El ataque de Israel y los Estados Unidos a Irán para destruir su capacidad nuclear tiene su correlato en América Latina después de que reportes de inteligencia señalaron al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como el proveedor de uranio enriquecido, material necesario para construir bombas atómicas, de la dictadura de Alí Jamenei.
La denuncia, de altísima sensibilidad geopolítica, se desprende de documentos clasificados de inteligencia israelí a los que tuvieron acceso fuentes diplomáticas occidentales. La información sugiere que, desde al menos 2020, el gobierno de Maduro autorizó la extracción, procesamiento y envío de uranio venezolano a Irán, sorteando los controles del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y violando múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La operación contó con la participación de actores militares, logísticos y diplomáticos de ambos regímenes.
Las acusaciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela
La entrega del uranio no fue gratuita. A cambio, Irán envió a Venezuela cargamentos de drones Shahed, los mismos utilizados por Rusia en la guerra en Ucrania, tecnología militar de uso dual, asesores en inteligencia y, sobre todo, entrenamiento especializado en técnicas de represión para controlar manifestaciones y disidencias internas. Según reportes obtenidos por agencias occidentales, miembros de la Guardia Revolucionaria iraní han estado activos en bases militares venezolanas, formando a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de colectivos paramilitares leales al chavismo.
El esquema, según los informes, no solo consolidó un eje Caracas-Teherán con fines geoestratégicos, sino que también facilitó el desembarco progresivo de Hezbollah en Sudamérica. La organización libanesa, considerada terrorista por los Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, opera desde hace décadas en la región de la Triple Frontera, pero en los últimos años amplió su red de financiación a través de mecanismos de lavado de dinero en Colombia, Ecuador y Venezuela.
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Acusan al régimen de Nicolás Maduro de proveerle uranio a Irán para su plan nuclear.
El lavado de dinero de Irán en Venezuela
Se estima que el volumen anual de dinero blanqueado por Hezbollah en la región ronda los 500 millones de dólares, canalizados principalmente mediante exportaciones ficticias, empresas de fachada, tráfico de oro, criptomonedas y vínculos con el narcotráfico. La DEA y autoridades financieras de Panamá, Paraguay y Brasil han emitido alertas sobre la presencia de operadores financieros ligados a la milicia chiita en zonas de libre comercio y paraísos fiscales.
Uno de los engranajes más visibles de esta expansión ha sido el acuerdo militar suscripto entre Irán y Bolivia en julio de 2023, en el que ambos países establecieron una cooperación en materia de defensa, intercambio de inteligencia y entrenamiento antiterrorista. A pesar de que el gobierno de Luis Arce negó que el pacto tuviera fines ofensivos, informes filtrados por el Mossad advierten que el convenio abrió la puerta al ingreso de personal iraní con inmunidad diplomática, algunos de los cuales están siendo investigados por actividades vinculadas al espionaje y la captación de células de apoyo en el Cono Sur.
La advertencia de Israel por el avance del terrorismo de Irán en América Latina
La estrategia de Irán en América Latina no es nueva, pero sí ha ganado agresividad en los últimos años, de la mano del debilitamiento de los controles regionales, el ascenso de gobiernos aliados al eje antioccidental y el uso de herramientas híbridas, como el financiamiento paralelo, la propaganda religiosa y la infiltración social, para ampliar su radio de acción. La instalación de centros culturales chiitas en zonas urbanas vulnerables, las visitas de altos funcionarios iraníes a Caracas, Managua y La Paz, y la apertura de rutas aéreas comerciales entre Irán y Sudamérica (como la tristemente célebre ruta Caracas-Teherán de Conviasa y Mahan Air) configuran un ecosistema de penetración estratégica.
La entrega de uranio por parte de Venezuela marca un punto de no retorno. Por primera vez en la historia reciente, un país latinoamericano fue señalado como proveedor directo de material nuclear con fines bélicos a una dictadura en Medio Oriente bajo sanciones internacionales. Aunque la OIEA no ha podido ingresar a las instalaciones mineras en el estado Bolívar, imágenes satelitales, testimonios de exfuncionarios venezolanos exiliados y el rastro logístico de vuelos irregulares entre Maiquetía y Teherán constituyen indicios sólidos de la operación.
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Acusan al régimen de Nicolás Maduro de proveerle uranio a Irán para su plan nuclear.
Las pruebas que también maneja Estados Unidos sobre el rol de Nicolás Maduro
En paralelo, funcionarios israelíes ya anticiparon en círculos cerrados que cualquier acción de represalia contra objetivos de Hezbollah o de la Guardia Revolucionaria iraní podría eventualmente tener lugar también en territorio latinoamericano. La advertencia no es menor, sobre todo en un contexto donde los intereses de seguridad de Israel y Estados Unidos en la región se ven amenazados por la consolidación de un triángulo autoritario Teherán-Caracas-La Paz.
A nivel regional, las reacciones hasta ahora han sido tibias. Ni la CELAC ni la OEA emitieron pronunciamientos contundentes sobre las revelaciones. Solo los gobiernos de Paraguay y Uruguay expresaron su preocupación en foros multilaterales. En Colombia, el presidente Gustavo Petro evitó referirse al tema, pese a que las autoridades antinarcóticos del país han detectado movimientos financieros sospechosos vinculados a Hezbollah en la frontera con Venezuela.
La conexión iraní en los dos atentados en Argentina
El caso genera especial inquietud en la Argentina, donde el historial de atentados terroristas ligados a Irán, la embajada israelí en 1992 y la AMIA en 1994, sigue marcando la agenda de seguridad. Voces dentro de la comunidad judía argentina alertaron que el resurgimiento del eje Irán-Venezuela-Hezbollah debe ser considerado una prioridad en los esquemas de inteligencia regional y cooperación antiterrorista.
Mientras tanto, el régimen de Maduro niega todas las acusaciones y denuncia una "campaña de desinformación imperialista". Sin embargo, cada vez más evidencia se acumula sobre la utilización del suelo venezolano como plataforma para operaciones internacionales encubiertas que exceden el conflicto local y se inscriben en una guerra global silenciosa por el control de recursos estratégicos, tecnología militar y redes clandestinas de poder.
