrar miles de personas en muy pocas horas".

"Si hiciéramos ese control rápidamente se incendiaría la pradera por cómo afectaría el tránsito. Allí pueden entrarse maletas enteras", agregó Asti.

Por su parte, el colorado Conrado Rodríguez preguntó "cómo una persona como Balcedo ingresó tantas veces, no solicitó residencia y a nadie le llamó la atención". Según informó la directora de Migraciones, el sindicalista entró al país 380 veces desde la década de 1990.

"Preguntamos cómo ingresó los 7 millones que tenía en los cofres, pero nadie supo contestar", agregó Rodríguez.

Además, Rodríguez dijo que el Banco Central se negó a informar acerca de si hubo reportes de operaciones sospechosas, amparándose en la confidencialidad de esos datos. "Queremos saberlo porque si existió y las autoridades no actuaron en tiempo y forma, obviamente hay una responsabilidad", agregó. Según Rodríguez, las autoridades se justificaban recurriendo a las limitaciones de la legislación anterior, pero "con esa legislación lo cierto es que se podían reportar actividades sospechosas, en la medida de que se compraban bienes inmuebles superiores a 100 o 200 mil dólares".

Según informó Espinosa, en 2015 se informaron a Argentina los bienes que se conocían de Balcedo, aunque muchos estaban ocultos a nombre de sociedades.

Al respecto, señaló que actualmente su oficina identificó a ocho personas vinculadas como "posibles sujetos obligados que interactuaron con Balcedo". Según informó, "hay tres que actuaron en temas societarios, que podían ser apoderados o testaferros".

"Estamos analizando el servicio que prestaron y las responsabilidades de cada caso por incumplimiento de la normativa", advirtió.