La fiscal federal Fabiana León, encargada de llevar adelante el juicio oral contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 86 imputados en la causa Cuadernos de las Coimas, aseguró que el expediente “demanda una especial necesidad de explicaciones” por su magnitud y trascendencia institucional. En diálogo con Revista Quorum, según León, se trata de “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y sólo comparable a unas pocas a nivel mundial”.
Un juicio sin precedentes en la historia judicial
El proceso oral comenzará el jueves 6 de noviembre, con la transmisión de las audiencias por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación. La fiscalía estará encabezada por Fabiana León, acompañada por el fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ignacio Ambrosio y Claudio Nimis.
En esta primera etapa se leerán los requerimientos de elevación a juicio y se debatirán las cuestiones preliminares antes de las declaraciones indagatorias de los 87 acusados. La fiscalía ya solicitó que dichas declaraciones se realicen de manera presencial, aunque el tribunal —integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero— aún no resolvió el pedido.
En total, se juzgarán 540 hechos distribuidos entre la causa principal y sus expedientes conexos. De los 91 imputados iniciales, cuatro fallecieron antes de llegar a esta instancia, entre ellos el empresario Juan Chediak.
“Ni un solo centavo se perdió”
En el informe preliminar elaborado por la fiscalía, León destacó el trabajo realizado para preservar los bienes y activos relacionados con el expediente. “Gracias a las medidas cautelares dispuestas, ni un solo centavo se ha perdido o desatendido”, aseguró. El documento detalla que se dictaron embargos, inhibiciones generales de bienes, intervenciones de sociedades, secuestros de maquinarias y prohibiciones de repartir dividendos, entre otras medidas. Estas disposiciones, según León, fueron esenciales para impedir el desvío de fondos y garantizar el eventual recupero de activos en caso de condena.
“Esta causa no sólo exige una mirada judicial, sino también una explicación pública. La sociedad tiene derecho a conocer cómo se investigaron los hechos y qué mecanismos se adoptaron para proteger el patrimonio del Estado”, añadió la fiscal.
Funcionarios, empresarios y una red de sobornos
El expediente tiene como eje central la presunta existencia de una asociación ilícita integrada por ex funcionarios del Poder Ejecutivo y empresarios contratistas del Estado, que habrían participado en un esquema de recaudación ilegal a cambio de adjudicaciones de obras y contratos públicos. Además de Cristina Fernández de Kirchner, quien llega procesada como jefa de la asociación ilícita y coautora de cohecho pasivo en 26 oportunidades, también serán juzgados el ex ministro de Planificación Julio De Vido —como organizador y coautor de cohecho pasivo— y su ex segundo Roberto Baratta, acusado de recibir sobornos en al menos 86 ocasiones.
Entre los empresarios figuran 65 imputados por cohecho activo (pago de sobornos), entre ellos algunos de los principales contratistas del Estado. El financista Ernesto Clarens será juzgado como organizador de la asociación ilícita, mientras que el ex chofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen a la causa, enfrenta cargos como partícipe del entramado delictivo.
Pese a que varios empresarios intentaron llegar a acuerdos económicos para extinguir la acción penal, el Tribunal Oral Federal rechazó la mayoría de esas propuestas. Así, el jueves comenzará uno de los juicios más grandes de la historia judicial argentina, con un impacto político y simbólico que promete extenderse más allá de los tribunales.
