Argentina presentó sus escritos de réplica en respuesta a los fondos demandantes Petersen/Eton Park y Bainbridge, quienes el pasado 17 de julio habían solicitado la ejecución de una orden judicial que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF.
En el caso Petersen/Eton Park, Argentina esgrimió varios argumentos jurídicos para solicitar la suspensión de la ejecución de la orden de entrega de las acciones. En primer lugar, se destaca que la propia Corte de los Estados Unidos reconoció que la orden de entrega vulnera la inmunidad de ejecución, que protege los bienes de un Estado extranjero.
Además, argumentó que la ley de inmunidades soberanas de EEUU no justifica la ejecución de la orden, dado que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino y no fueron utilizadas para actividades comerciales en territorio estadounidense, ni son parte de la base de la demanda.
Argentina no quiere perder el control estatal sobre YPF
Argentina también subrayó que la orden contradice principios de cortesía internacional, al exigir que se incumpla su propia legislación interna, que prohíbe la venta de las acciones sin la aprobación del Congreso. Por lo tanto, se concluye que no se ha demostrado un perjuicio para los demandantes si se suspendiera la transferencia de las acciones, ya que el marco legal argentino impide su venta sin el visto bueno de dos tercios del Congreso Nacional.
Por otro lado, Argentina enfatizó que la ejecución de la orden de transferencia implicaría un daño irreparable para el país, pues significaría perder el control estatal sobre YPF, la principal empresa energética nacional. Este perjuicio sería irreversible, incluso si la apelación de Argentina resultara exitosa.
Además, se resaltó que la ejecución afectaría a terceros, incluyendo a YPF, sus accionistas y al pueblo argentino, y podría deteriorar las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, generando posibles represalias judiciales contra el país en el extranjero.
Qué argumentó Argentina en el caso YPF
En el caso Bainbridge, la defensa argentina sostuvo que los demandantes no justificaron la necesidad de una garantía, ya que la legislación nacional garantiza por sí misma el mantenimiento del status quo, impidiendo la venta de las acciones sin la autorización del Congreso.
También se argumentó que los demandantes no demostraron que sufrirían un perjuicio si se suspende la entrega de las acciones, ni que la República Argentina no enfrentaría un daño irreparable si la orden se ejecuta.
Por su parte, el Gobierno reafirmó su compromiso con la defensa de los intereses del país, subrayando su firmeza jurídica y respeto por la soberanía nacional, en contraste con las decisiones que llevaron a Argentina a enfrentar esta situación.
Este caso sigue su curso en los tribunales de Estados Unidos, donde la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, había rechazado el pedido de Argentina para suspender la orden de transferencia. Con esa orden vigente, Argentina tenía un plazo para presentar esta apelación y evitar el desacato a la decisión judicial.
Argentina busca revertir la sentencia que establece la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park, quienes reclaman el pago de 16.100 millones de dólares más intereses por la expropiación de la petrolera estatal en 2012. El caso involucra además al fondo Bainbridge, que recibiría acciones de la compañía como parte del pago de la deuda en default desde 2001, por un monto de aproximadamente 100 millones de dólares.
